En el segundo día de audiencia pública en la Corte Constitucional sobre la Justicia Especial para la Paz intervendrán movimientos de vítimas, representantes de las fuerzas militares, organizaciones internacionales, entre otros invitados que darán su opinión sobre este nueva sistema de justicia que investigará y juzgará a las Farc.
La primera en intervenir fue Soraya Gutiérrez, representante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Aseguró que como víctimas de crímenes de Estado han sido vulnerables por la impunidad y la revictimización.
Dijo que si bien la paz estable y duradera justifica la creación de mecanismos judiciales y extrajudiciales, criticó la forma en la que serán juzgados los miembros de la Fuerza Pública con este nuevo sistema judicial.
Gutiérrez le pidió a la Corte que establezca que la JEP va a juzgar actos que guardan relación con el conflicto armado cuando hizo parte de las hostilidades, pero que no se desnaturalicen ni amplíen conductas "que si bien fueron desarrolladas en el conflicto por miembros de la fuerza pública, no guardan relación con el mismo".
Dijo que es necesario que la Corte reconozca la violencia política estatal y que esta no es distinta a la del conflicto armado, con el fin de que se establezcan responsabilidades individuales y personales.
"Atribuir todos los hechos y sus consecuencias al conflicto armado diluye la responsabilidad del Estado a la violación de los derechos humanos y distorsiona la memoria permitiendo que los victimarios la reconstruyan a su antojo", dijo Gutiérrez.
Sobre el tratamiento diferenciado para agentes del Estado, dijo que como víctimas ven con preocupación que sea interpretado como un tratamiento preferencial. "No se trata de una guerra jurídica como dijo ayer el Fiscal, sino de atenernos a la constitución vigente y al derecho internacional de los derechos humanos por los delitos que han sido cometidos por agentes de la Fuerza Pública".
Dijo que el alto tribunal debe tener en cuenta que a los militares no se les puede dar un mismo tratamiento en los juicios que haga la JEP, porque "se debe considerar al agente del Estado como garante del orden constitucional. Su trato no puede ser más favorable, sino más exigente porque era un servidor público. No se pueden comparar los delitos cometidos por los agentes del Estado a los delitos políticos. Si un servidor defrauda la confianza pública, es merecedor de una sanción penal", dijo Gutiérrez. Por eso afirma que su tratamiento no debe ser simétrico con relación a los demás actores armados, sino mucho más estricto.
Asegura que los beneficios que se le están concediendo a militares y policías van en detrimento de las víctimas, porque sus delitos se están igualando a los delitos políticos. "Mientras que para todos los demás la calificación se basará en el Código Penal para los agentes del Estado se cambio en tres aspectos porque se omite el Derecho Penal Internacional, la calificación jurídica de sus crímenes va a impedir que crímenes que no eran tipificados en el momento de la comisión no sean investigados por la JEP, y se eleva a rango legal las operaciones militares, y las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos", dijo la representante del Movice.
También criticó la responsabilidad de mando que creó la JEP. Según Gutiérrez, sólo se les va a aplicar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y no el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pese a que la Corte ya había establecido que deben ser juzgados con esas dos normas internacionales.
La JEP estableció que los uniformados son responsables por acción o si tuvieron información actual o actualizable y no hicieron nada para evitar los delitos, por lo que se limita la omisión que se venía aplicando en materia penal. Gutiérrez también criticó que se excluya la acción de repetición contra los miembros de la Fuerza Pública, y dice que se los excluyó de la posibilidad de reparar a las víctimas, y se los habilitó para contratar con el Estado y ejercer cargos públicos.
Catalina Botero, jurista y decana de la facultad de derecho de los Andes, dijo que en este debate el alto tribunal no debe discutir si se necesitaba más o menos justicia o más o menos verdad, sino si sustituye la Constitución. Dijo que la Corte ha proferido en su historia 62 sentencias relacionadas con procesos de paz. por lo que debe tener en cuenta su jurisprudencia.
