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Corte revoca tutela por asesinato de Javier Ordóñez y violencia del 9S
Mural de Javier Ordóñez

Los amigos de Javier Ordóñez hicieron pintar un mural en el parque Santa Cecilia, donde solían reunirse y compartir anécdotas y hacerse bromas.

Foto:

Andrés Orjuela

Corte revoca tutela por asesinato de Javier Ordóñez y violencia del 9S

Corporación tumbó un fallo del Tribunal de Bogotá que daba varias órdenes al Gobierno.

La Corte Constitucional revocó un fallo de tutela que acumuló los recursos presentados por cinco ciudadanos que reclamaban por los abusos de la Fuerza Pública y presuntos delitos cometidos por integrantes de esa institución en las protestas del 9 de septiembre del 2020, ocasionadas tras el asesinato del estudiante de derecho Javier Ordóñez, a manos de policías. 

En los recursos judiciales presentados contra la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía, los ciudadanos alegaron que durante las manifestaciones del 9 de septiembre -que ha sido denominado como el 9S- se vulneraron sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la paz, la reunión y la manifestación pacífica y pública. 

(Lea: ¿Qué hay detrás de la caída de un 58 % en las tutelas del año pasado?). 

En una primera decisión, el Tribunal Superior de Bogotá había ordenado proteger los derechos de los tutelantes. Ese tribunal había proferido órdenes a la Policía y al Ministerio de Defensa para que en 48 horas ordenaran a sus subalternos moderar el uso de la fuerza y portar de forma adecuada sus uniformes, así como adoptar una campaña de defensa de los derechos humanos en la Fuerza Pública. 

El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que evaluó las diferentes posiciones frente al tema. También recibió comunicaciones de la Policía en las que le informaron cómo habían hecho ajustes para cumplir con otro fallo de la Sala Civil de la Corte que emitió varias órdenes al constatar una vulneración sistemática de la protesta pacífica durante las manifestaciones del Paro Nacional, en el 2019. 

(Le invitamos a leer: ¿Qué pasa con alcaldías que no están cumpliendo fallo de fotomultas?). 

En una decisión de la Sala Civil, la Corte Suprema recordó, en primer lugar, que el derecho a realizar movilizaciones públicas pacíficas es una potestad del pueblo, que busca fortalecer la democracia. 

Sin embargo, la Corte recordó que, como no ha sido ajena a buscar la protección de ese derecho, el 22 de septiembre del año pasado profirió un fallo de tutela en el que evaluó reclamos similares a los que ahora le estaban presentando, refiriéndose a la histórica sentencia en la que esa corporación determinó que en Colombia había una violación sistemática del derecho a la protesta pacífica por los hechos de violencia que hubo en las manifestaciones del Paro Nacional en noviembre del 2019, en los que murió el joven estudiante Dilan Cruz al recibir un impacto de una escopeta del Esmad, entre otros hechos violentos contra manifestantes. (Lea el contexto: Corte ordena proteger derecho a protesta ante agresiones sistemáticas). 

"Por tanto, respecto de la protección incoada y pretensiones reclamadas por los accionantes, debe estarse a lo allí resuelto, sin que se requiera, en modo alguno, extender los efectos de dicha sentencia, como lo hizo el a quo constitucional", señaló la corporación judicial. 

La Corte también tuvo en cuenta que el 5 de enero de este año el Gobierno expidió un decreto con un protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores sobre el uso de la fuerza legítima del Estado y la protección de la protesta ciudadana, que fue una de las órdenes que dio el alto tribunal en su fallo de septiembre del año pasado. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la Corte dio unas órdenes sobre las que el Gobierno ha venido haciendo ajustes y las autoridades han venido cumpliendo las medidas que ordenó el alto tribunal para garantizar la protesta pacífica, esa corporación judicial dijo que no tiene objeto emitir una orden como la que están solicitando los ciudadanos con la nueva tutela. 

(Lea: Videos, prueba clave en imputación a policías por incendio en Soacha). 

"Emitir una orden como la pretendida, cuando ésta ya ha sido proferida en otra instancia, resulta improcedente, siendo necesario, como se ha indicado, estarse a lo resuelto" en el fallo de tutela de septiembre del 2020, que precisamente buscó proteger los derechos de los ciudadanos para reunirse y manifestarse de forma pacífica. 

Emitir una orden como la pretendida, cuando ésta ya ha sido proferida en otra instancia, resulta improcedente, siendo necesario, como se ha indicado, estarse a lo resuelto

La Corte también dijo que la Fiscalía reportó que hay siete investigaciones penales por el asesinato de Javier Ordóñez y por las muertes de quienes fallecieron en las protestas del 9S, producto de supuestos disparos indiscriminados de la Policía. También, que la Procuraduría señaló que asumió el poder preferente por el asesinado de Ordóñez (ya emitió un fallo disciplinario de primera instancia sancionado por 20 años de dos patrulleros), y la Policía suspendió a siete uniformados.

"Se observa que los asuntos están siendo objeto de investigación ante las autoridades competentes, que tienen el deber de adelantarlos sin dilaciones injustificadas", dijo el alto tribunal. 

