Casi un año después de que entrara en vigencia en Colombia la suspensión de la fumigación de los cultivos ilícitos; a tres meses de que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revelara que en el 2015 había en el país 96.984 hectáreas de coca –26.952 más que en el 2014–, y a 21 días de que el tema vuelva a ser analizado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, sectores de la vida nacional se centran en un debate sobre la eficacia de un modelo en el que la aspersión ya no sería protagonista.
El miércoles, el presidente Juan Manuel Santos dejó en claro su decisión: “El Gobierno no va a volver a asperjar, que eso quede claro”, y añadió: “Hay algunas personas que están diciendo que hay que volver a la aspersión, pero el Gobierno ha estudiado esto y no lo vamos a volver a hacer”.
El debate que encendió el fiscal, Néstor Humberto Martínez, que pidió examinar la posibilidad de que regresen las fumigaciones, llegó incluso a Estados Unidos, que por años financió y apoyó la aspersión aérea.
Consultado el Departamento de Estado de Estados Unidos, respondió a este diario que el uso del glifosato en la erradicación de coca “es una decisión soberana del Gobierno de Colombia”, y reiteró: “Vamos a seguir trabajando con nuestros socios colombianos”.
Igualmente resaltaron que la nueva fórmula, “que incluye interdicción, investigaciones para desmantelar las organizaciones y acciones contra el lavado de dinero”, además de un enfoque de salud pública, “es una estrategia que puede dar una respuesta eficaz a la situación de las drogas ilícitas”.
Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dijo a EL TIEMPO que con la implementación de los acuerdos con las Farc, que priorizan la erradicación voluntaria, se podrá ver un alivio sectorizado pero que dependerá de factores como “la presencia de otros actores o grupos armados ilegales” en las zonas de cultivo.
debate por fumigacion de cultivos ilicitos
Mathiasen se mostró partidario de una política de apoyo al campesino para sustituir los cultivos ilícitos: “El desarrollo alterativo es la mejor herramienta para eliminar sosteniblemente los cultivos ilícitos y así lo han expresado los países miembros de las Naciones Unidas en la Ungass de este año”.
Para el funcionario, el enfoque planteado por el Gobierno dará mejores resultados, pues podría solucionar problemas estructurales que por años han afectado las zonas con más cultivos ilegales.
Sin embargo, Álvaro Balcázar, exdirector de la Unidad de Consolidación Territorial, aseguró que no volver a la aspersión se convierte “en la principal amenaza a la construcción de la paz” y advirtió que la erradicación voluntaria es muy demorada e incrementa el riesgo para los erradicadores, que deben enfrentarse a minas antipersona, a ataques y a bloqueos de las comunidades.
“Erradicar manualmente es dejar vulnerables a nuestros policías a los ataques de las organizaciones ilegales, es dejarlos para que jueguen con ellos a tiro al blanco”, señaló Balcázar.
Frente a la mayor eficiencia que atribuyen algunos sectores a la fumigación, el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, respondió que “está demostrado que en los años en los que más se asperjó, los resultados no mostraron que esa fuera la salida”.
Estadísticas de la Policía señalan, por ejemplo, que en el 2006, cuando más se asperjó en la última década, con 172.025 hectáreas, la cifra de sembradíos ilegales era de 77.870 hectáreas, y un año después, de 98.899 hectáreas.
Funcionarios del Gobierno reconocen que la tarea de poner de acuerdo a las comunidades no será fácil y que, en medio del debate, se ha avanzado en pactos incluso en algunas de las zonas más complejas.
Eduardo Díaz, director de Atención Integral de la Lucha contra las Drogas de la Presidencia, dijo a este diario que el próximo mes se conocerán los primeros resultados de la estrategia.
“Hemos logrado acuerdos en Vichada y Guaviare; procesos de concertación en Caquetá, y con mucha seriedad se han logrado acercamientos y acuerdos con las comunidades del Catatumbo y el nudo del Paramillo”, dijo Díaz.
Julián Wilches, experto en política antidrogas, sostuvo que “por 3.000 policías que hay erradicando, tenemos 30 policías persiguiendo a las organizaciones criminales y solo 3 jueces de extinción de dominio. Hay que distribuir mejor las cargas”. En todo caso, señaló que si se volviera a asperjar, esa no podría ser la apuesta principal, sino que sería una herramienta complementaria a todo el componente de desarrollo social.
Los expertos señalan que el resultado estará atado también a que el acuerdo de paz permita a las autoridades entrar a las zonas en las que en el pasado el conflicto terminaba por favorecer a los narcotraficantes.
JUSTICIAjusticia@eltiempo.com
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