Corte Suprema choca con la JEP por el caso de Salvador Arana

Corte Suprema choca con la JEP por el caso de Salvador Arana

Asegura que es esa corporación, y no la JEP, la que debe llevar procesos contra el exgobernador.

Salvador Arana

Salvador Arana, exgobernador de Surce condenado a 40 años de prisión.

Foto:

Jaiver Nieto. Archivo EL TIEMPO

Por: Justicia
14 de mayo 2020 , 04:35 p.m.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aseguró que sigue siendo la competente para tener conocimiento de los procesos contra el exgobernador Salvador Arana, condenado a 40 años de prisión por paramilitarismo, y quien fue aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

El alto tribunal recordó que en diciembre del 2009 condenó a Arana, quien era gobernador de Sucre, a 40 años de prisión por sus nexos con paramilitares y el asesinato del alcalde de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado. Esa sentencia se dio por concierto para delinquir agravado, por ser determinador de desaparición forzada y homicidio agravado.

También paga otra pena de 8 años en su condición de "miembro de las Auc infiltrado en la administración pública", desde la que, dice la Corte, ordenó crímenes de lesa humanidad. 

Así, para la Corte Suprema, Arana fue "un paramilitar puro" que no actuó como un simple tercero colaborador de las Autodefensas, sino que estuvo "camuflado en el servicio público" con el fin de contribuir en la cooptación del Estado por parte de las autodefensas. "Participó de crímenes propios de la organización armada ilegal, en la que mantuvo influencia por haber sido fundador", dice el alto tribunal. 

(Lea también: Musa Besaile seguirá en la JEP por el caso del 'cartel de la Toga'). 

Es por esto que la Sala Penal  planteó un conflicto de competencias, que deberá ser dirimido por la Corte Constitucional, afirmando que es a la Corte Suprema de Justicia y no a la JEP a la que le corresponde seguir teniendo el conocimiento de las actuaciones contra Arana. 

A través de varios escritos a la JEP, Arana le manifestó a esta jurisdicción su interés de someterse a ella con el fin de acceder a la libertad transitoria, condicionada y anticipada, en calidad de agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. 

En febrero de este año la Subsala Dual Primera de la Sala de Definiciones Jurídicas se pronunció sobre la solicitud de acogimiento que presentó Arana, y decidió aceptarlo  y negarle  provisionalmente la libertad transitoria. 

Al cuestionar la competencia de la JEP para admitir a Arana, la Corte Suprema de Justicia rechazó que esa justicia hubiera asumido el caso y, por lo tanto, objetó la entrada de Arana a esa jurisdicción. Según el alto tribunal, no se puede permitir que "paramilitares puros" y personas condenadas o procesadas por conductas sin conexidad con el conflicto armado sean admitidas en esa justicia. 

"La defraudación del sistema de justicia transicional por parte de dichos sujetos, bajo el pretexto de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, no solo repercute en la deslegitimación del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, sino que implica un debilitamiento de la justicia ordinaria", dijo la Sala de Casación Penal de la Corte. 

La Corte también dijo que, al aceptar el caso de Arana, la JEP desconoció que le está vedado examinar los contenidos fácticos y jurídicos fijados en los fallos dictados en su contra, porque esto le corresponde únicamente a la Corte Suprema de Justicia por ser la autoridad que dictó las sentencias de Arana. Es así cómo, dice la Corte, al ser el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en lo penal, le corresponde a la Sala Penal de la Corte revisar sus propias sentencias. 

Y esas facultades, dice la Corte, no se limitan a la revisión especial, sino que el alto tribunal considera que también tiene la facultad para examinar que podría tener la JEP para admitir un proceso. 

Los cuestionamientos de la Corte a la JEP 

La Corte Suprema de Justicia cuestona dos cosas: por un lado, que la JEP hubiera admitido a Arana pese a que la competente para decidir si su caso podía ser o no remitido a esa justicia era la misma Corte Suprema. Y por el otro, cuestiona que la JEP lo admitiera sin hacer una debida valoración del factor personal para acreditar si él podía acceder a esa justicia transicional. 

