Las reglas de juego que la Corte Constitucional impuso para la realización del plebiscito por la paz podrían mover los tiempos que el Gobierno tenía contemplados para llevar a cabo esa histórica consulta.
El fallo se tomó a finales de julio, pero apenas hace una semana se reveló el texto oficial de la sentencia. De ella queda claro que la convocatoria al plebiscito solamente se podrá hacer una vez el acuerdo con las Farc esté firmado.
Esto, de entrada, enreda un escenario que había planteado el propio presidente Juan Manuel Santos sobre la posibilidad de convocar al pueblo a las urnas aún sin la firma del acuerdo final.
Pero la Corte Constitucional señala que es obligatorio garantizar que los colombianos no tendrán ninguna presión armada en las votaciones, y que esto solo se garantiza con la suscripción del acuerdo. “La convocatoria al plebiscito es un acto posterior a la suscripción del acuerdo final –dice la sentencia– (...), lo que supone el cese de las hostilidades y la renuncia integral y definitiva a la actividad armada, así como a la amenaza del uso de la fuerza”.
Tras la firma, el Gobierno debe informarle al Congreso su intención de convocar el plebiscito. Está previsto que ese trámite sea expedito, tras lo cual se convocará al pueblo a que diga sí o no a los acuerdos de La Habana.
La ley que reglamentó el plebiscito para la paz establecía que la totalidad de los acuerdos debían publicarse 30 días antes de la celebración de la votación. La Corte declaró inexequible esa disposición y ordenó que la “divulgación debe iniciarse (...) desde el momento en que el Presidente informe al Congreso su intención de convocar al plebiscito especial”. El alto tribunal considera que limitar la promoción a los 30 días anteriores a la votación “afecta el derecho de acceso a la información y el principio de publicidad”, fundamentales en un asunto de tanta trascendencia. La Corte mantuvo el término de un mes para la divulgación y publicación en medios de comunicación, tiempo que estimó razonable para que “la ciudadanía se informe del contenido del Acuerdo Final”. Una vez se cierre la negociación y se proceda a la convocatoria del plebiscito, la Registraduría se tomaría entre seis y siete semanas para alistar la logística.
De prolongarse, podrían terminar cruzándose con los de otra iniciativa clave para el Ejecutivo: la reforma tributaria.
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