El regaño de la Corte a la Judicatura por el olvido en el Amazonas

El regaño de la Corte a la Judicatura por el olvido en el Amazonas

Un caso por lesiones personales lleva 5 años detenido por la distancia del juzgado. 

Amazonas

La única forma de ir desde La Pedrera hasta Puerto Nariño es por la vía fluvial.

Foto:

Archivo

Por: Justicia
19 de diciembre 2019 , 10:16 p.m.

Hace un poco más de cinco años, en agosto del 2014, Nelson Alberto Calderón Prada cortó con una botella el rostro de Pedro Lozano Matapi.

La agresión –que le causó a la víctima cinco días de incapacidad y una deformidad física permanente– sucedió en el corregimiento La Pedrera, de Puerto Nariño, Amazonas, cuando los dos se encontraban en una tienda de la vereda.

Aunque este proceso por lesiones personales agravadas pareciera sencillo de resolver, la justicia ha tardado cinco años para iniciar, por lo menos, el juicio.

La razón es que en La Pedrera –que no tiene más de 5.000 habitantes–no hay vías terrestres ni vuelos comerciales que permitan que los testigos, víctima, victimario y delegados del Ministerio Público se puedan mover hasta el juzgado de Puerto Nariño, el cual tiene el conocimiento del caso.

Como no hay ni internet ni comunicaciones telefónicas que puedan servir para retransmitir las audiencias a La Pedrera, el juicio está congelado.

Para ir hasta Puerto Nariño desde La Pedrera, hay una ruta fluvial que pasa por Leticia y luego llega a ese municipio, trayecto que dura ocho días.

Todas esas dificultades de movilidad hacen que, por ejemplo, los testigos, aunque son citados, no vayan a las audiencias. Pero no solo no tienen dinero para pagar tal desplazamiento. Tampoco cuentan con el tiempo de 20 días que requiere ir al juzgado, estar en la diligencia y volver a casa.

Esa fue la razón por la cual la Corte Suprema de Justicia recibió una petición de la fiscal que lleva el proceso para que este expediente sea enviado a un juzgado de Taraira, Vaupés, que les queda más cerca.

La fiscal afirma que el juzgado que está en Vaupés es una jurisdicción territorial diferente –pues cada juez conoce de los hechos ocurridos en su departamento–, pero pide que lo envíen allí pues está a 16 días, ida y regreso, por lo que puede facilitar un poco el desplazamiento.

En una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conocida por EL TIEMPO, el alto tribunal no solo le dio la razón a la fiscal y le permitió cambiar la radicación del proceso para que se desarrolle en Taraira, Vaupés, sino que también advirtió la dificultad para acceder a la justicia en zonas como esta.

La decisión de la Corte dice que está claro que el Amazonas, “a pesar de ser considerada como el pulmón del mundo por su abundancia en flora y fauna, así como por la riqueza de sus costumbres, usos y tradiciones ancestrales, ha sido abandonada por el Estado en todos los sentidos, especialmente en ambiente, transporte y acceso a la justicia”.

A pesar de ser considerada como el pulmón del mundo por su abundancia en flora y fauna, así como por la riqueza de sus costumbres (...) ha sido abandonada por el Estado en todos los sentidos

Esto dificulta combatir los delitos en una zona cuyos procesos, según la Corte, en un 60% corresponden al acaparamiento ilegal de tierras; en un 20 %, a los cultivos ilícitos y en un 8 %, a la minería ilegal.

Las dificultades se dan porque “las autoridades no hacen real presencia en esa región para satisfacer las diferentes necesidades de sus pobladores”.

La Corte afirma que la misma Judicatura ha reconocido en su última rendición de cuentas que en el Amazonas solo hay edificios con juzgados en Leticia y en Puerto Nariño, lo que deja por fuera al resto del territorio, que es inmenso.

Así, el alto tribunal afirmó que para que la soberanía judicial del Estado no sea letra muerta, el Consejo Superior de la Judicatura debe hacer gestiones y contrataciones para que los ciudadanos encuentren una respuesta institucional a sus problemas, y así evitar que busquen “formas de justicia por propia mano”.

La Corte dice que el cambio de radicación de juzgado en este caso es excepcional (de todas formas Taraira sigue quedando lejos), pues la Judicatura tiene el deber de implementar en todo el territorio nacional las tecnologías para retransmitir audiencias, y poder desarrollar un cubrimiento físico o virtual de las áreas del país.

El proceso de Amazonas

El proceso de Amazonas por el que la Corte se pronunció.

Foto:

Infografía / EL TIEMPO

Con estos elementos, la Corte le dijo a la Judicatura que en las regiones del país alejadas del centro de poder nacional, como el Amazonas, debe desarrollar todas sus “competencias y obligaciones” para que los habitantes “sientan que existe Estado judicial, con presencia, así sea virtual, de una pronta y cumplida justicia”.

Por eso le ordenó a esa entidad celebrar contratos y convenios con el fin de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la justicia en el Amazonas. Incluso, le dijo que puede cambiar el mapa judicial para que La Pedrera definitivamente pueda llevar sus casos en Taraira.

El caso del Amazonas es ilustrativo de lo que ocurre en una buena parte del país.
Justamente ayer, el Ministerio de Justicia, en su rendición de cuentas, dijo que está trabajando para que, por lo menos, 845 municipios en donde acceder a la justicia es difícil puedan tener una mayor cobertura del Estado a través de la implementación de modelos de justicia local y rural, una tarea que sigue siendo grande y urgente.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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