La Corte Suprema de Justicia archivó una investigación que llevaba contra la excongresista Lucero Cortés por el desfalco a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
El proceso llevaba abierto siete años, pero el alto tribunal encontró que no hay pruebas para seguir con la investigación por lo que decidió archivar el caso.
Pero en la misma decisión, la Corte aseguró que en el expediente se cuenta con un informe de policía judicial del 29 de febrero del 2012 que tiene una evaluación socioeconómica de varios congresistas, entre ellos Cortes, que muestra sus movimientos fiscales entre julio del 2006 y diciembre del 2010. En ese periodo Cortés hizo parte del Congreso.
Según el alto tribunal, ese informe muestra "en su desfavor un aumento patrimonial injustificado de 226 millones de pesos".
El alto tribunal consideró que ese hecho no tiene relación con la investigación que estaba llevando por el desfalco a la DNE y que fue archivada en el caso de Cortés, por lo que abrió un expediente nuevo para que la excongresista sea investigada por esos nuevos hechos para determinar si es responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
En el caso de la DNE, Cortés era investigada porque, supuestamente, como representante a la Cámara, había aprovechado su condición en esa corporación para que se le entregaran bienes de la DNE a cambio de favores políticos. Así, el alto tribunal la investigaba por un supuesto tráfico de influencias.
Desde el inicio de la investigación la excongresista, quien estuvo un tiempo en detención domiciliaria por este caso, aseguró que nunca movió fichas para que propiedades incautadas a la mafia terminaran en manos suyas o de sus familiares.
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