Así, dijo que la misma Corte ya ha dicho que esos procesos de paz y justicias transicionales son compatibles con la Constitución Política si hay un mecanismo complejo que se acompañe, se complemente y se potencie. Pero Botero afirma que no basta que sea un sistema integral, sino que debe cumplir unos mínimos.
En estos casos, Botero asegura que se necesita verdad plena y este acto legislativo crea una Comisión de la Verdad.
Dice que en materia de justicia, la CPI ha dicho que vamos bien, pero afirma que la Corte debe tener en cuenta las sanciones. En este caso, Botero asegura que la JEP trae unas sanciones de restricción de la libertad y otras de privación de la libertad, dependiendo de la contribución a la verdad, y las sanciones son de naturaleza restauradora. En ese sentido, Botero considera que la JEP tal y como se concibió sí trae justicia porque es la que se admite en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, dijo que "la Fiscal (de la CPI) ha sido clarísima y las sanciones tienen que ser sanciones efectivas, y eso no está claro en el acuerdo. Es algo que tiene que definir el Tribunal. La Corte debe enviar un mensaje en qué consisten las sanciones efectivas", dijo Botero.
También dice que hay un vacío frente a los beneficios que se pierden cuando no se cumpla con lo pactado, o con el sometimiento a la JEP.
También asegura que se les hace un flaco favor a los militares cuando se dice que no hay responsabilidad de mando cuando se dice que jurídicamente el miembro de la Fuerza Pública no es responsable cuando no tenía la forma de dar la orden. "Ha habido masacres donde los acusados no tenían la competencia para dar esa orden, ni del territorio, pero dieron la orden y comandaron la ejecución. Si no se someten a la justicia de paz en Colombia, esas personas pueden ser juzgadas mañana", dijo Botero.
Fernando Vargas Valencia, de Codhes, dijo que a esta organización lo que más le preocupa es la forma en la que quedó establecida la reparación en la JEP.
Por eso dijo que debe haber un carácter prioritario para la reparación de las víctimas, y un compromiso de mantener alto nivel de ejecución de presupuesto para ese fin.
De la reparación criticó que la JEP estableció que será garantizada a partir del reconocimiento de recursos disponibles y y que señala que cuando haya amnistía o indulto no habrá acciones judiciales para indemnizar a las víctimas.
Dice que supeditar la reparación al modelo de sostenibilidad fiscal se basa en la errada concepción de que sólo las medidas de reparación son estatales.
Para Vargas, es claro que el acuerdo habla de la acción subsidiaria del Estado para reparar, cuando la guerrilla no pueda hacerlo, y del deber de las Farc de reparar tras un inventario de sus bienes.
"No es solo un problema de sostenibilidad fiscal, sino también un problema del Estado de perseguir las fuentes de reparación ilegítimas. El Estado tiene la obligación de que sean los victimarios quienes en un primer término reparen a las víctimas", dijo Vargas.
De otro lado, afirmó que no se ve cómo el Estado va a perseguir el patrimonio no sólo de las Farc, sino también de los terceros que se vieron beneficiados con el conflicto.
Asegura que la reparación no se trata sólo de medidas dinerarias, sino de que medidas que resarzan y restituyan los daños ocasionados por la violación de los derechos humanos. Dice que también se trata de la reparación simbólica y la redignificación. "El logro de la paz negociada depende de la satisfacción de las víctimas".
Herbin Hoyos, director de la Federación de Víctimas de las Farc, aseguró que su organización no es una facción política ni representa intereses partidistas, sino que busca representar los derechos de 77.000 víctimas directas de esa guerrilla. Afirmó que confía en la independencia de la Corte para cumplir en este caso "un papel de legitimación" y "corrige" lo que a su juicio, no es constitucional en la JEP.
Aseguró que de la JEP le preocupa, por ejemplo, que aunque se crea un Sistema Integral de Justicia, Reparación, y no Repetición para terminar el conflicto armado, "esto sólo sería posible si el sistema se soportara sobre la prevalencia de los derechos de las víctimas sobre los beneficios que se le están dando a los victimarios".
