Los conceptos que marcarán suerte de ley de financiamiento en la Corte

Los conceptos que marcarán suerte de ley de financiamiento en la Corte

El Consejo Gremial y el Ministerio de Hacienda dieron sus puntos de vista. Decisión, próxima semana.

Trámite de la ley de financiamiento

La ley se aprobó después de dos meses de trámite en el Congreso.

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FOTO: Minhacienda

Por: Justicia
11 de octubre 2019 , 05:30 p.m.

En una semana, la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión que tiene en vilo al Gobierno: el alto tribunal deberá decidir si acepta una demanda que pide tumbar por completo la ley de financiamiento del gobierno de Iván Duque, que entró en vigencia este año y que trajo cambios claves en materia tributaria en el país. Esa norma, además, según el Ejecutivo, se sacó adelante para financiar el dinero que faltaba para completar el presupuesto de este año.

Según los investigadores de la Universidad Nacional Daniel Alberto Libreros y David Clemente Retamoso, quienes presentaron la demanda, en el trámite de esta norma en el Congreso se violó el principio de consecutividad y le faltó publicidad.

Su demanda afirma que los representantes a la Cámara desconocían el texto que se había aprobado en el Senado antes. “Los representantes el día 19 de diciembre del 2018 solo conocían la ponencia para debate en la plenaria de la Cámara, pero no las modificaciones que se hicieron la noche del 18 de diciembre en el Senado”, dice el texto de los dos investigadores.

A su juicio, la ley de financiamiento tuvo errores de trámite que la hacen inconstitucional porque como no hubo publicidad de lo que el Senado había aprobado una noche antes, los representantes a la Cámara “no sabían qué estaban votando”, ni discutieron las modificaciones que tuvo el proyecto, “violando el principio democrático y la participación política en la negociación de la ley”.

El estudio de esta demanda le correspondió al magistrado Alejandro Linares, quien ordenó recibir conceptos técnicos desde el 16 de septiembre hasta el pasado 4 de octubre para conocer las opiniones de expertos sobre cuál sería el impacto económico y fiscal si la Corte decide, eventualmente, aceptar la demanda y tumbar por completo la ley de financiamiento.

Antes de que Linares hiciera esa consulta, según fuentes de la Corte, la mayoría de magistrados del alto tribunal (6 frente a 3) estaban de acuerdo en que en el trámite de la ley hubo errores y vicios que hacen que deba caerse. De allí la importancia de la consulta que hizo Linares.

En su consulta, Linares les preguntó cuáles eran las estimaciones de recaudo con esta ley para el 2019, 2020, 2021 y 2022, y qué dinero se espera recaudar en impuestos directos e indirectos.

Para responder esas preguntas, la Corte recibió conceptos de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la Intervención del Consejo Gremial Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Sabana, la Universidad del Norte, la Universidad ICESI, la Universidad Nacional, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Fedesarrollo, el Ministerio de Hacienda y del Comité Integremial del Atlántico Estos son los principales conceptos:

Tumbar la ley produciría efectos funestos: Ministerio de Hacienda

En su concepto enviado al alto tribunal, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, asegura que la ley 1943 de 2018, o ley de financiamiento, se concibió por parte del Gobierno con el fin de financiar un faltante del presupuesto del 2019, y para implementar medidas que pudieran resolver problemas de la estructura económica y tributaria del país. El Ministerio afirma que al presupuesto le faltaban 14 billones de pesos por lo que con la ley se esperaba recaudar para este año al menos unos 7,1 billones de pesos.

Según Carrasquilla, esta ley buscó “potenciar el crecimiento económico, fomentar la formalidad, fortalecer a la DIAN, reducir la evasión, incrementar la progresividad del sistema tributario, situaciones que redundan en mayores ingresos fiscales para la Nación y mejores condiciones de vida para la población”.

Así, a juicio del Ministerio de Hacienda, tumbar la ley “produciría efectos funestos en la economía colombiana” y para el bienestar de la población. Los principales efectos para el ministro serían dos: se generaría un impacto “irreparable” en la confianza de los inversionistas, amenazando la estabilidad macroeconómica y fiscal. El segundo, dice, es que se desfinanciaría el presupuesto general de la nación de este año, pues se revertirían las medidas de recaudo que se contemplaron en la ley.

