La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que empezó a funcionar en octubre del año pasado, quiere tener un cuerpo de policía judicial que acompañe a los magistrados en sus investigaciones contra los congresistas vinculados a procesos penales.
Esta Sala, conformada por seis magistrados, fue creada como parte de la fórmula para que los aforados tuvieran una doble instancia judicial y arrancó este año con 516 procesos contra reconocidos políticos del país.
A los magistrados los acompaña un grupo de peritos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que se encarga de cumplir sus órdenes en materia de recolección de información, práctica de pruebas, análisis de interceptaciones telefónicas y demás labores de policía judicial.
Entre otras, el grupo del CTI se encarga de hacer efectivas las detenciones de las personas procesadas contra quienes los magistrados emiten órdenes de captura.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que hay un equipo de cerca de cien personas que están al servicio de la Corte Suprema para atender sus requerimientos en el marco de sus investigaciones, y que frente a las órdenes de captura de aforados se despliegan por el país incluso unidades coordinadas desde el búnker del ente acusador para hacerlas efectivas.
EL TIEMPO estableció que desde hace varios meses entre la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia se vienen dando conversaciones tendientes a analizar la viabilidad de que la Corte tenga su propio cuerpo de investigación.
Fuentes de la Corte sostienen que no hay, por el momento, ningún disgusto, molestia o desconfianza con las labores del CTI de la Fiscalía o con el apoyo que en algunos casos presta la Procuraduría General, pero que sí quieren tener mayor autonomía y control sobre los procedimientos que se hacen en las investigaciones que cada magistrado lleva.
El tema, que comenzó a hablarse el año pasado, ha avanzado al punto en que ya hay un primer borrador de lo que sería el proyecto de ley. Este texto tendría que ir al Congreso para la entrada en funcionamiento de una policía judicial propia de la Corte.
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia, se ha avanzado en el diseño de la propuesta, pero aún falta definir cómo sería el financiamiento para que este proyecto pueda funcionar, algo que se haría con el apoyo del Ministerio de Hacienda. También falta definir aspectos en materia de política criminal.
El proyecto sería enviado al Consejo Superior de Política Criminal, órgano asesor del Gobierno que analiza todos los proyectos de ley relativos a política criminal, para tener luces sobre la posibilidad de crear ese cuerpo de investigación.
Según fuentes de la Corte, por ahora no se está contemplando tener laboratorios de criminalística, puesto que el presupuesto sería más alto. Hasta el momento, la conversación ha girado solo en torno a un órgano de policía judicial.
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