El duro salvamento de voto sobre la Corte y el exfiscal Martínez

El duro salvamento de voto sobre la Corte y el exfiscal Martínez

Magistrado de la Sala Civil cuestionó que Corte no estudiara de fondo petición de revocarlo. 

Néstor Humberto Martínez

El fiscal Néstor Humberto Martínez decidió dejar su cargo luego de que la JEP negara el pedido de extradición de Jesús Santrich.

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Milton Díaz / EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de agosto 2019 , 01:02 p.m.

En abril pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda con la que un ciudadano, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, pedía que se anulara la elección del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez.

Lo que no se conocía de esa decisión es un duro salvamento de voto de un magistrado que consideró que la Corte Suprema debió haber hecho un análisis más profundo sobre el supuesto conflicto de intereses de Martínez en el caso de corrupción de Odebrecht. 

Todo comenzó porque Ocampo le pidió a la Corte anular la elección de Martínez considerando que omitió entregar información "grave y relevante sobre su grado de conocimiento del escándalo de corrupción de Odebrecht".

Para Ocampo, cuando la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Néstor Humberto Martínez como Fiscal General,  en julio del 2016, presumía que él era el más idóneo y que tenía las mejores condiciones para desempeñar sus funciones en el ente acusador. Pero, a su juicio, la Sala Plena partió "de un conocimiento erróneo de las circunstancias particulares en las que estaba envuelto, y de los conflictos de interés potenciales y aparentes". 

Al estudiar la petición de Ocampo, la Sala Plena declaró improcedente su solicitud de revocar la elección de Martínez considerando que se presentó de forma extemporánea, y que no se pueden usar las reglas de revocatoria directa en actos administrativos para actos electorales. 

Eso significa que el argumento de la Sala Plena para mantener a Martínez en su cargo se basó en razones técnicas, pero no en argumentos de fondo sobre si el entonces fiscal debía dejar la Fiscalía por un supuesto conflicto de interés en el caso Odebrecht desde antes de ser elegido en ese cargo.

Aunque la Corte lo mantuvo en la Fiscalía, Martínez renunció a la cabeza del ente acusador un mes después, cuando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en primera instancia, le concedió la garantía de no extradición al exjefe guerrillero Jesús Santrich. 

Lo que no se conocía era el salvamento de voto del magistrado de la Sala Civil Luis Armando Tolosa Villabona.

Al apartarse de la decisión de la mayoría, Tolosa precisamente dijo que la Corte estaba rehusándose a estudiar el fondo del problema que se le había planteado, abandonando la función que la Constitución le dio como el encargado de elegir al Fiscal General y a otros dignatarios, y su responsabilidad en el equilibrio de poderes. 

Para Tolosa, no cabe duda de que si a la Corte Suprema se le dieron funciones electorales y se la encargó de elegir al Fiscal General y a otros dignatarios, el alto tribunal "debió asumir su plena responsabilidad estudiando el fondo de la cuestión planteada por la ciudadanía, porque si no controla política y democráticamente esa tarea, renuncia ante la propia Constitución y ante el Constituyente a la función y tarea que no reclamaron los jueces, sino que la propia Carta le entregó". 

Tolosa criticó, entonces, que sus compañeros, como electores del Fiscal General, se desentendieran de su deber de ejercer un control político sobre Néstor Humberto Martínez. "¿Se nombra o se elige a una persona para el ejercicio de un cargo neural en la política y se desentiende el elector de su control político cuando se cuestiona políticamente el ejercicio del mismo por la ciudadanía, ante hechos tan graves como los denunciados en el caso Odebrecht?", preguntó el magistrado. 

¿Se elige a una persona para el ejercicio de un cargo neural (...) y se desentiende el elector de su control político, (...) ante hechos tan graves como los denunciados en el caso Odebrecht?

Así, para Tolosa, no revisar de fondo los cuestionamientos contra Martínez es como si un empleador se abstuviera de revisar las tareas de sus empleados, los jefes de sus secretarios, los ciudadanos del parlamento, los presidentes de sus ministros, o los padres de sus hijos menores de edad. 

Tolosa dijo que no estaba afirmando que Martínez fuera responsable de los señalamientos que se estaban haciendo en su contra -pues una conclusión en tal sentido sólo podría ser viable respetando el debido proceso y tras un análisis de un juez-, pero señaló que censuraba la posición de sus compañeros de hacerse a un lado y marginarse de analizar el problema de fondo, "un problema que ameritaba para el país, para el futuro de las Cortes y para la propia democracia, estudiarlo, debatirlo y decidirlo en el fondo de la cuestión". 

El magistrado Tolosa dijo que la Corte no tenía por qué inhibirse de estudiar el caso que se estaba planteando contra Martínez, ni "prescindir de encarar lo toral (importante) de la cuestión" usando pretextos, porque eso llevaría al alto tribunal a "abandonar sus funciones electorales". 

En su salvamento, Tolosa también les dijo a sus compañeros que "la autonomía e independencia judicial de la Corte Suprema de Justicia no depende de simples dádivas democráticas, tal como habla la opinión pública, calificándolas de 'regalos envenenados'". 

El magistrado les recordó a sus compañeros que el poder de la Corte depende de su capacidad de ser independiente y autónoma para tomar sentencias judiciales, y no de un poder político que le otorguen las otras ramas. 

Así, finalmente, el magistrado criticó que al alto tribunal se le den funciones electorales porque esto terminó llevando a una "contaminación política". "Esas extrañas funciones distraen, ensombrecen, quiebran y menoscaban la tarea de construir y de hacer justicia, mutan en mortal la inmortal brega de juzgar y de reconocer derechos, se convierten en coyundas para la independencia del juez". 

Por eso para Tolosa, si al dársele a la Corte esas funciones electorales, el alto tribunal no cumple también con su responsabilidad de controlar a los elegidos por petición de la ciudadanía, "desconoce la democracia participativa, indispensable hoy para la construcción de una sociedad justa". 

La autonomía e independencia judicial de la Corte Suprema de Justicia no depende de simples dádivas democráticas

Puntualmente en el caso de Martínez, el magistrado asegura que los señalamientos que hizo el ciudadano para que se revocara su elección, eran "hechos nuevos, no conocidos, pero ahora ventilados inclusive por los medios de comunicación", por lo que la Corte que lo eligió a través de un acto administrativo sí podía ejercer un control sobre su decisión de nombrarlo en el ente acusador, y revocarlo si encontraba que se lesionaba el interés público o la Constitución. 

Esa situación, dijo, trascendía a la raíz de la función nominadora de la Corte respecto al Fiscal porque el ciudadano alegaba que si la Sala Plena hubiera conocido las situaciones que rodeaban a Martínez antes de su elección, la decisión pudo haber sido diversa "o se habría imposibilitado su confirmación como Fiscal General de la Nación". 

"La situación planteada en la solicitud de revocatoria entraña una inconstitucionalidad sobreviniente concreta, respecto de la cual no puede predicarse extemporaneidad alguna o de caducidad, sino la existencia plena de una inconstitucionalidad fáctica sobreviniente", dijo. Y agrega: "Al momento de ser elegido el señor Fiscal General, la Corte no conocía, por las razones que fueren, de la situación de hecho generante de la solicitud de estudio propuesta". 

Fue solo a través de las recusaciónes, impedimentos y la información que circuló en los medios, asegura Tolosa, que la Sala Plena tuvo información "sobre los sucesos que ahora consternan a la opinión pública y que para la Corte no podían ser desechados en su análisis", porque los señalamientos contra Martínez constituían "graves hechos". 

JUSTICIA

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