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Han muerto 17 niños por desnutrición en 2021 en La Guajira: Defensor
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Archivo EL TIEMPO

Han muerto 17 niños por desnutrición en 2021 en La Guajira: Defensor

Ante Corte Constitucional, organismos denunciaron incumplimiento de fallo que evidenció crisis.

En 2017, la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la situación que viven los niños y niñas del pueblo Wayúu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia en La Guajira y en especial sobre los derechos al agua potable, la alimentación y la salud.

En el marco de una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las órdenes dadas en esa oportunidad, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, denunció que este año han fallecido 17 niños por desnutrición en el departamento.

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"El fallecimiento de menores de cinco años por causas asociadas a la desnutrición ha disminuido en los últimos tres años al pasar de 20 casos en 2018 a 13 en 2020. Y es inaceptable que en lo corrido de 2021 han muerto 17 niños por esta causa prevenible", dijo Camargo.

Estas cifras son diferentes a las presentadas por Ruth Chaparro, directora de la veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017, quien dijo que desde la emisión del fallo han muerto 285 niños, muertes que en su criterio eran evitables si se cumplieran las órdenes. "En 2018 murieron 118 niños. En 2019, 84 y en 2020, 65. En 2021, van 18 niños", señaló.

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A su turno, la Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau Alvargonzalez, dijo que para el gobierno del Presidente Iván Duque es prioridad trabajar para frenar las muertes por desnutrición infantil.

"No nos hemos detenido un instante para que ese propósito se cumpla de manera sostenida. Si bien hoy el indicador presenta una mejora, pasando a 51 casos en 2020, nuestra meta es lograr que esta cifra esté en cero", dijo.

El Defensor señaló además que actualmente no hay información disponible para hacer un diagnóstico del estado actual de la desnutrición crónica de niños y niñas menores de cinco años. Y señaló que se necesita atención urgente para ello, dado que la pandemia de COVID-19 agudizó la crisis en La Guajira.

La sentencia 302 de 2017 creó un mecanismo de seguimiento a fin de que se crearan soluciones articuladas entre la comunidad, los municipios, el departamento y el Gobierno Nacional sobre los derechos de la niñez del pueblo Wayúu. Cuatro años después y ante la falta de avances, la Corte decidió asumir directamente la competencia para el cumplimiento del fallo.

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Cuatro años después, en la audiencia realizada este viernes, tanto la Defensoría como la Procuraduría aseguraron que no hay avances concretos para superar la crisis humanitaria, ni siquiera para crear el plan de acción necesario. Y menos, sobre el impacto real de la pandemia en el departamento.

"El mismo contexto de la pandemia se presentó en La Guajira solo que quedó aceptada, en mayor medida, la población ya de por sí vulnerable, dificultándose aún más en la niñez Wayúu el acceso al agua potable, a la salud, a la alimentación", dijo el viceprocurador Antonio Thomas Arias quien pidió un espacio claro para poder hacer un diálogo adecuado.

Por su parte, Ruth Chaparro pidió a la Corte que declare en desacato al Gobierno y que no otorgue nuevos plazos para que se cumplan 11 órdenes dictadas desde 2017 ya que, en su criterio, esto se convierte en "muerte".

"Entidades que de manera reiterativa eluden sus responsabilidades. Envíamos 166 derechos de petición solicitando información del cumplimiento de las sentencias y el 91 % no respondió. No responden y el 9 % que sí lo hace, dice que no es su competencia", señaló Chaparro. 

"'¿A qué factores obedece todo esto? En general: negligencia, falta de voluntad, exclusión y racismo", agregó.

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Chaparro, además, le pidió a la comunidad Wayúu que pidan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales (que son de obligatorio cumplimiento para los Estados).

"Nos duele la muerte de los niños. Esos 285 niños se las dejo a la conciencia de los funcionarios. La suerte de ellos está en manos de las autoridades judiciales y de los organismos de control. No es posible que condenemos a los niños a morir de hambre", dijo Chaparro.

Mauricio Albarracín, vocero de Dejusticia, señaló ante la Corte que pocas veces se ha visto un incumplimiento de decisiones judiciales como en este caso y señaló que no es posible hacer un análisis de impacto real al respecto por falta de información o porque el gobierno ha entregado información general, sin el detalle que se necesita para evaluar una política pública. 

