Las razones de Corte para revivir proceso contra general (r) Palomino

Las razones de Corte para revivir proceso contra general (r) Palomino

Fiscalía no investigó a fondo si hubo retaliación contra un coronel que denunció "rosca" en Policía.

General (r) Rodolfo Palomino

El general (r) Rodolfo Palomino fue director de la Policía Nacional.

Foto:

John Vizcaino / REUTERS

Por: Justicia
25 de marzo 2020 , 12:39 p.m.

Aunque por solicitud de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia había precluido una investigación que se llevaba contra el general (r)  Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía, así como contra los generales en retiro Carlos Ramiro Mena y Édgar Sánchez Morales, la Sala Penal revocó esa decisión y decidió volver a investigar si hay méritos para imputarles cargos. 

La Sala Penal, en cabeza del despacho del magistrado Eyder Patiño, estudió un recurso que presentaron los apoderados de las víctimas y el Ministerio Público en el que pidieron tumbar la decisión del 26 de febrero del 2019 que había precluido el caso contra los generales.

La investigación en su contra se inició porque el coronel en retiro de la Policía, Mario Aurelio Pedroza Sandoval interpuso una denuncia el 25 de enero del 2013 hablando de persecuciones por parte de Palomino y los demás generales. En ese caso los denunció por abuso de autoridad y constreñimiento ilegal.

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La persecución que se dio en su contra, dijo en su momento Pedroza, se dio con el fin de “persuadirlo para que no denunciara la corrupción de la Policía en el trámite de ascensos a generales”.

Dijo que no fue llamado al ascenso de generales, y afirmó que lo habían citado en una reunión en la que lo habían presionado. Según Pedroza había una “rosca en los ascensos de la Policía”, rosca de la que, dijo, hacía parte el general Palomino.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tumbó la decisión que había favorecido a Palomino, Mena y Sánchez afirmando que la Fiscalía, cuando pidió su archivo, no tuvo en cuenta todo el contexto ni agotó a fondo la investigación. Así, le ordenó acopiar de nuevo las pruebas e investigar los cabos sueltos, ya sea para precluir el caso o llevar el proceso ante un juez con función de garantías para imputarles cargos.

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“La Fiscalía no demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidentes las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja. No están dados los elementos jurídicos y probatorios para firmar la aticipicidad de la conducta frente al delito de abuso de autoridad”, dijo la Sala Penal de la Corte.

En primer lugar, la Sala Penal consideró que pudo haber existido un abuso de autoridad por un acto arbitrario e injusto.

Este se habría presentado cuando el coronel Pedroza envió un derecho de petición en octubre del 2012 en el que solicitaba que se incluyera su nombre para el ascenso a brigadier general, ya que consideraba que tenía una excelente trayectoria profesional, superior a los otros 10 oficiales seleccionados. Pero, en lugar de responder su petición, el general Palomino habría ordenado investigarlo disciplinariamente por “los actos desobligantes y demás hechos que pudieran afectar la imagen institucional”. Esa investigación llegó a la Procuraduría, que exoneró a Pedroza de toda responsabilidad.

La Fiscalía no demostró en debida forma la solicitud de preclusión siendo evidentes las omisiones investigativas frente a los hechos motivo de queja

Para la Corte, no se tuvo en cuenta que el motivo de la investigación pudo haber sido las afirmaciones que Pedroza hizo en una reunión en la que manifestó que había una “rosca” en los ascensos a general, y que de allí pudo venir “un posible ánimo de retaliación”. Además, dice la Sala Penal, el derecho de petición en el que él solicitó considerar su nombre para los ascensos se dio de forma respetuosa. Esas mismas peticiones las hicieron en su momento los coroneles Antonio María Victoria Escobar y Rafael Antonio Mesa Cepeda.

Por eso, dice la Sala Penal, hubo una “omisión investigativa” ya que el fiscal que tenía el caso “no auscultó si a estos últimos también se les inició investigación disciplinaria” a los otros coroneles que presentaron iguales derechos de petición.

Así, para la Corte, no hay evidencias o medios de conocimiento que permitan concluir que la conducta era atípica y, por lo tanto no hay pruebas para archivar el proceso contra Palomino y los demás generales.

