El contrato por el que fue condenada cónsul en Venezuela

El contrato por el que fue condenada cónsul en Venezuela

La Corte Suprema la sentenció a 39 meses de cárcel por falsedad en documento público.

Martillo de juez

En una sola de las demandas, las supuestas víctimas son 350.000 personas.

Foto:

Martín García

Por: Justicia
02 de junio 2019 , 09:08 p.m.

A 39 meses y 18 días de prisión fue condenada Lesly Gregoria Quintero Payán, cónsul de Colombia en San Fernando de Atabapo (Venezuela), por el delito de falsedad en documento público.

La sentencia, que es una de las primeras emitidas por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, está relacionada con el proceso de venta de unos bienes del consulado por los que se habría pagado una suma de dinero mayor a la que aparecía en los documentos oficiales de la delegación diplomática en el vecino país.

La cónsul, dice la sentencia, vendió en 2009 una lancha con motor perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y aunque en el contrato decía que la venta fue por 3.500 bolívares, en realidad el comprador habría pactado un pago de 6.500 bolívares, una parte de este pagado con trabajo.

Actuó con la clara consciencia contraria a derecho, al consignar en los contratos de compraventa información que no atendía a la plena realidad histórica, lesionando el bien jurídico de la fe pública”, se lee en la sentencia de la Corte.

Actuó con la clara consciencia contraria a derecho, al consignar en los contratos de compraventa información que no atendía a la plena realidad histórica, lesionando el bien jurídico de la fe pública

La funcionaria aceptó el cargo imputado, y por esto la Fiscalía delegada ante la Corte pidió que se le concediera una rebaja de hasta la mitad de la pena y que se le suspendiera la condena, teniendo en cuenta que era “madre cabeza de familia y ha tenido un comportamiento recto con posterioridad a los hechos que se juzgan”.

Regaño a la Fiscalía

Sin embargo, la Corte en su decisión hizo un fuerte cuestionamiento a la acusación de la Fiscalía y concedió una rebaja del 40 por ciento y no de la mitad, como lo pedía el ente acusador.

La Corte señaló que la Fiscalía no imputó otros delitos que pudo haber cometido la funcionaria y que esa “actitud descuidada y débil de la Fiscalía genera un conflicto” entre el ejercicio de la acción penal y la garantía del debido proceso para la condenada.

El fallo, con ponencia del magistrado Ramiro Alonso Marín Vásquez, señala que como parte de los procesos de colaboración, incluyendo los preacuerdos, con los que se busca evitar el desgaste de la justicia con la terminación anticipada de los procesos penales, “también se deben cumplir los objetivos de la justicia sin perjuicio de la discrecionalidad reglada que tiene la Fiscalía”.

El alto tribunal considera que la situación no fue parte de un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa para bajar la pena, sino que fue “descuido o negligencia” del ente acusador.

En su decisión, la Corte compulsa copias para que se investigue a la funcionaria por los delitos por los que no fue imputada. También, pidió que se indague la responsabilidad de la persona que compró los elementos vendidos por la cónsul y de las dos personas que firmaron los contratos como testigos.

JUSTICIA
En Twitter: @PazYJusticiaET

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