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Cómo sería la elección de un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht
María Paulina Riveros

Vicefiscal general, María Paulina Riveros.

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Archivo / EL TIEMPO

Cómo sería la elección de un fiscal ad hoc para el caso Odebrecht

Un magistrado de la Sala Laboral estudiará recusación contra la vicefiscal María Paulina Riveros. 

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia recibió la recusación que el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, le hizo a la vicefiscal María Paulina Riveros para que se aparte de la investigación que sigue la Fiscalía General sobre el caso de corrupción de Odebrecht

Esta recusación se dio en medio de los cuestionamientos de la última semana por las grabaciones difundidas por medios de comunicación, que muestran a Jorge Enrique Pizano, quien era controller del contrato de la Ruta del Sol II, exponiendo desde el 2015 a Néstor Humberto Martínez, hoy Fiscal General, posibles irregularidades en pagos de ese proyecto del que el Grupo Aval a través de Corficolombiana era socio minoritario. 

Aunque el Fiscal se declaró impedido en esos casos por haber sido abogado del grupo Aval en esa época, ante las grabaciones de esta semana se han vuelto a generar críticas frente a qué tanto conoció o no Martínez antes de llegar a la cabeza del órgano acusador, de los sobornos que hizo Odebrecht para obtener el proyecto de la Ruta del Soll II. 

Como Martínez está impedido en algunos casos, designó a la vicefiscal Riveros para que lleve el proceso, pero la imparcialidad de la alta funcionaria de la Fiscalía fue cuestionada por Bustos, quien la recusó para llevar y dirigir las investigaciones del caso Odebrecht por su cercanía con Néstor Humberto Martínez

Aunque Riveros no aceptó el impedimento, le envió el caso a la Corte Suprema de Justicia para que defina si se debe nombrar o no un fiscal Ad Hoc en este proceso, es decir, una tercera persona que se encargue de llevar autónomamente las investigaciones. 

La Corte Suprema de Justicia aseguró que el caso ya fue repartido a un magistrado de la Sala Laboral, Gerardo Botero Zuluaga, quien tendrá que elaborar una ponencia sobre si se acepta o no nombrar un fiscal ad hoc en la investigación de Odebrecht. 

Cuando el magistrado tenga la ponencia, el caso será llevado a la Sala Plena, es decir, ante todos los magistrados, tanto los de la Sala Penal, Laboral y Civil para que definan si están de acuerdo o no con su propuesta. 

Si la Corte decide que se debe nombrar un fiscal ad hoc, en ese momento se le pediría al presidente Iván Duque que envíe una terna con los nombres de tres personas que podrían reemplazar a Riveros en las funciones específicas que competen a las investigaciones del caso Odebrecht. Sobre esa terna, la Sala Plena tendría que escoger a un encargado. 

La designación de un fiscal ad hoc no tiene muchos antecedentes en el alto tribunal. Esa figura se aplicó sólo una vez, cuando la fiscal Viviane Morales se declaró impedida para asumir una actuación por tráfico de influencias que se seguía contra la entonces contralora Sandra Morelli, por unas declaraciones radiales. Para el caso se asignó como fiscal general ad hoc a Eduardo Cifuentes.

Sobre las posibilidades de que en la Corte se considere la opción de nombrar un fiscal ad hoc hay algunos antecedentes:

En mayo del año pasado la Corte Suprema de Justicia negó una recusación que presentaron el senador Jorge Enrique Robledo y Claudia López pidiendo que se apartara del caso Odebrecht a Néstor Humberto Martínez. 

Por 17 votos contra uno, la Sala Plena de la Corte consideró que la recusación era improcedente. El alto tribunal no estudió de fondo si Martínez estaba o no impedido, pero no aceptó la recusación considerando que ni Robledo ni López hacen parte de los procesos penales que lleva la Fiscalía por los sobornos que pagó la multinacional.
Como no eran parte del proceso, la Corte aseguró que el recurso era improcedente. 

En el caso de la nueva recusación que presentó Pablo Bustos contra la vicefiscal, la Corte Suprema podría hacer la misma valoración, teniendo en cuenta que en este caso quien presenta la recusación no es parte en los procesos penales de Odebrecht. 

El alto tribunal dijo en su momento que, según el Código Penal, "los únicos que pueden recusar al juez o al fiscal, o al funcionario judicial son las partes e intervinientes del proceso penal y, en este caso, los congresistas que recusaron al Fiscal General no demostraron que sean parte en el proceso o los procesos que se adelantan por el caso Odebrecht".

Fuentes de la Corte Suprema aseguran que, en todo caso, el alto tribunal estudiará las nuevas circunstancias y lo que se ha conocido en la última semana a la luz, además, de que al trasladarle la recusación al alto tribunal, la vicefiscal dijo que "acompaña la posibilidad" de que la Corte nombre un vicefiscal ad hoc "para desvirtuar los cuestionamientos", dijo una fuente de la corporación. 

En  junio del año pasado, la Corte aceptó un impedimento que presentó el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez en una investigación del caso Odebrecht que llegó directamente a su despacho y que se relacionaba con las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, pues en su momento como abogado había dado un concepto a la concesionaria Ruta del Sol sobre la ruta Ocaña-Gamarra. 

JUSTICIA

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