El fallo también asegura que la Fiscalía omitió determinar si a los otros oficiales que pidieron reconsiderar el hecho de no incluirlos en los ascensos también fueron investigados disciplinariamente.

El alto tribunal dice, además, que la Fiscalía tampoco investigó si hubo un acto abusivo por parte de Palomino cuando, en calidad de subdirector general de la Policía, le pidió en una reunión al director general de la época que considerara la continuación de la comisión en el exterior como agregado de la Policía que ejercía el coronel Mario Aurelio Pedroza. Según dijo Palomino en esa ocasión, pedía no mantenerlo en esos servicios ya que Pedroza había dicho que si no se lo llamaba a curso de general, “haría un plantón en la Plaza de Bolívar” para dar a conocer las supuestas irregularidades en el proceso de selección.

La Sala Penal dice que la Fiscalía no evaluó si esa petición de Palomino constituyó un acto abusivo al acudir a su superior “para causar una decisión adversa con un destinatario específico”.

De otro lado, asegura, tampoco se investigó por qué Palomino citó a Pedraza a una reunión el tres de octubre del 2012 en la que estuvieron el general Mena y Sánchez, y en la que fueron citados los hijos del coronel Pedroza -Viviana Marcel y Carlos Mario Pedroza Vargas- que hacían parte de la Policía, así como la esposa de Pedroza, Gloria Rocío Vargas Pulgarín, quien no tenía nada que ver con la institución. Su hija hacía parte de la Dijín, y su hijo, de la Escuela de Cadetes.

A juicio de la Corte, era extraño que Palomino citara a los hijos de Pedraza así como a su madre a dicho encuentro ya que su situación le concernía exclusivamente al coronel Pedroza y no tenía por qué extenderse a su familia.

Ese acto, dice el alto tribunal, se ve extraño por la función no solo de Palomino sino “la del resto de indiciados, pues la tertulia tuvo como objetivo la de hacer sugerencias a estos respecto de su futuro laboral, lo cual se hizo de manera directa”.

La Sala Penal asegura que la Sala Especial de Primera Instancia no tuvo fundamento cuando concluyó que la jerarquía de Palomino le otorgaba la facultad de convocar dicha reunión porque era subdirector de la Policía, ya que lo que se censura en este caso no es su cargo “sino el eventual exceso de poder desplegado”.

Para la Sala Penal, la decisión que archivó la investigación contra los generales Palomino, Mena y Sánchez ignoró que, según los hijos de Pedraza y su esposa, en esa reunión sintieron temor por la sola citación, y hubo un tono enérgico por parte de Palomino con el fin de persuadir a Pedraza para que no continuara reclamando por no haber sido llamado al curso de generales. En esa época Mena y Sánchez eran superiores de sus hijos. 

Aunque según Palomino en ese encuentro hubo un ambiente de camaradería, para los hijos y la esposa de Pedroza fue todo lo contrario. De hecho, tras el encuentro el coronel Pedroza se sintió mal de salud y su abogado le recomendó asistir a Medicina Legal.

De otro lado, en una entrevista Gloria Rocío Vargas Pulgarín, la esposa del coronel Pedroza, dijo que Palomino la regañó en ese encuentro como si fuera su subalterna, y le dijo que como esposa  debía decirle que desistiera de la reclamación y que no saliera a los medios de comunicación. “Por favor piense en sus hijos y dígale a él que piense en sus hijos, que desista de eso”, dice Gloria Rocío Vargas, que le dijo Palomino.

“favor piense en sus hijos y dígale a él que piense en sus hijos, que desista de eso

La Sala Penal también cuestionó que no se haya investigado de forma suficiente por qué a esa reunión, al parecer, fue citado un psicólogo del Hospital Central cuya asistencia buscaría hacerle un examen a Pedroza.

Tampoco se investigó por qué tras la reunión al hijo de Pedroza lo trasladaron a Amazonas, sitio alejado que él no había puesto como una de sus prioridades de traslado. Además, a otros compañeros de su curso los enviaron a mejores puestos.

