Más de 4.300 niños, en medio del debate sobre la adopción

El destino de 4.325 niños bajo el amparo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y que hoy están a la espera de ser adoptados, se ha vuelto objeto de una gran controversia nacional. Una disputa que el miércoles se puso al rojo vivo con la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley que pretende convocar un referendo para que el constituyente primario decida quiénes pueden y quiénes no pueden adoptar en Colombia.

La iniciativa, de autoría de la senadora liberal Viviane Morales, busca adicionar al artículo 44 de la Constitución –que se refiere a los derechos fundamentales de los niños– el siguiente texto: “La adopción es una medida de protección del niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia constituida por una pareja heterosexual en los términos explícitos del artículo 42 de esta Constitución, es decir, por un hombre y una mujer unidos entre sí en matrimonio o unión marital de hecho, con el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la ley”.

Las posiciones a favor y en contra de este proyecto –que de llegar a las urnas y ser aprobado implicaría la prohibición de adoptar para las parejas del mismo sexo y las personas solteras, separadas o viudas– también han entrado al terreno de la viabilidad y conveniencia de redefinir las condiciones de adopción mediante un referendo. La iniciativa ya pasó el examen en la Comisión Primera del Senado y tiene plazo hasta el 20 de junio del 2018 para ser debatido en tres instancias más –en el Senado y la Cámara–, antes de ir a revisión final de la Corte Constitucional.

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Esta última corporación dio en noviembre del año pasado vía libre a la adopción por parejas gais, al apoyar una ponencia según la cual “la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral”.

La senadora Morales se opone a lo anterior y defiende la participación ciudadana como un derecho fundamental –en este caso avalado por más de 2,2 millones de firmas–. Y la apoyan personas como la procuradora delegada de Infancia y Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, quien afirma que el referendo “es una vía legítima” para buscar una reforma constitucional en un tema que involucra a las familias.

En la misma línea está el senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, quien señala que “este es un asunto que no deben resolver los jueces, sino el pueblo, a través de sus voceros en el Congreso o expresando su voluntad mediante el referendo”.

En la posición contraria están abogados y exmagistrados de la Corte Constitucional, como el expresidente de esa corporación Jaime Córdoba Triviño, quien argumenta que los derechos fundamentales, como el de un niño a tener una familia, no pueden ser sometidos a refrendación.

“La iniciativa constituye un retroceso en la jurisprudencia definida por la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales de la población LGBTI, el concepto de familia y los derechos de los menores a tener una familia (...) –dijo el exmagistrado–. No se puede sujetar un tema de derechos fundamentales a una decisión mayoritaria que además contraviene la jurisprudencia que acaba de ser reiterada por la Corte en la sentencia sobre el plebiscito (de la paz), en el sentido de que a través de los mecanismos de participación popular no se pueden poner en juego tales derechos fundamentales”.

Este argumento es compartido por César Rodríguez Garavito, director del centro de estudios políticos y jurídicos Dejusticia, quien agrega que un eventual referendo “sería un resultado infortunado para la garantía de los derechos constitucionales, porque implica la posibilidad de que unas mayorías desconozcan los derechos de los propios niños y de unas minorías de forma explícita y deliberada”. En ese sentido, la senadora Claudia López, del Partido Verde, opositora del proyecto de Morales, señala que “no se pueden utilizar los elementos de la democracia para destruir la democracia o discriminar a los ciudadanos”.

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La autora del proyecto resalta, sin embargo, que el referendo “no violaría ningún derecho fundamental porque (el ejercicio de) la adopción no es un derecho”. Y en cuanto al derecho de los niños a tener una familia, precisa que ese es justamente el foco de la discusión, pero que este debe ajustarse a la Constitución.

La senadora Morales defiende que, según el artículo 42, la familia es la que se constituye a partir de un hombre y una mujer porque esta unión “es el núcleo fundamental de la sociedad, donde radica la posibilidad de la procreación biológica de la especie”. En ese mismo sentido, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, cree que el derecho de los niños a tener una familia conformada por un papá y una mamá “debe primar” sobre el deseo de los adultos.

No obstante, la senadora López advierte que “se quiere imponer una visión donde solo es posible una sola clase de familia, cuando el ICBF reconoce otros tipos, como las homoparentales y monoparentales, lo que no corresponde con la realidad del mundo ni de las familias colombianas, pues la mitad de ellas no están conformadas de forma heterosexual”.

Así mismo, el abogado Germán Rincón Perfetti, activista y defensor de la causa LGBTI, coincide con el exmagistrado Córdoba Triviño en que el artículo 42, citado por Morales, también deja entrever otras formas de familia distintas de la heterosexual, porque abre el espectro a la “voluntad responsable de conformarla”. Según el jurista, “esa otra parte del artículo no es vista por la senadora Viviane Morales”.

