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Corte tardó 16 años en fallar caso atribuido a ‘Los 12 Apóstoles’
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Corte tardó 16 años en fallar caso atribuido a ‘Los 12 Apóstoles’

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Expediente por crimen de Carlos Rendón llegó al Consejo de Estado en 2005. Caso está en la CIDH.

El 7 de noviembre de 1993 en Yarumal, Antioquia, tres presuntos integrantes del grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’ ingresaron por la fuerza a una casa, sacaron a Carlos Emilio Rendón Naranjo y lo mataron. Apenas unos meses antes, en septiembre de ese año, la personera del municipio había denunciado el incremento de homicidios y la Defensoría alertaba por una presunta relación de la fuerza pública con ese grupo ilegal.

Bajo esos argumentos, por falta de esclarecimiento y por omisión del deber de protección, la familia demandó a la Nación en 1995. El caso, luego de ser negado en primera instancia, llegó al Consejo de Estado en el 2005 y solo hasta ahora, 16 años después, emitió sentencia.

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La Sección Tercera del alto tribunal tuvo el caso para fallo a despacho desde 2006 y luego cuatro veces más en un lapso de seis años. Solo hasta el 30 de junio de 2015 en los registros públicos apareció el registro del primer proyecto de sentencia. Los abogados pidieron al Consejo Seccional de la Judicatura una vigilancia administrativa al proceso por la demora que explica que el caso tuvo cuatro proyectos de sentencia.

Incluso, la familia interpuso una tutela contra el alto tribunal por la demora injustificada en emitir sentencia que fue admitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en mayo pasado. La decisión definitiva, conocida por EL TIEMPO, tiene fecha de febrero pero en los registros públicos y el sistema del alto tribunal solo aparece registrada el 28 de mayo pasado.

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La decisión, tras años de espera, fue la de negar las pretensiones de la demanda, tal y como había hecho el 13 de febrero de 2005 la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó. ¿Cuáles fueron los argumentos?

Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, el Consejo de Estado dijo que no se pudo verificar con las pruebas existentes la relación entre integrantes de la Policía Nacional y el grupo paramilitar ‘Los 12 Apóstoles’. Igualmente, adujo que el crimen no se le puede imputar, ni por acción o por omisión, al Estado.

En el expediente se encontraban como pruebas el informe que rindió la personera de entonces de Yarumal el 15 de septiembre de 1993 por el aumento de muertes violentas de personas con antecedentes penales y una queja radicada en octubre de ese año en la Procuraduría denunciando un grupo de limpieza social en el municipio que al parecer actuaba con el aval de la Policía.

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Carlos Emilio Rendón murió baleado en la casa. La Policía en ese momento dijo que el crimen fue una venganza por un problema que este tenía con unos mineros, ya que este hombre residía en otro lugar y había llegado a Yarumal a esconderse.

Al tiempo, la Defensoría denunciaba las amenazas que estaba recibiendo la personera de Yarumal por sus informes, haciendo público la existencia de ‘Los 12 Apóstoles’. Por la muerte de Rendón Naranjo no se abrieron investigaciones ni en el Ejército o la Procuraduría, pero sí una en la Fiscalía en junio de 2008 en la que se ordenó la captura de una persona.

Al analizar los testimonios de testigos del hecho, el Consejo de Estado señaló que no es posible establecer “una autoría material del daño antijurídico en un agente del Estado, en ejercicio de sus funciones, por medio de su arma de dotación oficial”.

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Lo anterior porque los testimonios varían sobre la persona que habría disparado contra Rendón Naranjo (señalando tanto a ‘Los 12 Apóstoles’ como al F-2) y, en últimas, por que no hay evidencia que permita concluir qué pasó. El expediente solo acreditó a modo de certeza que Rendón era minero y 15 días antes de su muerte había sido herido con arma de fuego.

El Consejo de Estado señaló que, contrario a lo que pedía la demanda, el crimen de la víctima no es imputable a la Nación porque la Policía no cumplió con su deber de proteger a la población a pesar de que en el municipio se estaban registrando crímenes por parte de ‘Los 12 Apóstoles’.

