El martes de la semana pasada, la Corte estudió y aprobó una norma que faculta al tribunal separar temporalmente a un magistrado que se encuentre investigado por la comisión de un delito o que imposibilite la correcta administración de justicia y ponga en tela de juicio el buen nombre, la imagen y la legitimidad institucional de la corporación.
Parte de lo que definirá la Corte ahora es el tiempo por el que se daría la suspensión del cargo y si el magistrado seguiría recibiendo un salario.
Al inicio del escándalo, la Corte en pleno le pidió en dos ocasiones a Gustavo Malo Fernández que se apartara del cargo ante la gravedad de los señalamientos.
Fuentes consultadas en el Tribunal aseguraron que se espera que esta semana la norma sea incluida en el reglamento de la Corte y se haga efectiva por primera vez en el caso del magistrado Malo Fernández, quien asumió en octubre del 2012 y a quien restan tres años para finalizar su periodo.
A finales de septiembre, el magistrado pidió una licencia no remunerada para ausentarse de su cargo durante dos meses, los cuales se cumplen el próximo 1.° de diciembre. El argumento de Malo para retirarse de la función judicial era que necesitaba asumir su defensa, en el tema de corrupción en el que fue mencionado, lejos de su condición de magistrado.
En su contra aparece el testimonio del exmagistrado auxiliar José Reyes, quien dijo que desde el 2015 había evidencia suficiente para dictarle al senador Musa Besaile medida de aseguramiento. Pero Malo no procedió.
De hecho, Reyes aseguró que su salida de la Corte, en el 2015, se dio por ser considerado la piedra en el zapato. Besaile reconoció que pagó 2.000 millones de pesos para que le frenaran la orden de captura por ‘parapolítica’, un expediente en manos de Malo desde el 2014.
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