El Consejo de Estado confirmó que actualmente estudia 150 demandas de nulidad en contra del decreto 1408 de 2021, que volvió obligatoria la presentación del carnet de vacunación contra el covid-19 para eventos presenciales que impliquen asistencia masiva y para el ingreso a "bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias".
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La primera de esas demandas ya fue admitida. La presentó José Ignacio Morales Arriaga, quien también solicitó la suspensión provisional de la norma.
La confirmación de la cantidad de demandas en trámite la hizo el Consejo de Estado a la hora de negar una tutela que buscaba la suspensión provisional de ese decreto.
En la decisión, el alto tribunal dijo que no había lugar a pronunciarse porque, en su criterio, ese decreto fue derogado explícitamente por el Decreto 1615 del 30 de noviembre de 2021, que también exigió la presentación del carné de vacunación o certificado digital para ingresar a ciertos lugares.
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Para el Consejo de Estado, esto implica que las decisiones sobre el citado decreto deben darse al estudiar de fondo las demandas y no por medio de una tutela, ya que no puede el alto tribunal "pronunciarse sobre su validez o las presuntas violaciones a derechos fundamentales que se desprendan de su aplicación, por ser (el nuevo decreto) un acto administrativo distinto al que aquí se solicitó examinar".
La tutela la presentó Hilda Cristina Salvatierra contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud asegurando que desde la expedición del Código de Nüremberg (Alemania) de 1947, ningún procedimiento médico, tratamiento o vacuna puede ser aplicado sin el consentimiento del paciente.
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En su criterio, las autoridades nacionales están coaccionando a los habitantes que, por motivación médica, conciencia o culto han decidido no vacunarse contra el covid-19.
De otro lado, la demanda de José Ignacio Morales Arriaga fue admitida para estudio mediante auto de 25 de noviembre de 2021, y será estudiada por el despacho del magistrado Roberto Serrato Valdés.
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