Corte ratifica condena contra Aida Merlano pero baja su pena a 11 años

Corte ratifica condena contra Aida Merlano pero baja su pena a 11 años

El alto tribunal tomó esta decisión en segunda instancia. Su primera condena era de 15 años.

Aida Merlano

Aida Merlano habla durante la audiencia especial en Caracas.

Foto:

Efe

Por: Justicia
29 de mayo 2020 , 04:24 p.m.

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra la excongresista Aida Merlano por corrupción electoral, pero le bajó la pena que inicialmente estaba en 15 años de prisión, y ahora la estableció en 11 años y cuatro meses. 

La Sala Penal de la Corte ratificó en segunda instancia la sentencia que se dictó en contra de Merlano  por los delitos de corrupción al sufragante, concierto para delinquir o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal. Merlano, quien se  fugó de las autoridades en octubre del año pasado, se encuentra detenida en Venezuela, donde fue capturada a finales de enero por entrar a ese país con documentos falsos. 

(Le invitamos a leer: Los poderosos de la Costa a quienes toca fallo contra Aída Merlano). 

Al tomar esta decisión de segunda instancia, la Sala de Casación Penal remitió la sentencia a la Mesa Directiva del Senado de la República para que establezca la silla vacía de la curul que tenía Merlano. 

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Esa curul había sido ocupada por la senadora Soledad Tamayo, quien había sido posesionada en una polémica decisión por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías. 

Al considerar que Merlano no podía ser reemplazada porque se le debió haber aplicado la silla vacía, la Corte compulsó copias contra la Mesa Directiva del Senado de esa época para que la  Procuraduría General  investigue "la posible omisión de hacer efectiva esta figura cuando fue capturada la electa senadora". 

Al ratificar la condena, dice la Corte, el fallo desvirtuó los ataques de la defensa de Merlano contra las pruebas y los fundamentos jurídicos con los que la Sala Especial de Primera Instancia la condenó en septiembre del año pasado. 

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Así, para la Corte no queda duda de que Merlano "torció la voluntad del sufragante y consiguió una elección ilegítima en 2018". Entre otras pruebas, el alto tribunal tuvo en cuenta un video que registra el enfado de Merlano hacia el patrocinador de su campaña y su promotor, el cuestionado empresario Julio Gerlein Echevarría, "por no entregarle la suma ofrecida para sobornar al elector", unos 2.000 millones de pesos.

Ese video se encontró en la sede política de Merlano y en él, dice la Corte, se escucha a Merlano decir: "Es que este hijueputa… a lo bien, ya el debate me lo bajó a 1.300, según él; o sea no pagamos casas de apoyo, no pagamos votos, no pagamos… tú crees que yo voy a dejar de pagarles a los líderes.” Además, agrega en el video:  "Pa’ cerrar el debate necesito 2.300… Nosotros nos terminamos gastando la mitad, es correcto. Pero por mucho que quiera ahorrar, esa vaina no baja de 1.500 millones. No baja”. 

Merlano torció la voluntad del sufragante y consiguió una elección ilegítima en 2018

La Corte dijo que la organización política de Merlano "mutó en una organización ilegal" y que el grupo político "encubrió una asociación ilegal conformada por funcionarios públicos y particulares, para garantizar su elección el 11 de marzo de 2018". 

(Lea: La identidad falsa que usó Aída Merlano para entrar a Venezuela). 

Según el alto tribunal, Merlano aprovechó "a plenitud y sin escrúpulos" los réditos por ser representante a la Cámara y por ser candidata al Senado con el apoyo del llamado clan Gerlein, posición que le permitió "confabularse con reconocidos empresarios, políticos del más elevado nivel y con otros con influencia regional, para aprovechar los recursos públicos de orden municipal en su beneficio". 

Aunque la defensa de Merlano intentó desacreditarlo, la Corte Suprema de Justicia le dio plena credibilidad a Francisco Rafael Palencia Borrero, quien trabajó en su campaña y fue uno de los testigos en su contra sobre la compra de votos. También lo dicho por Rafael Antonio Rocha Salcedo, que en documentos aparece como coordinador y quien contó cómo los votantes debían darle a los líderes regionales su certificado electoral para poder recibir el dinero. A esto se suman las declaraciones de otras personas que reconocieron haber recibido dinero por su voto, o que se enteraron de los ofrecimientos. 

El alto tribunal también dijo que quedó demostrado que Aida Merlano sabía, conocía y permitía el porte ilegal de armas de fuego que se encontraron en el allanamiento a su sede de campaña Casa Blanca, en Barranquilla, en donde además quedó en evidencia cómo funcionaba su empresa ilegal de compra de votos. Asegura que acudieron a esa forma ilegal de protección, precisamente por las actividades ilícitas que desarrollaban en esa casa y para vigilar el dinero con el que se compraban los votos, algo que ella conocía dado su "liderazgo en la campaña". 

Aída Merlano

Fotografía cedida por Prensa Miraflores que muestra a la ex congresista Aida Merlano durante una audiencia judicial en Caracas (Venezuela).