“Solo quedó acreditado en el proceso que varios ciudadanos del municipio de Yarumal, Antioquia, la Personera Municipal, el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP- y la Procuraduría denunciaron la creación de un grupo de “limpieza social” que operó en el municipio de Yarumal, Antioquia, durante los años 1993 y 1994. Sin embargo, de estas denuncias no se puede deducir la participación del grupo de “limpieza social” en la muerte de Carlos Emilio Rendón Naranjo, que era la materia de este litigio”, dice la sentencia.

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El alto tribunal dijo que “no desconoce la gravedad de las denuncias hechas, pero ello no es suficiente para deducir responsabilidad alguna de la entidad demandada”.

“Como en el proceso no se acreditó la participación de un agente de la Policía en el homicidio de Carlos Emilio Rendón Naranjo, ni que este haya solicitado protección ni que la Policía haya omitido sus deberes de seguridad y protección, no se configuró una falla en el servicio. En consecuencia, la muerte de Carlos Emilio Rendón Naranjo no es imputable a la Nación-Ministerio de Defensa y, por ello, se confirmará la sentencia apelada”, dice el fallo que tuvo un salvamento de voto.

Caso fue admitido en la CIDH

Aunque el Consejo de Estado asegura que el crimen no se le puede endilgar a ‘Los 12 Apóstoles’ ni al Estado, el caso por la muerte de Carlos Rendón Naranjo, Luis Holguín Jurado y Oscar Upegui Saldarriaga fueron admitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2020, todos como presuntas víctimas de ese grupo paramilitar.

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Luis Holguín Jurado vivía en Yarumal y fue asesinado el 12 de agosto de 1993. Según la petición elevada a la CIDH, tres meses antes había sido amenazado para que desalojara un terreno que al parecer pertenecía a un integrante de ‘Los 12 Apóstoles’.

Tras su muerte, su familia fue desalojada y se tuvo que desplazar. En este caso, el 14 de junio de 2012, el Consejo de Estado no solo falló en favor de la familia sino que acreditó la existencia de ‘Los 12 Apóstoles’ y señaló que sus acciones fueron toleradas por integrantes de la fuerza pública y que algunos de sus miembros hicieron parte del mismo.

Por su parte, Óscar Hernan Upegui Saldarriaga fue asesinado el 7 de setiembre de 1993 en un cuarto de hotel ubicado a dos cuadras del Comando de la Policía. En este caso, el 28 de mayo de 2012 el Consejo de Estado condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional por omisión.

La petición elevada a la CIDH apunta a que las actividades ilegales de grupos de “limpieza social”, para la época en Yarumal eran de conocimiento público y que la participación de miembros de la fuerza pública también había sido denunciada con antelación y durante la ocurrencia de los asesinatos de las presuntas víctimas.

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Igualmente, señala que a pesar de las denuncias hechas en el momento por entes de control, el Estado no adoptó medidas de seguridad especiales y necesarias e incurrió en faltas y retrasos en las investigaciones relacionadas con las muertes que tenían relación con la “limpieza social”.

Ante la CIDH, el Estado se opuso a la petición asegurando que el caso no debía ser admitido, que ya la justicia interna había ordenado la reparación de las familias de dos casos y que todavía faltaba el pronunciamiento del Consejo de Estado por el caso de Carlos Rondón. Además, señaló que los procesos penales siguen en curso.

No obstante, la CIDH dijo que se requiere un estudio de fondo del caso en relación con la “alegada falta de prevención de la muerte de las presuntas víctimas ocurrida en el municipio de Yarumal, como resultado de la omisión y acción de las fuerzas militares y policiales, así como la falta de una investigación penal efectiva respecto de todos los posibles responsables, y el desplazamiento interno de los familiares a raíz de los hechos denunciados y cuya naturaleza múltiple y compleja habría ocasionado afectaciones directas y el desarraigo en términos económicos, sociales y culturales”.

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Según la CIDH, “de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar posibles violaciones a los derechos protegidos en los artículos 4 (vida), 5 (integridad personal), 8 (garantías judiciales), 22 (circulación y residencia), 25 (protección judicial) y 26 (derechos económicos, sociales y culturales) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con sus artículos 1.1 y 2, respecto de las presuntas víctimas y sus familiares”.

justicia@eltiempo.com
En Twitter: @AlejaBonilla

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