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'Ley de garantías impide intimidar a empleados con despedirlos': Corte
Empleo

La Corte estudió un proceso en el que un empleado fue despedido pese a que estaba en vigencia la ley de garantías.

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'Ley de garantías impide intimidar a empleados con despedirlos': Corte

Sala Laboral de la Corte Suprema estudió caso de un exempleado contra una EPS de Bogotá.

Luego de estudiar el caso de un empleado oficial de una EPS que fue despedido cuando faltaban menos de cuatro meses para unas elecciones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo varias precisiones sobre el alcance de la llamada ley de garantías (Ley 996 de 2005).

En su análisis, la Sala recordó que la ley de garantías busca que haya un equilibrio entre los candidatos a cargos públicos de elección popular, y para ello restringió los cambios en las nóminas de las entidades públicas del orden departamental, municipal y distrital dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Así mismo, puso de presente que la prohibición de modificar la nómina está dirigida además a todas aquellas acciones "encaminadas a generar presión o coacción sobre los trabajadores, en aras de lograr su apoyo a un determinado partido o movimiento político", se lee en la sentencia. 

Y añade que esas acciones de intimidación incluyen "no solo la promesa de vinculación a costa del favor político, sino también la amenaza y la pérdida del empleo por no apoyar o simpatizar con un determinado movimiento o grupo político".

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Esa prohibición de echar a los trabajadores en ese periodo, para evitar que el despido sea usado como una forma de coacción, cobija, resaltó la Sala, a los empleados oficiales que hacen parte fundamental de la nómina.

Y aclaró que aunque en condiciones normales un empleador tiene la potestad de terminar unilateralmente el contrato de trabajo, sin justa causa y con el pago de una indemnización, esa facultad no es absoluta y está limitada por normas como la ley de garantías o las que se refieren a la estabilidad laboral reforzada de personas como las madres gestantes, entre otras.

"Como la norma prohíbe tajantemente el despido del trabajador oficial, cuando se atenta contra esa regla la consecuencia no puede ser otra que la ineficacia de la medida y el retorno de las cosas al estado en el que se encontraban, que, en este caso, se traduce en el reintegro del servidor a su puesto de trabajo", concluyó el alto tribunal.

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El caso que estudió la Corte

Este análisis lo hizo la Corte a partir del caso de un empleado de la EPS Convida, en Bogotá, que fue despedido en 2014 pese a que estaba en vigor la ley de garantías. El empleado había comenzado a trabajar en la EPS desde el año 2000 con contrato a término indefinido, pero el 28 de febrero de 2014 la EPS le comunicó la terminación unilateral de su contrato.

El hombre demandó y en agosto de 2015 el Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá le dio la razón y condenó a la EPS a reintegrarlo a un cargo igual al que venía desempeñando y a que le pagaran los salarios que dejó de recibir.

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Sin embargo, la empresa apeló y en segunda instancia la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en un fallo del 25 de enero de 2017, revocó la sentencia y absolvió a la EPS. Esa decisión la tomó al considerar que la prohibición de la ley de garantías solo aplicaba para el nombramiento de personas y no para terminar contratos sin justa causa.

Pero el demandante interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, la cual, tras estudiar su caso, determinó que sí se violó la prohibición de la ley de garantías y que el tribunal que revocó la primera sentencia favorable se equivocó al considerar que el despido de un trabajador oficial no se incluía en dichas prohibiciones.  

En consecuencia, determinó confirmar la sentencia de primera instancia que había ordenado reintegrar al trabajador.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
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