Carros y apartamentos blindados. Chalecos antibalas. Botones de pánico. Escoltas armados. Gasolina. Viáticos y hasta escudos blindados.
Por ahí pasa la lista de los costos asumidos por el Estado para garantizar la seguridad de más de 8.000 personas que hoy cuentan con alguna medida de protección en el país por supuestos riesgos contra su vida.
Son más de 8.000 esquemas de seguridad, algunos de ellos con 20 o más escoltas, que cada año le cuestan al país más de 483.000 millones de pesos, asumidos por la Unidad Nacional de Protección, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y la Procuraduría.
Hace una semana, el exprocurador Alejandro Ordóñez se vio envuelto en una fuerte polémica porque se reveló que más de un mes después de salir del cargo conservaba el esquema de seguridad que tenía como jefe del Ministerio Público: al menos 12 camionetas blindadas para él, su esposa y sus hijas, y casi 50 escoltas. Un abultado esquema que según la congresista Angélica Lozano vale 390 millones de pesos cada mes.
La Procuraduría, hoy en manos de la segunda de Ordóñez, Martha Castañeda, justifica mantener el despliegue por la existencia, hace algunos meses, de un supuesto plan de las Farc contra uno de los personajes públicos más críticos de la negociación de La Habana.
Paradójicamente, la situación se da cuando el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, ordenó la revisión de su esquema de seguridad con miras a una reducción. Si ese paso finalmente se da, deberían también bajar los costos de la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, en los que cada año se están invirtiendo $ 15.000 millones.
Lo propio hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y la orden se extendió a los generales y almirantes de las Fuerzas Militares y la Policía. El general William René Salamanca, director de Protección de la Policía, le dijo a EL TIEMPO que la orden presidencial es que “quien tenga esquema de seguridad realmente lo necesite”.
En la misma vía, una de las primeras decisiones del fiscal Néstor Humberto Martínez fue reducir drásticamente la seguridad que tenía su antecesor, Eduardo Montealegre, quien dentro del mismo búnker de la Fiscalía se movía con más de una docena de escoltas.
El asunto ya fue objeto de un debate en el Congreso, promovido por el senador conservador Hernán Andrade: ¿la mejoría en todos los indicadores de seguridad en el país, especialmente en los asuntos de orden público, no debería reflejarse también en la reducción del ‘ejército’ de guardaespaldas y camionetas blindadas a cargo del Estado? No se trata, dice Andrade, de desproteger a quienes realmente están en riesgo, pero sí de racionalizar el uso de los esquemas de seguridad, para ponerlos a tono con una realidad en la que la capacidad de violencia del narcotráfico y de los grupos armados ilegales viene siendo disminuida por los golpes del Estado.
“Tener un esquema de seguridad da estatus, la gente cree que sube de estrato y da nivel. Muchas personas no lo necesitan, pero se nos volvió un gusto. El 50 por ciento de los esquemas nacieron por amenazas de las Farc, y ahora, aprovechando el cese del fuego y de hostilidades por parte de la guerrilla y la negociación con el Gobierno, esto debe revaluarse”, dice el senador conservador.
En el mismo sentido, el analista Hugo Acero dice que “muchos esquemas, más que de seguridad, se han convertido en elementos de lujo que dan prestigio a los personajes ‘protegidos’. Ya no tenemos la misma situación de comienzos de siglo ni de los años 90, cuando había riesgos de secuestros y de atentados”.
La tarea de reducir los esquemas no será fácil, pues solo la UNP coordina 6.571 esquemas propios y decenas de altos funcionarios que tienen también apoyo de la Policía y anillos de seguridad del Ejército en las zonas de vivienda. La Fiscalía maneja la seguridad de 50 funcionarios y de unos 200 testigos a los que sacan del lugar de la amenaza y ubican en casas de protección. El personal de seguridad, al igual que los equipos y medios de transporte, corre por cuenta del ente acusador.
“No se trata de estigmatizar a los protegidos. Hay personas que requieren seguridad, y el Estado tiene la obligación de protegerlos. Pero lo que no puede seguir pasando es que se mantengan esquemas a quien no los necesita”, señalaron altos funcionarios encargados del tema. Desde el 2014, la UNP reporta 81 atentados, que han dejado siete muertes: las de dos protegidos y cinco escoltas.
Desde el botón de pánicoEl esquema básico de protección arranca con un chaleco blindado y un mecanismo de botón de pánico para tener reacción inmediata de la Policía, que tienen centenares de personas, muchas de ellas en regiones donde aún es fuerte la presencia de los violentos.
Un esquema de un carro blindado y dos escoltas le vale al país $ 20 millones mensuales. Y si el protegido es un asiduo viajero, los costos se incrementan por cuenta de los viáticos. En el caso del Congreso, la Unidad de Protección y la Policía pagan 300 millones de pesos anuales tan solo en viáticos para los escoltas. Los congresistas, además, tienen carro blindado en Bogotá y otro en su región de origen o vivienda.