Foto:

Efe

Aunque en el caso de Gerlein la Corte dice que él "tiene que asumir las consecuencias de sus actos", también es cierto que no sólo el fue el responsable de todo, como intentó hacerlo ver la defensa de Merlano, sino que ella conocía lo que ocurría al interior de su campaña, así cómo se conformaba la seguridad y el porte de esas armas. 

Este nuevo fallo también vuelve a Mencionar a Julio Gerlein Echeverría -cuyo proceso penal pidieron trasladarlo a Bogotá- y de quien, según la Corte, su apoyo económico fue "indispensable para solventar la compra de votos". Así lo contó por ejemplo Evelyn Carolina Díaz, quien se vinculó a estas campañas de Merlano desde el 2008, y dijo que su financiador desde el 2015 fue Gerlein, quien era su pareja, y quien daba todas las instrucciones. 

Pero además, la Corte asegura que recursos públicos terminaron siendo usados para facilitar el fraude electoral de Merlano. Así, dijo el alto tribunal, concejales afines a su grupo político "propiciaron la apropiación de bienes del Estado, al permitir que funcionarios contratados formalmente para trabajar en la Unidad de Apoyo Normativo del Concejo de Barranquilla, lo hicieran para la campaña de Merlano". Con ella, esos funcionarios asumieron "responsabilidades privadas, y también ilícitas, lo cual no es una indelicadeza, sino un delito". 

Por eso es que para la Corte es claro que una organización política terminó convirtiéndose en una organización ilegal. Y en ese grupo, asegura el alto tribunal, aunque a Merlano su defensa ha querido mostrarla  como "un alfil sin albedrío, que de vez en cuando se hacía presente en la sede de la campaña", realmente ella fue su líder. 

¿Por qué le rebajan la pena?

Aunque la Corte asegura que está demostrada la responsabilidad de Merlano en todos los delitos que le fueron imputados, hizo una rebaja en total de 44 meses sobre la pena inicial de 180 meses que se profirió en su contra en primera instancia 

Por ejemplo, en el delito de porte ilegal de armas, que era el más grave, la Corte le rebajó siete meses considerando que el riesgo de esas armas se redujo a la sede política.

En el delito de concierto para delinquir agravado le rebajó 21 meses, y en la corrupción al sufragante, otros 16 meses, porque el alto tribunal consideró que "no existen pruebas ni certeza de que la exrepresentante hubiera empleado el mismo sistema de corrupción en elecciones anteriores a la del 2018". 

Es decir, la Corte no encontró que haya pruebas de que ese esquema electoral corrupto en el que participó Merlano se implementara en las elecciones nacionales del 2014, ni en las de autoridades regionales del 2015.

Así, si bien la estructura política en la que se apoyó Merlano para sus aspiraciones desde el 2012 tenía el apoyo de la Casa Gerlein, y la Casa Char, y de otras personas que participaron en su campaña en el 2014, para la Corte esto no permite inferir "inequívocamente que en elecciones anteriores al año 2018 se hubiera empleado el mismo sistema de corrupción al sufragante, aún cuando no es improbable que se hiciera". 

Aida Merlano no podía ser reemplazada
Macías y Tamayo

Soledad Tamayo, nueva senadora por el Partido Conservador, y el expresidente del Senado Ernesto Macías, en la posesión como congresista de la República

Foto:

Senado Colombia

“Los congresistas –como Aida Merlano, elegida y reconocida como tal por el Consejo Nacional Electoral–, en los términos del artículo 134 de la Constitución Política, ‘solo podrán ser reemplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley’, y ‘en ningún caso’, cuando son condenados por delitos contra los mecanismos de participación democrática", aseguró la Corte Suprema de Justicia. 

Así, dice la Corte, esta esta una sanción de orden constitucional que no necesitaba ningún desarrollo legal para poder ser aplicada, y que no puede someterse al régimen de faltas absolutas o temporales porque, si fuera así, la sanción que prevé la Constitución no podría aplicarse. 

La Corte cuestionó que se haya permitido reemplazar a Merlano y llenar su curul, ya que consideró que era claro que no se podía reemplazar "a quien es constitucionalmente irremplazable" por haber sido capturada, además de que el partido ya se había beneficiado al sumar "al total de votos los que provienen del delito, afectando la cifra repartidora que permite ingresar al Congreso de la República a personas que de otra manera no accederían a esa dignidad, en perjuicio de quienes actuaron en el marco de la ley", afirma la corporación. 

(Lea también: Aida Merlano: de un escándalo judicial a un desafío político). 

Dice la Corte que el mecanismo de "silla vacía"  se diseñó para evitar beneficios para el partido político al cual pertenece el condenado, no se use para impedir que Merlano fuera reemplazada, "haciéndole esguinces a una institución destinada a impedir los graves efectos de la conducta juzgada en la conformación del Senado". 

Por eso, la Corte dice que a Merlano se la reemplazó en el Senado "sin ninguna justificación, pese a la expresa prohibición constitucional de hacerlo, porque estaba capturada por delitos contra la participación democrática". 

JUSTICIA

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