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Corte ratifica como víctima a mujer forzada a abortar en las Farc
Tutela que busca reparación por víctimas de violencia sexual de las Farc

La tutela exige que a Helena se la incluya en el registro de víctimas para que pueda acceder a una reparación.

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Women's Link

Corte ratifica como víctima a mujer forzada a abortar en las Farc

Unidad de Víctimas intentó tumbar fallo que ordenó atención. “Es negligencia”: abogada.

El 11 de diciembre de 2019, la Corte Constitucional emitió una sentencia clave para las víctimas de violencia sexual al interior de las filas guerrilleras: reconoció como víctima a Helena*, una mujer reclutada a los 14 por las Farc, forzada a planificar y a abortar. La Unidad de Víctimas, que había negado la petición para inscribirla en el Registro Único de Víctimas, intentó tumbar la decisión presentando un recurso de nulidad que acaba de ser negado.

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La Unidad de Víctimas aseguraba que esa decisión “genera(ba) un vació jurídico y un riesgo para el sistema, en la medida que no es coherente que cambie el precedente de la Corte Constitucional pero solo para el caso en concreto y eso no genere que todos los excombatientes que se desmovilizaron aduzcan que ingresaron de forma involuntaria y se retiran posteriormente a la mayoría de edad, y que no lo hicieron antes por miedo”.

En auto de 42 páginas, la Corte desestimó los argumentos y ratificó que la Ley de Víctimas no se puede convertir en un “obstáculo para que las víctimas intra-filas de violencia sexual, que hubieran sido miembros de un grupo armado al margen de la ley por haber sido a la vez víctimas de reclutamiento forzado cuando eran menores de edad y hubieran logrado desmovilizarse siendo ya mayores de edad, pudieran acceder a una reparación integral”.

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En ese sentido, la Corte dejó intactas las órdenes que había dado en la sentencia SU-599 de 2019 para que, además del reconocimiento, la Unidad de Víctimas iniciara la prestación de los servicios psicosociales y psicológicos, con enfoque diferencial de género, para Helena* quien fue víctima de desplazamiento con su familia y luego reclutada en 2003 por las Farc en donde estuvo aproximadamente cinco años.

En 2007 quedó embarazada y lo supo cuando tenía seis meses de gestación. Fue llevada a una casa y obligada a abortar bajo amenaza de un consejo de guerra para que fuera “condenada” a muerte y a pesar de su voluntad de seguir el embarazo. Aunque inicialmente pudo ir a casa, cuando guerrilleros fueron por ella para que volviera a las filas, Helena huyó.

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Con el apoyo Women’s Link Worldwide presentó la tutela que llegó a la Corte Constitucional y que fue fallada a su favor pero que, al fecha, no se han cumplido. La abogada de esa organización Angélica Cocomá explicó que “Helena ha recibido dos llamadas de una psicóloga, no atención permanente ni con enfoque de género".

"No sabemos nada del estado de la indemnización cuando en enero se vencía un plazo de 120 días para que dieran respuesta ni hemos podido acceder apoyo para el emprendimiento”, agregó.

“Me atendieron cuando recién salió el fallo pero no he vuelto a recibir atención médica. Llamo y que no hay agenda. Mando correos a la Unidad y no contestan y cuando lo hacen no sabe uno qué hacer porque dan números y no atienden. Me dijeron que fuera a la alcaldía para el emprendimiento y allá no me dieron razón. No sé qué hacer. Estoy en una incertidumbre”, relató Helena a EL TIEMPO.

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Helena* se pudo practicar una cirugía pero no ha tenido controles y sigue teniendo problemas en su salud derivadas del aborto forzado. Además, la cuarentena le ha dificultado el acceso a un trabajo estable. Para ella y su abogada, este es un asunto de negligencia.

“Hace más de dos años la Unidad tenía conocimiento de su situación de salud y en este contexto de cuarentena nos hemos acercado y no están atendiendo. No responden o responden de forma genérica para dilatar”, dijo Cocomá.

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“Están usando la cuarentena como una excusa para no atender a las víctimas. Es revictimizante. Tiene una sentencia desde hace año y medio que no cumple y perjudica a mujeres que están en situación similar. Es una negligencia absoluta. Esperamos que la Unidad le cumpla a Helena, quien ha tenido una lucha incansable para poder tener su reparación”, agregó la jurista.

Este caso fue presentado por Women’s Link Worldwide ante la Jurisdicción Especial para la Paz en un informe en el que le pidió abrir un caso sobre violencia sexual en el marco del conflicto.​

La respuesta de la Unidad de Víctimas


En un comunicado, la Unidad de Víctimas dijo que sí cumplió con las órdenes que le dio la Corte en 2019 ya que en marzo de 2020 incluyó a Helena en el Registro Único de Víctimas

Según la entidad, sí se han "desplegado las acciones de atención y orientación a Helena, con el fin de disponer el acceso a las diferentes medidas contempladas en el programa administrativo de reparación. En particular, la Unidad para las Víctimas, ha asegurado el despliegue de atención psicosocial en el marco de la Estrategia de Recuperación Emocional como una medida del derecho a la rehabilitación y con ello contribuir en la garantía de su reparación integral".

"La Unidad para las Víctimas reitera que en respeto a las decisiones de los Jueces de la República y Altas Cortes, así como de la garantía de los derechos a las víctimas, dio cumplimiento oportuno y cabal a lo dispuesto en la sentencia en mención", agregó la entidad.

ALEJANDRA BONILLA MORA
JUSTICIA
En Twitter: AlejaBonilla
justicia@eltiempo.com

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