El debate por las ventas en la calle, más allá de la empanada

El debate por las ventas en la calle, más allá de la empanada

Corte ordenó dar alternativas a quienes “gozan de confianza legítima” antes de sancionarlos.

Vendedores informales

 Ventas informales.

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Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Por: Milena Sarralde Duque
26 de octubre 2019 , 07:31 p.m.

Comprarle empanadas, perros, hamburguesas, libros, ropa o cualquier bien legal a un vendedor ambulante no puede ser multado por el Código de Policía.

Esa fue la aclaración que hizo esta semana la Corte Constitucional al explicar el alcance de un artículo de ese código con el que, en febrero, agentes habían multado a un joven por comprar una empanada en la calle, imponiéndole una sanción de 830.000 pesos, lo que generó polémica.

Ante estas interpretaciones del Código, la Corte aclaró el martes que la multa que esa ley impone para quien “promueva” o “facilite” el uso indebido del espacio público (que es la que está en el artículo 140, numeral 6) no está dirigida a quienes compren a los vendedores en las calles. Esa sanción es para quienes, de forma irregular, arriendan y cobran a terceros por usar la vía pública, que es de todos.

Más allá de la discusión por la multa que originó la compra de la empanada, que incluso antes de la aclaración de la Corte ya se había caído en una inspección de policía, hay un debate con implicaciones mucho más grandes. El fallo de esta semana protegió, sobre todo, el derecho al trabajo de los vendedores ambulantes.

El argumento de la Corte para no sancionar al comprador de empanadas callejeras –o cualquier bien o servicio ofrecido en el espacio público–es que si se sanciona la compra se “está censurando o imponiendo consecuencias negativas a las ventas ambulantes”, trabajo que ha sido protegido por el alto tribunal cuando, quienes lo ejercen, gozan de lo que los magistrados han llamado “la confianza legítima”.

Si se sanciona la compra se está censurando o imponiendo consecuencias negativas a las ventas ambulantes

Esto se traduce en la expectativa que alguien tiene de ejercer un trabajo que se ha venido desarrollando siempre en el mismo lugar –la vía pública–, ya sea por tener el permiso de las administraciones locales, o por la omisión de las autoridades, al evadir crear regulaciones y definir la situación de los trabajadores informales.

El guiño de la Corte a las ventas ambulantes se da porque son el sustento de miles de familias. A nivel nacional, la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 del Dane estableció que de 11,7 millones de personas ocupadas, el 7,1 por ciento se dedica a las ventas callejeras, unas 833.000 personas. Y de 4 millones de personas ocupadas en la capital, un 4 por ciento (163.000) ejercerían su trabajo en el espacio público.

A esto se suma el fenómeno surgido por la crisis en Venezuela. Según Migración Colombia, en la capital habría unos 261.000 venezolanos, de los cuales el 23,6 por ciento está en la informalidad.

En el 2017, al evaluar las sanciones del Código de Policía, la Corte señaló que el Estado tiene el deber de proteger el espacio público y garantizar que todo colombiano pueda circular libremente por la calle. Pero, el alto tribunal ordenó que para poder multar a un vendedor informal por la “ocupación indebida del espacio público”, que supone una multa de 110.415 pesos, las autoridades deben haberle ofrecido antes alternativas de reubicación o de formalización.

Según la Fundación Ideas para la Paz, entre enero del 2017 y agosto del 2018 se habían impuesto 43.781 multas (el 4 por ciento del total) por ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes. Y entre el 24 de abril y la actualidad, según la Policía, van 34.024 de estos comparendos.
Antes de imponer muchas de esas multas, las autoridades tenían que haber ofrecido lo que ordenó la Corte sobre la formalización y reubicación.

Infografía ventas informales corte

El 7,1 % de las personas ocupadas trabajan en ventas informales, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019 del Dane.