El Ministerio señala que si se cae la ley de financiamiento, se desaceleraría el crecimiento económico en la próxima década en 0,9 puntos porcentuales en promedio, la pobreza se incrementaría en al menos 400.000 personas en el 2020, y la deuda pública subiría al 54.3 por ciento PIB en el 2020, y al 54.7 % del PIB en el 2021, “alcanzando su máximo nivel histórico desde que se tienen registros”.

Es por esto que para el Ministerio de Hacienda, tumbar la ley pondría en “serio peligro la estabilidad económica y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, lo que redundaría, según su opinión, en un retroceso para el bienestar de la población.

Para el Ministerio, desde el 2014, con la caída de los precios del petróleo, la economía evidenció una fuerte desaceleración en su expansión. Por eso, dice, la ley de financiamiento buscar modificar la estructura tributaria del país. Una de las modificaciones para compensar esa reducción en el crecimiento fue la moderación de la carga tributaria para las empresas, algo que si se cae, según Carrasquilla, podría tener un impacto en los planes para mejorar el poder adquisitivo de la población.

“Reducir la carga tributaria de las empresas impulsa un mayor crecimiento económico de forma sostenida, pues genera un incremento en la inversión y un mayor crecimiento en la productividad”, dice su concepto. Así, la ley bajó el impuesto de renta empresarial, que antes de la norma, dice el ministerio, estaba 10 puntos por encima del promedio de los países de la OCDE, cuya tasa general del impuesto de renta empresarial es de 23,7. El de Colombia era de 33.

Al reducir impuestos a las empresas, asegura el ministro de hacienda, se fomenta la formalidad laboral y la posibilidad de creación de Mipymes.

Otro cambio clave de la ley, asegura el Ministerio, fue la modernización y el fortalecimiento de la DIAN para reducir la evasión de impuestos, ampliando su planta de personal. Actualmente la evasión de los impuestos de renta y de IVA asciende al 4 % del PIB. Así, por cada tres pesos que se recaudan se pierde uno por evasión. Una explicación de que las empresas estén en la informalidad, según el Ministerio, es que el 70 por ciento de sus costos para formalizarse son impuestos.

¿De qué sirve crear más empresas o la expansión de ellas, si la demanda está cada vez más resquebrajada

El Gobierno también defiende que la ley de financiamiento aumenta la equidad porque modificó la estructura de varios impuestos, en particular el de renta, el impuesto al patrimonio y el de dividendos, con el fin de que “las personas con mayor capacidad de pago realicen una mayor contribución a través de mayores tarifas”.

Lo más grave para el Ministerio de Hacienda es que si se cae la ley de financiamiento, los problemas no se podrían solucionar presentando una nueva ley porque esto crearía una “pérdida de confianza y de credibilidad irrecuperable y permanente sobre la política económica nacional”.

Si sube la desconfianza inversionista, dice Carrasquilla, puede haber una mayor depreciación de la moneda local, lo que podría llevar a que el dólar en el 2020 esté en los 3.800 pesos, asegura.

Tumbar la ley generaría una disminución del 0,8 % en el crecimiento económico: Fedesarrollo

Fedesarrollo le dijo a la Corte Constitucional que debería mantener la ley que fue demandada. Si se cae la ley de financiamiento, cada año habría una reducción del 0,8 por ciento en el crecimiento económico, “lo que implicaría un menor recaudo tributario como porcentaje del PIB”.

Fedesarrollo también asegura que Colombia tiene retos en materia fiscal derivados de la caída del precio del petróleo, lo que disminuyó los ingresos provenientes del sector minero-energético. Así, la ley de financiamiento, según ese centro de investigación, trajo cambios que han generado incentivos tributarios para las empresas. Según la entidad, la ley “ha llevado a que la inversión de maquinaria y equipo aumente considerablemente, alcanzando un incremento promedio de 15, 2 por ciento en lo corrido del 2019”.

Por esto, en su concepto Fedesarrollo dice que si se cae la ley se generaría una incertidumbre fiscal que tendría un efecto negativo en las inversiones en Colombia.

Tumbar la ley impactaría la estabilidad fiscal: Consejo Gremial Nacional

El Consejo Gremial Nacional aseguró que en los últimos 25 años Colombia ha tenido 15 reformas al fisco. En los últimos 9 años se han concentrado 5 de ellas. Por eso, dice el Consejo, no resultaría conveniente tumbar esta reforma ya que estos cambios debilitan la confianza en las reglas de juego, impactando la economía de la Nación.

