En su paso por Colombia, el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), James Kirkpatrick Stewart, ha hecho importantes reparos frente al juzgamiento especial para miembros de la Fuerza Pública que fue aprobado por el Congreso en junio pasadom y frente a la sala especial para militares que está siendo discutida en el Congreso y que estaría a punto de hundirse.
El Fiscal ya se reunió con el presidente de la Corte Constitucional,Alejandro Linares, y con la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, además del presidente Iván Duque.
En todos estos escenarios, el fiscal manifestó sus reparos por ese procedimiento especial que tendrían los militares, afirmando que podría implicar retrasos en la rendición de cuentas de los responsables de hechos criminales, restricciones en las investigaciones, y podría poner en duda la autenticidad de los procedimientos.
Fuentes le informaron a EL TIEMPO cuáles son las inquietudes que tiene el fiscal, preguntas que ha trasladado en las visitas que ha hecho ante las diferentes instituciones del país. De hecho, el fiscal prepara una intervención este jueves ante la Cámara de Comercio de Bogotá en donde expondrá esas preocupaciones.
En esas visitas el fiscal Stewart ha manifestado que, si el procedimiento especial para los militares continúa como fue aprobado en junio, y si se tramita en el Congreso la sala especial para miembros de la Fuerza Pública, la Corte Penal Internacional podría intervenir al Estado colombiano e iniciar una investigación.
En sus visitas el fiscal expuso que la CPI tiene la responsabilidad de asegurar que las autoridades nacionales investiguen y juzguen los crímenes que hacen parte del Estatuto de Roma, que son los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
En esos casos, el fiscal recordó que la CPI interviene cuando los Estados no garantizan que se haga justicia, ya sea porque no está dispuesto o porque no puede hacerlo.
En ese orden de ideas, el fiscal de la CPI considera negativa la creación de un procedimiento especial para las Fuerzas Militares, separado del marco que se había creado para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En principio, el fiscal planteó que ese procedimiento podría retrasar la acción de la justicia en casos que son urgentes, pues en la ley de procedimiento de la JEP el legislativo creó el proceso diferenciado para los militares y permitió que se suspendan las investigaciones en su contra por 18 meses.
Además de la suspensión de investigaciones, al fiscal de la CPI le preocupa la sala especial que está tramitando el Congreso porque esa propuesta implica crear un sistema paralelo a la JEP, con una sala especial para las Fuerzas Militares que tendría un proceso de selección diferente de magistrados, y que actuaría como órgano de última instancia. Eso le permitiría a esa sala de militares invalidar decisiones de otros órganos de la JEP.
Además, el proyecto plantea que los militares puedan tener beneficios sin que estén condicionados a la confesión o al reconocimiento de responsabilidad. En ese sentido, al fiscal de la CPI le preocupa que esos hechos puedan permitir que se sustraiga de responsabilidad penal a los militares, caso por el que la CPI podría investigar a Colombia.
Al fiscal Stewart también le inquieta que la ley de procedimiento de la JEP que tramitó el Congreso impidió que en los casos que relacionan a militares, se pueda develar cuál fue el plan macro-criminal al que respondían, por ejemplo, en casos de 'falsos positivos'. Para la Fiscalía de la CPI, esto podría traer obstáculos para la construcción de la verdad.
Esas restricciones a la investigación también han sido criticadas por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante la Corte Constitucional, quien ha dicho que las restricciones en investigación para encontrar a qué planes respondían los militares podría implicar impunidad.
El Fiscal de la CPI también le preocupa la posibilidad de que en esa sala especial para militares, además de tener sus propios magistrados, se pueda nombrar a oficiales militares como jueces, situación que podría poner en duda su independencia e imparcialidad.
En sus visitas a la JEP y a la Corte, el fiscal Stewart ha sostenido que a la Jurisdicción Especial para la Paz se la debe dejar trabajar para que haya una paz con justicia y rendición de cuentas.
MILENA SARRALDE DUQUE
Redacción Paz y Justicia