Finalmente la Corte dijo que se deben tener también en cuenta las medidas de salud pública que ha adoptado el Gobierno ante la pandemia de coronavirus, "para evitar la propagación de la pandemia en el desarrollo de cualquier actividad que implique aglomeración de personas", por lo cual le hizo un llamado a la ciudadanía para que "la prevención del Covid-19 sea una prioridad", y se respeten las medidas de bioseguridad en eventuales eventos de manifestación.   

Lo que ha hecho el Estado y fue tenido en cuenta por la Corte
Marchas 21 2
Foto:

EL TIEMPO

La Policía le dijo a la Corte que  en la resolución 1139 del 2020 el Ministerio del Interior expidió un protocolo con medidas urgentes para garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente.  También dijo que se había publicado un instructivo del 28 de septiembre del 2020 en el que se recordaba la obligación de portar de forma correcta el uniforme. 

La Policía además dijo que se dieron instrucciones a los comandantes de las distintas unidades para que en ningún caso usaran armas de fuego en el control de disturbios, y se suspendió desde el 21 de octubre el uso de la escopeta calibre 12 de uso del Esmad entre otras medidas. 

De otro lado, la Presidencia aseguró que para cumplir con lo ordenado por la Sala Civil de la Corte en su tutela sobre la protesta, se había hecho una convocatoria para crear una mesa de trabajo para definir un protocolo sobre el uso de la fuerza. Y la Defensoría del Pueblo señaló que junto a la Procuraduría habían elaborado una guía de acompañamiento en las movilizaciones, y se adelantó un piloto de inteligencia artificial para recibir reportes de las diferentes defensorías para supervisar la protección de derechos humanos de manifestantes. 

(Lea: ¿Qué ha pasado en las Cortes con la tutela de la protesta?). 

Por su lado, la Fiscalía le reportó a la Corte que entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre del 2019 recibió 48 denuncias contra el Esmad, de las cuales 37 estaban en indagación y 11 inactivas. Además, señaló que recibió 41 denuncias contra la Policía de las cuales 27 estaban en etapa de indagación, y 14 inactivas.

Por posibles delitos en protestas en el 2020, dijo que se radicaron 7 quejas contra el Esmad, de las cuales tres estaban activas, tres archivadas y una trasladada a la jurisdicción competente. Además, contra la Policía se recibieron 109 denuncias en las que 86 estaban activas, 20 archivadas, y tres fueron trasladas. 

Los argumentos de las tutelas 
Protestas en Colombia

El alto tribunal ordenó proteger las manifestaciones y protestas pacíficas.

Foto:

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

En sus tutelas, radicadas antes del fallo de la Corte de septiembre pasado,  los ciudadanos afirmaron que en el 9S hubo manifestaciones pacíficas y también algunas marchas que terminaron en "enfrentamientos entre unos pocos ciudadanos y grupos de policías de los cuadrantes de los CAIS en Bogotá". 

Esa noche, en la que varios CAI de Bogotá fueron incinerados, según las denuncias que se han conocido, algunos policías supuestamente dispararon contra los ciudadanos de forma indiscriminada y desproporcional.

En medio de esos hechos violentos 10 ciudadanos murieron, situación por la cual hoy hay imputaciones por homicidio contra cuatro policías implicados en esos hechos. 

Así, en sus tutelas los ciudadanos reclamaron que los miembros de la Policía no tenían la formación ni el entrenamiento para proteger a la ciudadanía, afirmando que agredieron supuestamente a más de 60 personas y causaron las muertes. También denunciaron que algunos de ellos no habrían usado su uniforme institucional, y hubo agresiones contra quienes se estaban manifestando. 

Ante esto, los ciudadanos que presentaron la tutela reclamaron que la Policía usa "las vías de hecho", sin que el Presidente ni el Ministerio de Defensa hubieran hecho nada para ordenarle al personal uniformado que se abstuviera de usar la fuerza de forma desmedida. Agregaron que tampoco se han dado directrices para evitar que policías golpeen a ciudadanos, ni exigirles que usen su uniforme institucional. 

También dijeron que aunque el entonces ministro de Defensa, Carlos Holmes Truiillo, pidió perdón por la muerte de Javier Ordóñez, no pasó lo mismo con las demás muertes del 9S. 

Con todo esto, los ciudadanos habían pedido que se les ordenara a las autoridades dar instrucciones a las Fuerzas Armadas que participen en manifestaciones públicas para que se "abstengan de usar armas de fuego o armas letales en contra de la población civil".

También habían solicitado que se ordenara adelantar de forma rápida las investigaciones y sanciones por el asesinato de Javier Ordóñez, así como de otras personas que murieron en el 9S y en los días siguientes en manifestaciones. 

Y en tercer lugar, habían pedido que se tomaran medidas para garantizar las manifestaciones públicas pacíficas en todo el país, y ordenarle al Presidente y al Ministerio de Defensa que se abstuvieran de emplear a las Fuerzas Militares en estas actividades. 

REDACCIÓN JUSTICIA

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