Uno de los damnificados sería la inversión extranjera. Según el Consejo, entre enero y junio del 2019 la Inversión Extranjera Directa en Colombia creció un 24,4 por ciento, según cifras de la Balanza de Pagos, con un flujo de inversión de 7.272 millones de dólares. “En caso de que la Corte decida declarar inexequible la totalidad de la ley, podría presentarse un escenario donde las calificadoras de riesgo reduzcan la calificación a Colombia, produciendo el efecto contrario al descrito anteriormente, pues la confianza inversionista caería en comparación con otros paíes de la región”.

La ley de financiamiento genera mayor desigualdad: Universidad de la Sabana

La Universidad de la Sabana aseguró que si se cae la ley de financiamiento se generaría una inestabilidad jurídica para las empresas pues durante este año se han creado un número significativo de pequeños emprendimientos motivados por esa norma. También asegura que sería una señal perversa para el mercado internacional, con el agravante de afectar la inversión extranjera, que es la que podría jalonar la reactivación de la economía en el país. Agregan que tumbar la ley y devolver lo recaudado en el 2019 generaría un impacto negativo en el presupuesto del 2019.

Sin embargo, la Universidad señala que la ley de financiamiento genera mayor desigualdad en el país. También asegura que mantenerla tal y como está generaría un impacto negativo sobre las finanzas públicas cercano al 1 por ciento del PIB, pues la ley podría tener un efecto neto de disminución del recaudo que podría ser más grande de lo que proyecta el Ministerio de Hacienda.

A juicio de la Universidad, la ley de financiamiento “aumenta la carga tributaria de las personas naturales, reduciendo el nivel de consumo. De esta manera ¿de qué sirve crear más empresas o la expansión de ellas, si la demanda está cada vez más resquebrajada debido a los continuos aumentos en los impuestos que afectan el ingreso disponible de los colombianos”.

La consulta sobre las entidades financieras

La Corte también consultó a los expertos qué pasaría si sólo se tumba el artículo 80 de la ley 1943 del 2018, que fue el que creó una sobretasa al impuesto sobre la renta de las entidades financieras. Según el Ministerio de Hacienda, si se cae ese artículo, no habría un mayor impacto fiscal pues esa norma no se creó para acelerar el crecimiento económico, ni mejorar la calidad de vida de la población. “De ser declarado el artículo 80, no se pondría en riesgo la aceleración prevista en el crecimiento económico ni la estabilidad macroeconómica”, dijo.

Fedesarrollo afirma que si se cae este artículo en particular, el recaudo tributario como porcentaje del PIB disminuiría en un 0,1 por ciento en el 2020 y 2021.

Por su parte, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) aseguró que no tienen experiencia en los temas jurídicos por lo que se abstendrían de opinar sobre los riesgos de la inestabilidad jurídico-económica que podría causar que se caiga la ley. Sin embargo, afirmaron que “siempre existe la posibilidad de tramitar nuevamente en el Congreso aquellas partes o la totalidad de dicha ley si eso ocurriera” pues, afirman, el grueso de los cambios se empezarían a reflejar a partir del 2020-2022, y el 2019 solo ha sido un año de transición.

A su juicio, el trámite de la ley de financiamiento “fue bastante caótico” y quedó a cargo de “parlamentarios con poco conocimiento tributario” que promovieron la asignación de “sobretasas de imporrenta (del 4 % en 2019 y del 3 % en el 2020-2021) para el sector financiero”.

La propuesta de ANIF es que el Gobierno presente otra reforma tributaria en el 2020 para extender el cobro del IVA a un 19 por ciento en bienes que hoy tienen tasas preferenciales e, incluso, le recomienda privatizar activos como Ecopetrol o ISA para “allegar cerca de unos 10 billones, para así poder apuntalar los programas de infraestructura del país”.

Las universidades que se negaron a enviar un concepto

La Universidad Nacional se negó a enviar un concepto afirmando que en este momento, y ante el poco tiempo que existía para hacer una investigación, no tenía las capacidades para responder las preguntas de la Corte.

Por su parte, la Universidad de los Andes también se negó a enviar un concepto afirmando que al ser una institución educativa, no “ejerce labores periciales o de emisión de conceptos técnicos dentro de procesos judiciales”.

La Universidad Javeriana también dijo que no tenía un profesor de planta con disponibilidad para atender la consulta de la Corte. Y la Universidad de Antioquia dijo que no cuenta con profesores ni investigadores idóneos en los temas requeridos.

JUSTICIA
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