Otro punto de la discusión tiene que ver con el papel del Congreso de la República y de la misma Corte Constitucional frente a temas espinosos como este.

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Rodríguez Garavito, de Dejusticia, cree que el Congreso “ha venido esquivando su responsabilidad en temas de familia” y que “quiere dejar en manos de la Corte y la ciudadanía decisiones sensibles”. En esa misma línea, Rincón Perfetti agrega que el Congreso ha sido débil frente a su misión constitucional y que por esa razón “la Corte ha sido la única que ha podido, como un foro académico –algo que lamentablemente el Congreso no es–, sacar adelante varios temas delicados, como la vía libre a la adopción por parte de parejas del mismo sexo en noviembre del año pasado”.

Córdoba Triviño está de acuerdo con que la Corte Constitucional ha llenado vacíos tras algunos casos de omisión legislativa del Congreso, pero confía en que el proyecto de Viviane Morales abra la puerta a un debate muy abierto en el Senado.

Ilva Myriam Hoyos dice que en este caso concreto de la adopción, que debe entenderse como una medida protectora de los derechos fundamentales, “en cierto sentido la Corte Constitucional se ha excedido en sus funciones y ha asumido otras, que son de legisladores y de constituyentes”.

“La Corte se ha venido extralimitando en sus funciones en cuanto a la interpretación de la Constitución”, complementa la senadora Morales.

La igualdad como derecho fundamental es otro aspecto que enfrenta a los que apoyan y rechazan el proyecto de referendo. La senadora Claudia López sostiene que la discusión no debe centrarse solamente en la adopción por parejas gais, sino también en la posibilidad de adoptar que desde hace 140 años tienen personas solteras, separadas y viudas. Teniendo en cuenta estos últimos tres grupos, la congresista advierte que solo en Colombia existen 9 millones de personas de entre 25 y 50 años que son aptas para adoptar.

En respuesta a esta teoría, Viviane Morales expone que los registros de los últimos años dan cuenta de las pocas solicitudes hechas por personas con estos estados civiles. Las cifras más recientes del ICBF indican que de las 6.646 solicitudes de adopción hechas desde el 2010, apenas el 3,5 por ciento (244) fueron de personas solteras, viudas o separadas, residentes en Colombia o en el exterior.

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Ante las estadísticas, la senadora López argumenta que los derechos de las personas se deben garantizar en abstracto y no teniendo en cuenta si son muchas o pocas. “Eso sería como decir que tenemos que matar a los habitantes de la calle porque son poquitos”, anota.

En cuanto a los adoptantes solteros, monseñor Castro es partidario de que en este asunto específico las solicitudes “se deberían estudiar caso por caso, no con una ley general para todos”. Y para vigilar este proceso, dice, están las entidades como Bienestar Familiar.

Finalmente, en el escenario de que el proyecto pase a revisión de la Corte Constitucional, la senadora Morales prefiere no anticiparse a lo que ocurriría en esa instancia. En cambio, su colega Rangel adelanta que “seguramente la Corte va a insistir en sus posiciones”, por lo que no descarta que esta corporación invalide el referendo para mantener vigentes sus fallos anteriores, como el de noviembre del 2015.

Cierto o no, lo que está claro es que este tema constituye un debate de marca mayor en nuestra sociedad.

Tiende a creerse que la ausencia de padre o madre y las familias homoparentales, compuestas por padres del mismo sexo, representan una amenaza para el bienestar de los niños. Sin embargo, la ciencia no ha probado que estas circunstancias provoquen dificultades en los procesos de identidad sexual o desarrollo psicológico de los niños.

En su libro ‘Decisiones sobre la infancia, preguntas y respuestas que ofrece la investigación psicológica’, el doctor H. Rudolph Schaffer asegura: “Si hay efectos negativos de la ausencia de padre o madre, estos dependen de otras variables, que incluyen condiciones económicas y del entorno social”.

Respecto de las familias homoparentales, la doctora en psicología Abbie Goldberg dice que podrían ser incluso mejores padres, ya que “tienden a estar más comprometidos que los padres heterosexuales porque eligieron serlo. Los homosexuales raramente se convierten en padres de forma accidental, versus el casi 50 por ciento de embarazos accidentales entre heterosexuales”. Esto no quiere decir que los padres heterosexuales no puedan aportar lo mismo, pero sí que ni una familia tradicional es una condición ‘sine qua non’ para un desarrollo positivo en los niños, ni que una monoparental u homoparental es una fuente segura de conflictos para los niños que crecen en ella.

CARLOS GUEVARA Y MARÍA ISABEL ORTIZ
Redacción Domingo