En materia de casas blindadas, es emblemático el caso de un exalcalde de Bogotá cuyo apartamento fue protegido contra ataques de balas a un costo de 100 millones de pesos. Lo vendió y exigió que su nueva casa fuera blindada, a un costo similar.
Otro gasto millonario es el de gasolina. Hasta hace un año, la UNP pagaba 1.200 millones mensuales en combustible por todos sus carros. Cuando se implementó un chip que permite medir los recorridos, esa cuenta bajó a 800 millones. Hasta ahora no hay una explicación válida de por qué bajaron los costos cuando hubo controles.
La UNP adelanta desde hace más de un año una revisión de los niveles de riesgo y, dice el director, Diego Mora, en promedio se está logrando una reducción del 20 por ciento de esquemas, especialmente en el caso de muchos exfuncionarios que seguían con carro y conductor por cuenta del Estado.
Pero esos intentos muchas veces se encuentran con tutelas, denuncias internacionales y hasta con supuestos montajes, para conservar los esquemas. La Fiscalía investiga los casos de un exdiputado que denunció que había sido víctima de un intento de asesinato y de una excongresista, que, coincidencialmente, denunciaron ataques después de ser notificados del retiro de la escolta.
Para el debate quedan casos como los de 43 de los 45 concejales de Bogotá, que tienen carro blindado y dos policías en moto para moverse por la ciudad, a pesar de que la misma UNP considera que el riesgo es bajo. De hecho, uno de los más reconocidos, Juan Carlos Flórez, nunca aceptó esa seguridad y va y viene a las sesiones en Transmilenio. “Nunca he aceptado algo que considero un privilegio innecesario. Deberían acabar en el Concejo con eso de que la gente cuanto más rango desea demostrar, más escoltas debe tener”.
Acumulan decenas de multas, la mayoría por exceso de velocidadA pesar de que por norma los escoltas deben respetar las reglas de tránsito, es común que bloqueen las vías, se pasen los semáforos en rojo y estacionen en sitios prohibidos.
De hecho, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tiene bloqueado desde hace más de cuatro meses el Registro Único de Transporte porque debe más de 40 millones de pesos en multas, algunas del 2014. Solo podrá volver a realizar traspasos de carros y otros trámites cuando se ponga al día. La mayoría de los comparendos se impusieron por exceso de velocidad.
La UNP viene cobrando el valor de los comparendos a los conductores de los vehículos e incluso se abren procesos disciplinarios que pueden llevar a la salida del funcionario. Y se han detectado casos en los que es el protegido quien presiona a los escoltas para que violen las normas, lo que también termina en procesos internos que podrían llevar a la pérdida del esquema de seguridad.
El general William René Salamanca, director de Protección de la Policía, señaló que se han realizado reuniones con los más de 1.000 policías que integran esa Dirección, para reiterarles que “bajo ninguna circunstancia pueden violar las normas de tránsito con conductas como el exceso de velocidad o la invasión de los sistemas de transporte masivo”. Jornadas similares realiza la UNP.
La Superintendencia de Vigilancia señaló que los escoltas y empresas de vigilancia y seguridad privada tampoco “tienen autorización constitucional, legal ni reglamentaria para abusar de su posición de poder o transgredir las normas de tránsito y ninguna otra ley o reglamento vigente”.
El caso más reciente que generó polémica fue el del magistrado de la Corte Suprema Fernando Castro, cuya escolta usó en agosto pasado el carril de Transmilenio por una supuesta “deficiencia respiratoria”.
‘Tratamos de detectar los abusos’Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección
¿Cómo se están manejando los esquemas por parte de la Unidad Nacional de Protección?
Nosotros cumplimos estrictamente la norma. Existen unos lineamientos, unos parámetros establecidos por los decretos que rigen el programa de protección, y en especial a la Unidad Nacional de Protección. Básicamente nos aseguramos de que el que tenga esquema de protección es porque de verdad lo necesita.
¿Cada cuánto se revalúa el estudio de seguridad de los protegidos?
La norma establece que cada año es obligatorio hacer el estudio de riesgo de cada protegido, se inicia la ruta de evaluación. Al término del estudio, muchos de esos esquemas se modifican, se eliminan o se mantienen si es del caso. En el último año han disminuido en un 20 por ciento los esquemas, especialmente de exfuncionarios públicos que dejaron el servicio hace años.
¿No hay en el país personas protegidas que no tienen realmente riesgo?
La dirección destina en un 85 por ciento los esquemas para proteger a poblaciones vulnerables como defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, víctimas, líderes comunales, políticos y sindicales entre otros. Nuestro objetivo es brindar seguridad a quien realmente la requiere, aunque no desconocemos que se pueden presentar abusos por parte de los protegidos, los cuales se tratan de detectar a tiempo.
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