Foto:

Infografía ET

El caso de Bogotá

La Personería de Bogotá documentó cómo se están sancionando y quitando los bienes que vende esta población y afirmó que en materia de reubicación, los resultados han sido “de escasa eficacia y mínimo alcance”. En el Instituto para la Economía Social (Ipes) hay 81.597 vendedores informales identificados por el Distrito. De estos, el 93 por ciento (76.238) nunca recibió un beneficio de reubicación o formalización.

Mientras tanto, las multas por ocupación indebida del espacio público han crecido. Así, dice la Personería, mientras en el 2017 en Bogotá fueron sancionadas 2.291 personas por esta causa, en el 2018 (con corte a julio) iban 9.264. Al evaluar los casos de 2.654 vendedores, la Personería asegura que encontró que por lo menos el 93 por ciento de ellos ya acumulaban dos o más comparendos. Además, 75 vendedores acumulaban 10, y 4 sumaban más de 30. También encontró que en un mismo día 956 personas recibieron dos multas, y a otras las que les impusieron hasta 6.

Antes de esas multas, asegura la Personería, “no se están ofreciendo propuestas de reubicación o alternativas suficientes, viables ni consistentes”. El problema es que las alternativas de reubicación y formalización no alcanzan. La Personería sostiene que la alcaldía ofrece la reubicación en puntos comerciales, quioscos, ferias, la formación e inserción laboral y el emprendimiento, pero no les están llegando a todos y en el Distrito solo hay 3.188 espacios de reubicación.

¿Por qué los sancionan? 

Ante la Corte, el Ministerio de Defensa dijo que las autoridades deben “recuperar, proteger, conservar y defender la integridad del espacio público, garantizando el interés general y la libre locomoción y circulación de los ciudadanos y peatones”.

Consultada por EL TIEMPO, la Policía aseguró que el fallo del 2017 de la Corte estableció que se debe respetar a los vendedores que llevan mucho tiempo en el mismo lugar y a los que estén en una condición de vulnerabilidad, por ser víctimas de desplazamiento o estar en pobreza. A estas personas, afirma la fuente de la Policía, no se les pueden imponer comparendos ni incautarles o destruirles la mercancía (que es la sanción que establece el Código), siempre y cuando estén registrados en las alcaldías como población objeto de protección.

Si no ejercemos este control, cuando nos demos cuenta tendremos a vendedores ambulantes hasta al frente de la casa

“Cuando se hace el procedimiento, estas personas son trasladadas a la administración distrital. Si las tienen en sus bases de datos, no se les aplica ninguna medida. Pero si no están allí, sí se hace el procedimiento. Si no ejercemos este control, cuando nos demos cuenta tendremos a vendedores ambulantes hasta al frente de la casa”, aseguró una fuente de esa institución.

En cualquier caso, la Policía asegura que lo que aplican son órdenes de comparendo que luego son verificadas por un inspector, que es quien determina si se impone la multa o no.

El fallo de la Corte deja, entonces, reabierto un viejo debate sobre la necesidad de atender las necesidades de las familias que encuentran en las ventas ambulantes una forma de vida y el derecho de los peatones de poder caminar por las aceras y el de los comerciantes formales que cargan todo el peso económico de abrir las puertas de sus locales.

Ley busca crear regulación para esta actividad

Juan Pablo Cardona, abogado experto en derecho de Policía, afirma que “la velocidad con la que actúa la administración para ofrecer reubicaciones es inferior al número de vendedores”. Sin embargo, señaló como un “paso importante” la ley 1988, que sancionó el Presidente y que da un plazo de 12 meses al Ministerio del Trabajo y del Interior para formular una política pública para vendedores ambulantes. Esta ley busca carnetizarlos y les daría un capital semilla.

Jerónimo Castillo, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, asegura que “lo que se debería buscar es el aprovechamiento económico del espacio público, en lugar de aplicar medidas represivas”.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora sección Justicia
En Twitter: @MSarralde

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