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Sala que define qué va a justicia militar perdió esa función en 2016
Velatón

Velatón en homenaje a Javier Ordóñez.

Foto:

Néstor Gómez / EL TIEMPO

Sala que define qué va a justicia militar perdió esa función en 2016

Por ley, esos conflictos los debe dirimir Corte Constitucional, pero Sala Disciplinaria sigue viva.

Hace dos semanas la Corte Constitucional tomó una decisión clave para poder acabar con la interinidad de un organismo que, según lo poco que se salvó de la ley de equilibrio de poderes, debería haber dejado de existir en el 2016: la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Esta institución, que además tiene a su cargo la investigación disciplinaria contra jueces, abogados o fiscales, también es la encargada de resolver los conflictos de competencias que se presenten entre las jurisdicciones.

(Lea también: Adiós a la Sala Disciplinaria).

Es por esto que es a la Sala Disciplinaria a la que le toca decidir si es la Justicia Penal Militar o la justicia ordinaria la que investiga casos como el del joven estudiante Dilan Cruz, quien murió tras recibir un disparo del Esmad en las protestas del año pasado. O, si llegara a existir un conflicto de competencias, tendría que difinir quién investiga el caso del abogado Javier Ordóñez, quien murió en un caso de brutalidad policial en la madrugada del miércoles. O, también, el de otras víctimas de hechos que se le puedan señalar a la Fuerza Pública, como los señalamientos del presunto uso indiscriminado de armas que llevó a que en las violentas protestas de anoche fueran asesinados siete jóvenes. 

(Además: Magistrados que llevan 12 años en Judicatura deberán dejar sus cargos). 

Pero esta Sala Disciplinaria, que tiene esta función tan importante –porque al resolver los conflictos de competencia debe establecer si los hechos estuvieron o no asociados al servicio, es decir, a la función policial o militar–, ha sido cuestionada por varias razones. 

Una de las más recientes tiene que ver con denuncias de presunto acoso sexual que salpican a tres de sus magistrados: Pedro Sanabria, Fidalgo Estupiñán y Camilo Montoya.

(Lo invitamos a leer: ¿Quiénes son los magistrados señalados de supuesto acoso sexual?). 

Pero en el pasado también quedó en medio del escándalo del llamado ‘carrusel’ de pensiones que le costó millonarias sumas al erario público, y de historias como la del exmagistrado Henry Villaraga, señalado de intervenir en un conflicto de competencias que había en el Consejo Superior de la Judicatura en favor del coronel (r) del Ejército Róbinson González del Río, condenado por ‘falsos positivos’.

Esa situación es uno de los señalamientos sobre presunta corrupción en el interior de la Sala Disciplinaria para buscar que los casos queden ante los jueces militares, y no los ordinarios. 

En septiembre pasado, de forma sorprendente, Villarraga le pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que lo acepte en esa justicia afirmando que su jurisprudencia en la Sala Disciplinaria de la Judicatura había favorecido a un actor del conflicto: a la Fuerza Pública, y dijo que eso se podía constatar en las 128 providencias judiciales que emitió como magistrado en ese sentido.

(Siga leyendo: Exmagistrado ofrece a JEP información de casos de ‘falsos positivos’). 

Según le dijo Villaraga a la JEP, esas decisiones llevaron a que en muchos casos los procesos se le entregaran a la Justicia Penal Militar y no a la ordinaria.

Pero la Sala Disciplinaria también es cuestionada porque dos integrantes de esta institución llevan 12 años –ganándose la categorización de magistrados eternos– a pesar de que su periodo se terminaba hace cuatro años. Ellos solos nombraron a sus otros cinco compañeros, hoy magistrados en privisionalidad,  pese a que la Sala Disciplinaria debió haberse extinguido en el 2016 para mutar y pasar sus funciones a la Comisión de Disciplina Judicial. 

(Lea también: Togada 'eterna' de Judicatura renuncia a presidencia, pero no al cargo). 

