La ley que reglamenta la justicia para los actores del conflicto retomó su ritmo en el Congreso, pero va dejando incomodidades a su paso.
Toda una polémica generaron este jueves en sectores políticos y jurídicos los nuevos requisitos que se les impondrían a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que, de llegar ser una realidad, dejarían por fuera a más de uno de los togados seleccionados para esos cargos.
Las nuevas inhabilidades fueron incorporadas al proyecto de ley que reglamenta la justicia para los actores de la guerra en el segundo de cuatro debates en la plenaria del Senado, el cual se terminó de aprobar el miércoles pasado en la noche.
Entre lo aprobado en el Senado dice que los magistrados de la JEP no podrán haber sido abogados en procesos que tengan alguna relación con el conflicto armado durante los últimos cinco años, así haya sido a favor o en contra del Estado.
Adicional a esto, tampoco podrán haber interpuesto recursos ante el Estado en temas relacionados con derechos humanos, en Colombia o en tribunales internacionales, ni haber “participado” o haber “emitido opinión o concepto profesional sobre la reglamentación” de este modelo de justicia transicional.
La creación de este nuevo régimen para los magistrados de la JEP, quienes fueron designados desde hace casi dos meses, fue una propuesta de Cambio Radical, el partido del exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Inclusive, el pasado 16 de octubre, en entrevista con EL TIEMPO, el propio Vargas Lleras anunció que Cambio Radical promovería estos nuevos requisitos.
“No puede ser que quienes van a tener esta enorme responsabilidad (los magistrados de la JEP) carezcan de un régimen de inhabilidades y conflictos de interés, como cualquier otro servidor público de Colombia”, afirmó Vargas en ese momento.
El senador por Cambio Radical Germán Varón, cercano a Vargas y quien impulsó la propuesta en el Senado, le explicó a este diario que la razón principal para ello es que los magistrados de la JEP “no se pronuncian en temas de orden jurídico, como lo hacen las altas cortes”, sino en criterios que “no son necesariamente legales sino subjetivos”.
Para Varón, los nuevos requisitos se aplican en igualdad a sectores de derecha y de izquierda en los que ha habido víctimas en medio del conflicto.
El más fuerte opositor a esta norma fue, por supuesto, el Gobierno. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que espera que en el último debate del proyecto, en la plenaria de la Cámara, se puede “reversar esa decisión”.
“Si esto no es así, creeríamos que la Corte Constitucional la declararía inexequible. Hay que recordar que este es un proyecto de ley estatutaria que antes de entrar en vigencia requiere examen de ese alto tribunal”, afirmó el ministro.
En el mismo sentido, el presidente Juan Manuel Santos afirmó, una vez finalizado el trámite en el Senado, que “es muy importante que la Cámara cumpla con sus responsabilidades y cumplirle a la contraparte, a la comunidad internacional y, sobre todo, a las víctimas”.
La senadora por Alianza Verde Claudia López, defensora del proceso de paz con las Farc, dijo que “inventarse inhabilidades posteriores a la selección” de estos magistrados “es una trampa”.
Para Jaime Amín, senador del Centro Democrático, los requisitos que había eran “muy débiles”, y el carácter tan elevado de este nuevo modelo de justicia hace que sus magistrados deban tener “requisitos muy exigentes para hacerle contrapeso al sesgo ideológico que ya se veía” dentro de ellos.
Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, aseguró que le parece “grave y preocupante porque es una discriminación contra el ejercicio legítimo del derecho, y contra las personas que reclamen o hayan reclamado reparación en relación con violaciones de derechos humanos”, lo que consideró “inadmisible en un Estado de derecho”.
“El ejercicio de la abogacía en la defensa de los derechos humanos no puede ser descalificado. Justamente lo que se pactó en el acuerdo es que para ser miembro de la JEP se requiere conocimiento y experiencia en derechos humanos”, dijo Luis Guillermo Pérez, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El responsable de la ponencia del proyecto de ley en Cámara, Hernán Penagos, afirmó que “tal como fue aprobado este artículo” en Senado “se estaría contrariando el acto legislativo” que creó la JEP y por tanto "sería inconstitucional”.
La Organización de Naciones Unidas manifestó este jueves su preocupación por el “posible cierre” de la opción prevista en el acuerdo de paz para la participación política de las Farc.
Según Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Políticos, “el no cumplir con este compromiso esencial” luego de que la guerrilla entregó las armas tendría repercusiones “muy graves” para el proceso y “no sería entendido ni aceptado por la comunidad internacional”. Para Feltman, aunque la implementación es más dura que la discusión del acuerdo, debe mantenerse el rumbo pactado.
Entrevista a Patricia Linares, presidenta de la JEP.
1. ¿Qué opina sobre las inhabilidades que propone el Congreso?
Todo pareciera indicar que se trata de inhabilidades construidas a partir de lo que ha sido el ejercicio de la profesión de varios colegas, como los que se han dedicado al litigio internacional, han defendido a víctimas o al Estado. Esas inhabilidades serían inconstitucionales porque ese trabajo hace parte del ejercicio lícito de los abogados.
2. ¿Qué esperan que pase ahora?
Esperamos que la Cámara de Representantes rectifique esto que es inconstitucional, y si no lo hace, en todo caso será la Corte Constitucional la que revise de manera automática esta norma, que no entrará a regir hasta que el alto tribunal le dé su visto bueno.
3. ¿Cómo va a seguir operando por el momento la JEP?
Nosotros seguimos con un cronograma y un plan de trabajo. Se está trabajando a toda marcha, con el apoyo del Gobierno, para poner en pleno funcionamiento a la JEP. Con ese plan de trabajo se aspira que a mediados de enero estén posesionados los magistrados.
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