En el primer cuestionamiento, la Corte dice que la JEP tiene prevalencia para conocer los hechos del conflicto armado ocurridos antes del 2016, pero que esa competencia no es ilimitada, exclusiva ni absoluta. Es por eso que, asegura, según el punto 58 del Acuerdo Final, el artículo 10 del acto legislativo del 2017, y la ley 1957 de 2019, la Corte Suprema de Justicia es competente para revisar las sentencias que ella misma  profirió frente a los que quieran comparecer voluntariamente a la JEP. 

Por esa razón, si una persona condenada por la Corte quiere entrar a la JEP, sostiene el alto tribunal, es a la misma Corte a la que le corresponde revisar si esa persona puede ser admitida por esa justicia. 

"Es que el juicio de admisibilidad del tercero compareciente voluntario recae sobre los hechos, así como en sus consideraciones jurídicas, fijados en la sentencia. De ahí que esa postestad de revisión de la Corte debe aplicarse desde el momento mismo en que se pretende el acceso al sistema", dice el alto tribunal, reiterando que és a él al que le corresponde revisar si una persona condenada por esa corporación cumple los factores personales, materiales y temporales para que su caso pase a la JEP. 

De esa manera, dice la Corte es que se "preserva el respecto predicado a las sentencias dictadas por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria". 

Sostiene la Corte que, si ese alto tribunal encuentra satisfechos los criterios de competencia, tras verificar los hechos fácticos y jurídicos de sus sentencias, habrá de declarar que el tercero puede ser admitido por la JEP y le remitirá los casos para que el compareciente presente su plan de aporte y recibir beneficios. 

Cuando la persona quiera una revisión especial, este caso también debe regresar a la Corte para que se tramite ante este alto tribunal, dice la corporación, que debe determinar si deja o no sin efectos la sentencia, si la anula, o modifica la calificación jurídica. 

El segundo reparo de la Corte es que Arana no acreditaba los factores personales para ser admitido por la JEP como agente estatal no integrante de la Fuerza Pública. Y la razón es que, para la Corte,  si bien Arana cometió conductas conexas al conflicto armado, al hacer un análisis profundo de sus condenas se encuentra que esas conductas no las cometió como agente estatal sino como un "paramilitar puro" que integró las Autodefensas. 

Así, recuerda la Corte, el acuerdo final no permitió que paramilitares rindieran cuentas ante la JEP, no sólo porque no participaron de ese acuerdo, sino también porque ellos ya tuvieron un régimen de justicia transicional distinto. 

Frente a los terceros, la Corte dice que está claro que la JEP sí puede conocer los hechos de los que tuvieron conductas como la financiación o colaboración con los grupos paramilitares, "siempre y cuando no hubieran formado parte de las organizaciones o grupos armados". 

Es por esto que, dice la Corte, no se puede admitir en la JEP a un "paramilitar puro, que no actuó como un simple tercero colaborador o financiador de las autodefensas, sino que antes de acceder al servicio público fue un integrante de las Auc, y , prevalido posteriormente de su condición de agente estatal, infiltrando la administración pública, se mantuvo militando en la organización ilegal, desde la que ordenó la ejecución de crímenes por la organización, a la que brindó apoyo desde su concominante condición de funcionario". 

Con esta descripción, la Corte asegura que no se puede aceptar la defraudación al sistema de justicia transicional de personas que no tienen derecho a ella. Así, recordó que de justicia y paz fueron expulsados en su momento narcotraficantes puros que compraron membrecía y hasta comandancia en bloques. Por eso la Corte considera que aceptar a Arana como un tercero civil sería un fraude, ya que él fue "fundador, financiador y líder de las estructuras paramilitares". 

JUSTICIA

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