También cuestionó que no se investigó de forma suficiente la denuncia de Pedroza de supuestos seguimientos ilegales en su contra por parte de miembros de la Policía, tras sus denuncias. Según sus denuncias había vehículos de la Policía que hacían ronda por su casa.

Y tampoco se investigó por qué Pedraza fue llamada a calificar servicios y si ese acto administrativo tuvo alguna relación con sus reclamos.

“Por ello, le asiste la razón a los apelantes cuando afirmaron que existen otras posibilidades de indagación que la Fiscalía no ha explorado”, dice la Sala Penal de la Corte.

La denuncia

Según la denuncia de Pedroza, el 28 de septiembre del 2012, en una junta directiva de generales, Palomino lo descalificó lo que llevó a que se abstuvieran de llamarlo a curso para el grado de brigadier general. Luego, el 10 de diciembre, Pedroza fue retirado del servicio.

Pedroza habló con el Ministro de Defensa de la época y el 3 de octubre del 2012, pese a encontrarse en vacaciones, fue convocado en la oficina del general Palomino -quien en la época era subdirector de la Policía- para tratar el asunto de su inconformidad. En esa reunión también estaba el general Carlos Ramiro Mena, director de la Dijín en ese tiempo.

Pero, además, a la reunión también fueron convocados los hijos de Pedroza, Viviana Marcela y Carlos Mario Pedroza Vargas, quienes se desempeñaban como subteniente de la Dijín, y alférez de la Escuela de Cadetes, respectivamente, institución que en la época era dirigida por el general Édgar Sánchez Morales.

En esa reunión, según denunció Pedroza, fue intimidado o presionado para que “desistiera de su derecho a reclamar sobre el ascenso, y evitar que el asunto trascendiera a los medios de comunicación, máxime cuando, en su consideración, existían hechos de probable corrupción”, según dice el expediente.

Para Pedroza, este hecho constituyó un abuso de la función pública y un acto de constreñimiento, además porque en la reunión asistió un psicólogo que “lo quiso someter a un examen donde buscaba declararlo persona con deficiencias mentales”.

Pedroza también aseguró que fue víctima de seguimientos ilegales de miembros de la Dijín y Dipol, que sus hijos fueron objeto de acoso laboral, que a su hijo lo trasladaron al amazonas en retaliación, y que su familia fue excluida de la base de datos de seguridad social y educación, así como de la membresía del Club de Oficiales.

La preclusión pedida por la Fiscalía

La Fiscalía General le había pedido al alto tribunal precluir (es decir, cerrar) el proceso contra los generales Palomino, Mena y Sánchez, afirmando que las actuaciones por las que habían sido denunciados “no son trascendentes al ámbito del derecho penal”.

Para la Fiscalía no existió el hecho de presunto abuso de autoridad por un acto arbitrario o injusto por haber llamado a Pedroza a calificar servicios, ni por haberse reunido con él en la subdirección de la Policía, ni por reubicar a su hijo en el Amazonas, ni tampoco existieron los supuestos seguimientos policiales ilegales contra el coronel.

El ente acusador dijo, además, que tampoco hubo constreñimiento ilegal por haber convocado a sus hijos a la reunión del tres de octubre del 2012.

Además, para la Fiscalía no hubo ninguna irregularidad en la reunión que se desarrolló con los hijos de Pedroza pues, ocurrió con “toda tranquilidad”. También consideró que no hubo irregularidades en sugerirle al coronel Pedroza que se hiciera exámenes psicológicos.

Es por esto que la Sala de Primera Instancia concluyó, según lo dicho por la Fiscalía, que no hubo ningún acto objetivo que pudiera constituir presión, intimidación, amenaza, fuerza o violencia física o moral para doblegar la voluntad de Pedroza o para que omitiera hacer algo en favor de los generales denunciados.

No hubo ningún acto objetivo que pudiera constituir presión, intimidación, amenaza, fuerza o violencia física o moral para doblegar la voluntad de Pedroza

Al pedir la preclusión, la Fiscalía también dijo que las investigaciones en contra de Pedroza se dieron por “sus actos desobligantes ante la junta de generales y demás hechos que pudieron afectar la imagen institucional, relacionados con su amenaza de proferir declaraciones denigrantes en contra de la institución”.

JUSTICIA

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