Ordenan construir cárcel ante detenciones inhumanas en Antioquia

Ordenan construir cárcel ante detenciones inhumanas en Antioquia

En centros transitorios, presos viven con 49 cm de espacio habitable y duermen unos sobre otros.

Hacinamiento en estaciones de policía en Antioquia.

Hacinamiento en estaciones de policía en Antioquia.

Foto:

EL TIEMPO

Por: Justicia
21 de octubre 2019 , 07:35 p.m.

En condiciones "crueles, degradantes y humillantes". Así viven las personas que permanecen recluidas en al menos 19 Centros Transitorios de Reclusión, Unidades de Reacción Inmediata, y estaciones de policía del Valle de Aburrá. 

Aunque la ley dice que estos sitios son de reclusión temporal mientras un juez define a cuál cárcel envía a quienes allí están detenidos, varias de las personas recluidas en esas celdas completan casi dos años. 

Así, en estos 19 sitios transitorios, que no son cárceles, hay al menos 1.346 detenidos. De ellos, 1.324 son hombres, y 21 son mujeres. Además, 148 están condenados y 1.198, sindicados. 

En estaciones como la de Candelaria y Belén, hay detenidos que llevan un año. Y en Villa Hermosa, hay algunos que completan hasta dos años. 

Pero no solo preocupa el tiempo que llevan en estos espacios, sino las precarias condiciones humanitarias en las que se encuentran, sumado a que por lo menos dos de los internos tienen enfermedades psiquátricas, 10 padecen varicela, diabetes o lesiones de armas de fuego, entre otros. 

Así lo aseguró la Corte Suprema de Justicia al evaluar la impugnación de varias instituciones a una tutela que había favorecido a los detenidos en esos espacios. Por eso la Corte mantuvo la orden que había dado el Tribunal Superior de Medellín en la que le dijo a la gobernación de Antioquia que tenía que construir una cárcel metropolitana para poder trasladar a las personas que allí se encuentran detenidas. 

El proyecto, dice el fallo del Tribunal, debía terminarse en un tiempo no mayor a tres años. Esa orden se la dieron a la gobernación y al Ministerio de Justicia en el 2016, y aunque ya estamos en el 2019 las entidades territoriales no han adelantado ninguna actividad encaminada a su cumplimiento. 

La Corte señaló que, en principio, los jueces que estudian tutelas tienen vedado ordenar que se realicen obras públicas, pues se deben tener en cuenta las posibilidades presupuestales y de cobertura, y no es posible interferir en funciones que son del ejecutivo. 

Sin embargo, asegura la Corte Suprema, no se pueden ignorar casos como el del Valle de Aburrá, en donde "la inacción del Estado deriva en la afectación o puesta en peligro de los derechos fundamentales de la ciudadanía, máxime cuando se evidencia la flagrante transgresión y amenaza de los derechos de una población vulnerable".

HACINAMIENTO EN URI DE MEDELLÍN

El espacio habitable para cada preso es en promedio de 47 centímetros.

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Personería de Medellín

No es posible ignorar aquellos casos en los que la inacción del Estado derive en la afectación o puesta en peligro de los derechos fundamentales de la ciudadanía

Por eso, para la Corte es claro que las autoridades locales y nacionales han sido negligentes para atender el déficit de protección de derechos humanos de las personas detenidas en el Valle de Aburrá. 

Se trata de personas a quienes les impusieron una medida de aseguramiento con detención preventiva, pero que están en los centros de detención transitoria superando el tiempo de las 36 horas que está establecido en la ley para estos sitios. 

El hacinamiento que viven en estas URI sobrepasó, dice la Corte, todos los límites. Así, en estos sitios hay una sobrepoblación del 1.450 por ciento, por lo que las personas duermen en el suelo, unas sobre otras. 

El hacinamiento es tal que, según los datos de la Personería de Medellín, el área de habitabilidad que tiene cada interno es de 49 centímetros en la Estación Candelaria. En la estación Manrique, de 68 centímetros; En la Aranjuez, de 60; en la estación Meval, de 90; en Castilla, de 47; en Doce de Octubre, de 43; Buenos Aires, 75; en la estación Villa Hermosa, de 90; en estación Belén, de 46; en la estación Laureles, de 75. 

No solo viven en espacios reducidos para la cantidad de personas que allí están detenidas, sino que también muchos de estos sitios no tienen baños, mantienen condiciones de iluminación bajas, no tienen patio para poder tomar el sol, y su infraestructura está afectada por la humedad, hongos, goteras, y la presencia de chiches, cucarachas y pulgas. 

HACINAMIENTO EN URI DE MEDELLÍN

La Corte asegura que el hacinamiento en estos centros transitorios de reclusión es inhumano.

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Personería de Medellín

En muchas de estas URI y estaciones de policía las familias prefieren llevarles los alimentos pero, cuando no lo permiten, tienen que recibir la comida de estos sitios que a veces solo llega dos veces al día, y en estado de descomposición. 

Por eso, demás de la construcción de la cárcel, la Corte ordenó que se instale una mesa de trabajo inmediatamente para "conjurar la grave crisis humanitaria" que padecen las personas recluidas en estos sitios. 

“Es inaceptable que la Alcaldía de Medellín, los municipios del Área Metropolitana y el gobierno de Antioquia, ante este desastre humanitario, se opongan a acatar el mandato judicial de cumplir con su deber con la urgencia que el caso lo amerita, bajo el argumento simple, ya contradicho, de que el juez de tutela no puede ordenar la realización de obras públicas, como si la ley de presupuesto fuera un obstáculo para impedir la vergüenza institucional que traduce la situación”, asegura la Corte en la tutela.

Es inaceptable que la Alcaldía de Medellín, los municipios del Área Metropolitana y el gobierno de Antioquia, ante este desastre humanitario, se opongan a acatar el mandato judicial

HACINAMIENTO EN URI DE MEDELLÍN

La Personería constató el mal estado en el que viven los detenidos en estas URI y estaciones de Policía.

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Personería de Medellín

Esta orden de construir una cárcel, dice la Corte Suprema, no puede ser entendida como una solución a la crisis del sistema carcelario, que debería contemplar un resideño de la política criminal del Estado y de la respuesta punitiva del delito. Lo que se busca con esta orden, asegura el alto tribunal, es "impedir el trato degradante" para quienes allí se encuentran detenidos. 

Por eso la Corte dijo que quien pide enviar a una persona en una medida de detención preventiva tiene que probar que una medida no privativa de la libertad es insuficiente, y que además, en estos casos se debe tener en cuenta la proporcionalidad para limitar un derecho tan importante como el de la libertad. 

Como la construcción de la cárcel puede tomar tiempo, la Corte aseguró que las autoridades deben tomar medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de estas personas. Por eso, la Corte les ordenó a los municipios en donde están estas personas que adecuen inmuebles "que cumplan con condiciones mínimas de seguridad y de subsistencia digna y humana" para recluir transitoriamente a estos internos. 

También ordenó enviar a los que tienen medidas de detención domiciliaria a sus casas y a pabellones espaciales a personas de la tercera edad. 

JUSTICIA

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