Según Hoyos, el derecho a la verdad no se garantiza plenamente porque la JEP tiene como fundamento el reconocimiento de responsabilidad pero "no es lo mismo la confesión plena y completa de la participación de violaciones a los derechos humanos, que el simple reconocimiento de los hechos que el Estado pueda llegar a probar a quienes comparezcan ante esta justicia".
Dice que la verdad sólo se satisface si existe una confesión completa de los crímenes.
Sobre el derecho a la justicia dijo que las amnistías e indultos no pueden abarcar crímenes de guerra. Aseguró que la excarcelación de responsables de crímenes de lesa humanidad "constituye en la práctica una renuncia temporal a la persecución penal por parte del Estado". Dijo que el hecho de que unos casos vayan a la JEP y otros se queden por fuera, "no puede llevar a la impunidad".
También dijo que se deben corregir las sanciones, particularmente las de medidas de restricción a la libertad que son accesorias a las penas restauradoras. Según Hoyos la sanción que ordena el derecho internacional es la cárcel.
Dice que las sanciones de trabajo comunitario no satisfacen "ni la proporcionalidad ni el carácter adecuado de la pena. ¿Qué de proporcional tiene para un responsable de miles de secuestros dictar conferencias? ¿Qué de reparador para el responsable de homicidios tiene reparar un puente?", dijo Hoyos. Según Hoyos, desconocer que la sanción debe ser la cárcel va en contra de lo que ha dicho la Corte Penal Internacional.
Además, dijo que la riqueza acumulada de las Farc debe ir para reparar a las víctimas, por lo que considera que la Corte debe ratificar esa obligación. Asegura que no se puede habilitar que la guerrilla participe en política si no ha entregado todo el capital que ha acumulado en el conflicto.
El general retirado Jaime Ruiz, de la Asociación de Oficiales en Retiro (Acore) dijo que la JEP les ha generado muchas preocupaciones en cuanto a lo que será aplicado en justicia transicional para los miembros de la Fuerza Pública.
Asegura que están pidiendo garantías procesales y la no impunidad, pero afirma que el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública debe ser equilibrado. Dice que la JEP dejó puertas muy peligrosas porque se debía agregar en esta ley la palabra "preferente" para el tratamiento de los miembros de la Fuerza Pública.
"Esa insistencia de la extrema radical de ver cómo aplicarnos el mayor rigor y la justicia internacional, es porque nos quieren ver consumidos, acabados y eliminados", dijo.
El general en retiro, Jaime Ruiz, dijo que hay 15.000 hombres vinculados a procesos penales por razón del conflicto. Por eso dijo que en manos de los magistrados está la revisión minuciosa de esta ley.
Juanita Huertas Estrada, representante del Institute for Integrated Transitions asegura que la JEP no estableció cuáles serán las consecuencias del incumplimiento.
Por eso dice que la Corte Constitucional debería establecer que todos los tratamientos penales especiales como amnistías, indultos, renuncia a la persecución penal y las sanciones se condicionen a la verdad, a la reparación integral (material y de obras, y la no repetición) se pueden perder si no se cumple con los compromisos de la JEP.
También dijo, que la Corte debe evaluar la gravedad de los incumplimientos y las consecuencias deberían derivar en la dosificación de las penas o las pérdidas de los tratamientos especiales para que se apliquen penas de la justicia ordinaria si hay incumplimiento total.
También dijo que si bien la JEP se debe concentrar en los crímenes más graves, se deben construir macroprocesos y facilitar que se vaya más allá a verdades contextuales.
En materia de sanciones, aseguró que la Corte debe precisar el tipo y grado de restricción de la libertad por lo que hay una ambigüedad. Por eso le dijo que se debería asegurar que las sanciones sean retributivas de restricción de la movilidad. Asegura que el tiempo retributivo de restricción de movilidad sólo puede empezar a contarse una vez estén efectivamente restringidos de esa movilidad.
Además, dice que el acuerdo y la ley no dejan claro si durante el cumplimiento de la sanción los guerrilleros van a poder participar o no en política.
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