¿Pueden los municipios prohibir la prostitución vía POT?

¿Pueden los municipios prohibir la prostitución vía POT?

La Corte Constitucional evalúa en audiencia el caso de Chinácota, Norte de Santander.

Prostitución en Medellín

La Corte está haciendo una ponderación de los derechos de la autonomía territorial que tienen los municipios sobre los de las trabajadoras sexuales.

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Guillermo Ossa / EL TIEMPO

16 de agosto 2018 , 02:44 p.m.

En una audiencia clave para el futuro de la prostitución en el país, la Corte Constitucional escuchará las opiniones de diferentes sectores frente a si las alcaldías pueden prohibir o excluir la actividad sexual en sus territorios dejándola por fuera en sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Así, la Corte está haciendo una ponderación de los derechos de la autonomía territorial que tienen los municipios, sobre los de las trabajadoras sexuales.

La primera en intervenir fue Nelcy Esperanza Delgado Ramírez, dueña de la taberna Barlovento, en Chinácota, Norte de Santander. Aseguró que la alcaldía le cerró su negocio en el que se ejerce la prostitución el 21 de marzo del 2015 porque no cumplía con los requisitos de usos de suelo. El argumento de la alcaldía es que el bar se encuentra en una zona residencial y frente a un colegio.

Delgado aseguró que quiere que la Corte le permita continuar con su negocio donde se ejerce la prostitución “como cualquier otro trabajo sin discriminación”. Delgado dijo que la alcaldesa de Chinácota no tiene aún el esquema de ordenamiento territorial, para que ella pueda ejercer su trabajo. “La idea es que me dejen trabajar”, dijo ante los nueve magistrados.

Armando Quintero Guevara, asesor de la alcaldía, aseguró que la ubicación del bar contraría la normatividad vigente sobre el uso de suelo. “El municipio actuó en cumplimiento de las normas de policía para garantizar la tranquilidad y el cumplimiento frente a la organización del uso de suelos”.

Al ser cuestionado si es un deber de las alcaldías incluir en el POT el ejercicio sexual, aseguró que el ordenamiento territorial es un conjunto de acciones políticas y administrativas que les compete a los municipios para disponer de elementos que regulen el espacio público. Dijo, así, que el objetivo de los POT “es planificar su ordenamiento territorial por lo que le asiste la obligación de reglamentar los usos de sus suelos conforme a los sectores de la economía de sus regiones”.

Quintero dijo que en el POT vigente de Chinácota se estipuló las áreas de actividades y sus clasificaciones, estableciendo la prohibición de bares, griles, casas de lenocinio, moteles y amoblados, en las zonas de uso residencial. “Por ende no constituye un deber determinar con exactitud dónde van a funcionar los establecimientos de trabajos sexuales, pues según las normas siempre y cuando no se encuentren prohibidas pueden ejercer este servicio”, dijo.

El representante de la alcaldía dijo que el hecho de que no se incluyera en el POT la actividad sexual, no implica que se pueda desarrollar en cualquier parte, especialmente en zonas de uso residencial.

“El hecho de no determinarse con exactitud dónde se deben ubicar las casas de lenocinio, no habilita a estos establecimientos para que funcionen contrariando las normas”, aseguró.

“No se pretende prohibir la actividad sexual de su establecimiento, sino que cumpla los requisitos legales como acto de comercio”, aseguró.

Frente a posibles soluciones, Quintero afirmó que se debe realizar una actualización del esquema de ordenamiento territorial buscando la concertación con representantes de las actividades económicas, y no sólo de quienes ejercen estos servicios, sino también de quienes pueden ser impactados por la prostitución.

Dice que no se puede ubicar en los sitios que expresamente prohíben las normas, por lo que se debe “establecer una zona de alto impacto negativo donde haya condiciones de seguridad para quienes desarrollan la actividad sexual y quienes buscan esta actividad”.

Frente al hecho de que el bar esté cerca de un colegio, dijo que esto implica que se “fomente la prostitución y conlleve a normalizar este tipo de conductas”.