"Los clamores cada vez más desesperados no son escuchados por el Gobierno", dijo Albarracín al señalar que es la Presidencia de la República, la Procuraduría y el Tribunal Superior de Riohacha los principales responsables del incumplimiento de la decisión que busca la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

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"La primera falla es la falta de creación de un plan de acción", señaló el jurista al indicar que, lo que sí se ha avanzado, se ha hecho de manera tardía y por fuera de los parámetros fijados por la Corte Constitucional. "Sin plan de acción es imposible que haya un cambio", agregó.

"El Gobierno inició tardíamente el diálogo. Debió iniciarse en julio de 2018 pero el Gobierno pidió dos aplazamientos de esa orden al Tribunal", explicó. Albarracín señaló que no se ha hecho una socialización correcta de la sentencia y aseguró que el Tribunal, que debía hacer la vigilancia inicialmente, no hizo su trabajo y en cambio otorgó plazos adicionales al gobierno a pesar de los reparos de la comunidad.

En ese sentido, Dejusticia le solicitó a la Corte que fijé un mecanismo urgente de implementación, que se hagan audiencias en terreno y que se le ordene al Presidente  de la República hacer un diálogo directo con el pueblo Wayúu y que pida disculpas. Además, el Centro de Estudios solicitó que se inicien los incidentes de desacato correspondientes y que se inicien investigaciones de parte de la Procuraduría General.

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En la diligencia, Javier Rojas, representante del pueblo Wayúu, dijo que "hay miles de niños sin atención. La indolencia sigue de parte del ICBF y no se apersonan de nuestra niñez. El suministro de agua es prácticamente nulo, el poco recurso se lo tiene que sortear al comunidad y buscar la manera de sobrevivir".

"Llevamos seis años desde que hay medidas cautelares (ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), cuatro desde la sentencia y no vemos ninguna solución de parte del gobierno. No hay un diálogo genuino con las autoridades. La crisis humanitaria persiste. La llegada de la pandemia empeoró la situación", agregó.

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Tanto Rojas como Custodio Valbuena Guauriyu, otro vocero de la comunidad Wayúu, dijeron ante la Corte que sienten que no son tenidos en cuenta como seres humanos con derechos de parte de los funcionarios encargados del cumplimiento del fallo. 

"Hay una lucha insistente en aceptarnos como sujetos de derechos, como una cultura autónoma. Esta actitud de negación, de racismo, de apartheid, generan dificultades y no es posible un diálogo genuino si no hay un actitud de acepar que somos gente y tenemos alma", dijo Valbuena.

El Director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Eduar Alirio Calderón, indicó ante la Corte que se adelantan 29 investigaciones por hechos de corrupción asociados con la atención de la niñez en La Guajira.

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"Tenemos dos procesos de extinción de dominio y cuatro sentencias condenatorias", dijo Calderón. Además, señaló que están en marcha cuatro indagaciones por irregularidades en el manejo de recursos destinados al manejo de programas de alimentación por parte de las entidades territoriales.

La Consejera Presidencial para las Regiones, Ana María Palau Alvargonzalez, también dijo que a la fecha hay 35 entidades vinculadas al cumplimiento del fallo, que han adelantado 207 acciones al respecto con una inversión que supera los 1.6 billones de pesos.

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Esas acciones, dijo, fueron dirigidas para superar la crisis de desnutrición y mortalidad infantil. "Se han desarrollado más de 10 millones de atenciones, el 95 % corresponden a los sectores de salud y agua", agregó.

"Tenemos esquemas diferenciales en materia de normatividad sobre agua. Se ha hecho el proceso de asistencia técnica a través de la empresa prestadora", agregó Palau al indicar que hay dos programas en materia alimentaria y tres líneas de acción en materia de trabajo.

Palau dijo que el Gobierno ha tomado 58 acciones para atender la pandemia en el departamento. Ante las preguntas de la Corte Constitucional, la Consejera Presidencial señaló que de 40 reuniones pactadas inicialmente, se dispuso que 22 se realizarán con la comunidad para temas de consulta previa del plan de acción.

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Palau indicó que el ejercicio iba a iniciar en febrero pero que se tuvo que aplazar y ahora están a la espera de llegar a un nuevo acuerdo para iniciar las reuniones. 

justicia@eltiempo.com
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