Esa Comisión fue creada con la ley de equilibrio de poderes, del 2015, y según esa norma debía estar operando en el 2016. Pero el Consejo de Estado congeló los procesos para la elección de sus magistrados.

Justamente, esto fue lo que llevó a que hace dos semanas la Corte Constitucional decidiera que el Consejo de Estado había generado una “parálisis institucional inconstitucional” y ordenara que en dos meses se conformen las ternas para que antes de que este año el Congreso elija a los integrantes de la nueva Comisión de Disciplina Judicial y se termine con la Sala Disciplinaria de la Judicatura.

Pero ese bloqueo institucional no solo ha impedido que la nueva comisión esté operando y que la Sala Disciplinaria de la Judicatura desaparezca. También, según explicó la misma Corte Constitucional, esto ha llevado a que la función de decidir los conflictos de competencia -en casos como el de Dilan Cruz o Javier Ordóñez- siga estando en manos de la Sala Disciplinaria a pesar de que que la ley de equilibrio de poderes estableció que esa labor se le debía entregar a la Corte Constitucional, una vez esa institución fuera reemplazada por la Comisión.

“Debido a la lectura de las normas constitucionales efectuada por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional no ha podido asumir las competencias otorgadas por el Acto Legislativo 02 de 2015 respecto de la resolución de los conflictos entre jurisdicciones, por cuanto el ejercicio de dicha atribución depende de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Luego, la sentencia objeto de revisión produjo una parálisis funcional de una competencia directamente asignada por la Constitución a la Corte Constitucional”, dijo el alto tribunal en su comunicado sobre el fallo.

El caso de Dilan
Marchas hoy 6

Dilan Cruz murió en las protestas del año pasado cuando un agente del Esmad disparó contra una manifestación. 

Foto:

Vanexa Romero / EL TIEMPO

Como no hay Comisión de Disciplina Judicial, la Sala Disciplinaria ha seguido decidiendo –cuando hay colisiones– quién investiga los presuntos delitos cometidos a manos de la Fuerza Pública. Y así lo hizo en el caso de Dilan Cruz, definiendo que ese proceso debe ser llevado por la Justicia Penal Militar.

En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia había tumbado una primera decisión de la Sala Disciplinaria Judicatura que dejó el caso ante los jueces militares, afirmando que no tuvo en cuenta todas las pruebas, en particular los testimonios que contradecían lo dicho por cuatro agentes del Esmad, en el sentido en que, según esos otros testimonios, la acción de los antimotines no habría sido un acto de servicio porque la protesta era pacífica y ellos llegaron a interrumpirla arbitrariamente.

Sin embargo, al evaluar de nuevo el caso con las pruebas, la Judicatura –con ponencia del magistrado Fidalgo Javier Estupiñán– volvió a concluir que las conductas del capitán Manuel Cubillos Rodríguez –quien presuntamente disparó, generando la muerte de Dilan– tienen “una relación directa con el servicio”.

(Lea: ¿Por qué volvieron a enviar caso de Dilan Cruz a la Justicia Militar?). 

Según la Sala Disciplinaria, en ese caso “el uso de la fuerza se hizo necesario ante los ataques que recibió la Fuerza Pública”. Así, dijo la Judicatura, según las declaraciones de los uniformados y de funcionarios de la Personería de Bogotá, la muerte de Dilan Cruz se dio en “un asunto en donde debió repelerse una manifestación que se tornó violenta, lo cual, a juicio de esta colegiatura, se traduce en un acto de servicio”.

En cambio, sobre los testimonios que dieron otros ciudadanos y miembros de ONG que estaban en la zona, que indicaron que la manifestación era pacífica, la Sala Disciplinaria de la Judicatura dijo que no permitían concluir que la actuación de Cubillos no fue un acto del servicio.

Consultados por EL TIEMPO, magistrados de la Corte Constitucional señalaron que para que el alto tribunal pueda asumir estos procesos se necesita que, de una vez por todas, se conforme la Comisión de Disciplina Judicial, que debería quedar lista antes de que termine el año.

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