El asesor también dijo que como la prostitución es una actividad lícita, se deben garantizar todos los derechos laborales derivados de un contrato de trabajo. También dijo que debe tener como restricciones en su servicio, la subordinación del propietario como un elemento determinante del contrato laboral.

Dice que sellar un establecimiento de servicios sexuales no va en contra de sus derechos, porque se hace por las omisiones de los requisitos en cumplimiento de la ley. “Al Estado le corresponde la tarea de prevenir la prostitución, disminuir sus efectos y rehabilitar a la persona prostituida. Es un contrasentido que se pretenda ejercer la prostitución como un ejercicio lícito, cuando la misma ley dice que debe prevenirse y rehabilitar a quien se encuentra en esta actividad”, aseguró.

Es un contrasentido que se pretenda ejercer la prostitución como un ejercicio lícito, cuando la misma ley dice que debe prevenirse y rehabilitar a quien se encuentra en esta actividad

Carlos Alberto Toro Muñoz, inspector de Policía de Chinácota también intervino y dijo que la Policía nunca le ha violado el debido proceso a Nelcy Esperanza y a su negocio Barlovento pues se le hicieron los avisos necesarios, se le hicieron las notificaciones debidas de ley al sellar su establecimiento. “Haciendo la revisión en un momento se encontró un menor de edad en el establecimiento comercial, así que cuando se incumplen los requerimientos el establecimiento tendrá una multa y tendrá que ser cerrado”, dijo Toro.

Aseguró que Delgado ha sido renuente, pues volvió a abrir el bar hace 20 días. “No solamente afecta al municipio sino también a los jóvenes que están cerca del establecimiento educativo. Todos sabemos que los jóvenes no tienen cómo llegar a una educación superior, y si buscan tener un ingreso podrían involucrarse en este problema de la prostitución”, afirmó.

El inspector de Policía dijo que es una obligación del concejo municipal reglamentar en el territorio dónde se pueden y no se pueden ejercer estas actividades sexuales.

También dijo que si no está reglamentado dónde ubicar, pues se debe respetar la confianza legítima para que siga funcionando pero en las zonas donde no es incompatible.

Además, aseguró que hoy no hay normas para establecer cómo se deben respetar los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, pues no se indica cuánto se les debe pagar y en qué condiciones.

El caso de estudio en la Corte

El caso que generó la discusión en el alto tribunal comenzó en febrero del año pasado, cuando la Corte Constitucional estudió una tutela de Nelcy Esperanza Delgado Ramírez, representante legal de la Taberna Barlovento, en Chinácota, Norte de Santander, que funciona hace 80 años.

La tutela de Delgado se dio porque la alcaldesa de ese municipio cerró su establecimiento ya que incumplió con el certificado de uso de suelos, pues la taberna, en la que se ejerce la prostitución –y que opera los sábados y domingos por la noche–, funciona en una zona de uso residencial, en la que queda un colegio.

En una primera decisión, la Corte Constitucional accedió a proteger los derechos al trabajo y al mínimo vital de Delgado y de las 15 mujeres que ofrecen servicios sexuales en la taberna, tumbando la resolución de la alcaldía que había cerrado el negocio.

La Corte le permitió en esa primera decisión al prostíbulo permanecer en su punto de funcionamiento, siempre y cuando respetara las normas de la Policía y de la administración, “diferentes a las de uso de suelo”.

Sin embargo, en una decisión del 30 de agosto del año pasado, el alto tribunal anuló ese primer fallo que favoreció a la dueña de Barlovento, considerando que la primera decisión no tuvo en cuenta precedentes jurisprudenciales. Así, dijo la Sala Plena al evaluar el caso, los magistrados que tomaron la decisión a favor de la taberna no tuvieron en cuenta las competencias que tienen los municipios para organizar sus territorios. Por eso, tras anular el fallo, la Corte debe tomar una nueva decisión.

JUSTICIA

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