No obstante las propuestas de endurecer los castigos a violadores de niños, planteadas esta semana por algunos políticos tras el caso de la niña Yuliana Samboní, este camino no parece ser tan sencillo.
Tan solo pocas horas después de que se conocieron la violación y el crimen contra la pequeña de 7 años, cuyo presunto autor es el arquitecto Rafael Uribe Noguera, se radicaron en el Congreso dos proyectos de ley y un par de reformas de la Constitución que apuntan a elevar las sanciones a este tipo de abusadores.
La senadora por ‘la U’ Maritza Martínez propuso la castración química de los violadores de niños, y el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, también de ‘la U’, planteó otra iniciativa que busca acelerar los procesos penales en los cuales la víctima sea un menor de edad.
Estos dos proyectos de ley requerirían de cuatro debates, dos en Senado y dos en Cámara, para su aprobación, lo cual, a la luz de las normas vigentes, parece posible.
Sin embargo, también se radicaron dos enmiendas de la Carta Política que proponen imponer cadena perpetua a violadores de niños, reformas que necesitan ocho debates en dos periodos legislativos, lo que no se ve tan factible tomando en cuenta que estamos a una semana de concluir uno de ellos.
Lizcano, presidente del Legislativo y quien impulsa una de estas reformas, afirmó esta semana que se hizo una “consulta” a la mesa directiva del Senado y que “en lo que resta de este año se les puede dar un debate” a estos proyectos, y entre marzo y junio del 2017, los siete restantes.
Según los tiempos que deben cumplirse entre debate y debate para los actos legislativos, el Congreso no alcanzaría a tramitar estas dos reformas en los escasos tres meses de trabajo que tendrá en el primer semestre del próximo año.
Una de las funcionarias que han insistido en la cadena perpetua para violadores es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Cristina Plazas. La funcionaria asegura que entre el 2013 y el 2016, su institución ha atendido a 25.000 niños víctimas de violencia sexual. Pero el exministro de Justicia Yesid Reyes afirma que el debate no debe darse en medio del calor de la coyuntura. Según el jurista, desde la década de los 80 se han sextuplicado las penas, sin que esto haya influido en la reducción del delito.
Para el politólogo de la Universidad Externado Jairo Libreros, “si pensamos única y exclusivamente en la cadena perpetua o la castración química de los violadores, realmente lo que estamos viendo son unos políticos que buscan mejorar su imagen en medio de una situación de indignación nacional”. Afirma que el debate debe centrarse en formular políticas preventivas y dar mayor celeridad a los procesos penales.
En junio del 2009, el Congreso aprobó un proyecto de ley que convocaba un referendo para que los ciudadanos decidieran sobre si querían que la cadena perpetua se instalara en la Constitución o no, impulsado por la fallecida senadora Gilma Jiménez. En el 2010, la Corte declaró inexequible esa iniciativa por errores de procedimiento, pero Jiménez insistió con un proyecto de ley que fue archivado en el 2011. La iniciativa busca ser revivida.
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