Un documento de seis páginas, firmado entre el presidente Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, selló el fin del examen preliminar que ese organismo internacional mantenía sobre Colombia desde hace 17 años.
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El 'Acuerdo de cooperación entre Colombia y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional' contiene varios compromisos asumidos por Colombia para salir de la lista de observación de la CPI.
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Uno de los más importantes es que el gobierno, que ha sido crítico del acuerdo de paz firmado con las Farc, se compromete a no afectar la institucionalidad creada a partir de ese acuerdo.
Parte de esa institucionalidad es el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
El acuerdo firmado entre Duque y el Fiscal de la CPI consta de siete artículos, incluyendo la vigencia. El primero de ellos señala que el Gobierno se compromete a continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz.
"En particular, el Gobierno continuará: (i) salvaguardando su marco constitucional y legislativo establecido y su estructura; (ii) asignando el presupuesto necesario para su implementación, y (iii) previniendo cualquier interferencia con sus funciones", dice este punto, que también señala que el gobierno deberá asegurar la seguridad y protección del personal judicial y de los fiscales, así como de los participantes que comparezcan ante los diferentes mecanismos de rendición de cuentas, y promover la plena cooperación y coordinación entre las diferentes entidades del Estado.
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El artículo segundo del acuerdo establece que el país deberá seguir informando a la Fiscalía de la CPI sobre los avances de las investigaciones por los casos que estaban en estudio y facilitará el acceso a la CPI a la documentación que requiera.
El tercer punto, del otro lado, señala: "La Fiscalía de la Corte se compromete a seguir apoyando los esfuerzos de Colombia en materia de rendición de cuentas, en el marco de su mandato y sus recursos".
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En el cuarto punto se dice que se propiciará el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas y que habrá visitas anuales e intercambios entre la Fiscalía de la CPI y las instituciones colombianas.
El siguiente artículo tiene que ver con un compromiso de la CPI de participar en programas para profesionales jurídicos colombianos sobre los últimos desarrollos y decisiones emitidas por ese organismo internacional.
Por último, el acuerdo dicta que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podrá reconsiderar su evaluación y decisión de cerrar el examen preliminar a la luz de cualquier cambio significativo de las circunstancias, "incluyendo toda medida que pueda obstaculizar significativamente el progreso y/o la autenticidad de los procedimientos pertinentes y la aplicación efectiva y proporcionada de sanciones penales de naturaleza retributiva y restaurativa".
También si se presentan "iniciativas que resulten en importantes obstrucciones al mandato y/o al funcionamiento adecuado de las jurisdicciones pertinentes; o cualquier suspensión o revisión del esquema judicial establecido en el acuerdo de paz de manera que pueda retrasar u obstaculizar el desarrollo de procedimientos nacionales genuinos", dice el texto.
El acuerdo culmina señalando que, para asegurar el flujo de información y demás asuntos relacionales, se mantendrán las líneas de comunicación entre la Fiscalía de la CPI, el gobierno colombiano y la JEP.
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