Corte protege a niños que para ir a estudiar cruzan río con caimanes

Corte protege a niños que para ir a estudiar cruzan río con caimanes

El alto tribunal ordenó construir un puente y otras medidas para protegerlos. 

Niños que cruzan río con caimanes para estudiar

Este es el puente La Hamaca, que se encuentra destruido y no sirve para cruzar el río. 

Foto:

Corte Constitucional

Por: justicia
30 de mayo 2019 , 07:17 p.m.

Todos los días los niños que viven en la vereda San José de Campo Lajas arriesgan su vida para poder ir a estudiar. Ni las quejas de los padres, ni de los líderes de la vereda, ni de la Personería de Sardinata (Norte de Santander) habían servido para que las autoridades locales reconstruyan el puente 'La Hamaca', que hoy está destruido y que es vital para poder cruzar de forma segura el río Nuevo Presidente. 

Sin el puente, los niños de esta zona -ubicada en el corazón del Catatumbo-, han tenido que improvisar algún medio para poder llegar hasta la otra orilla. Uniendo troncos en una forma básica y artesanal, los menores cruzan el río exponiéndose a que antes de llegar a la Institución Educativa San Luis Beltrán se los lleve una creciente del caudal. 

Pero no sólo la corriente del afluente es un riesgo. En las aguas permanecen caimanes que en cualquier momento podrían atacarlos. Ya lo hicieron una vez, cuando una niña se encontraba a las orillas del río y murió cuando uno de esos reptiles se la llevó. 

Esa fue la razón por la que el 12 de diciembre del 2017 el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San José de Campo Lajas le pidió al alcalde de Sardinata que pusiera en marcha las obras necesarias para posibilitar el funcionamiento del puente colgante. Dos días después el personero de Sardinata, Juan Gabriel Peñaranda Archila, presentó un derecho de petición a la gobernación de Norte de Santander, y luego una tutela, para apoyar la petición de la comunidad afectada. 

El puente está quebrado desde el 2016 sin que, desde esa fecha, la alcaldía o la gobernación hayan llevado a cabo las obras necesarias para habilitarlo. Solo en enero del 2018 hubo una respuesta de la administración departamental en la que asegura que va a estudiar "la viabilidad técnica, administrativa, financiera y programar una visita técnica" a la vereda.

La visita se hizo, y las autoridades concluyeron que hacía falta la adecuación del puente para que los niños pudieran pasar el río, pero además, encontraron que al colegio le falta dotación, baños, libros, y que los computadores no pueden ser usados porque no hay energía eléctrica. 

Pese a que todos conocen el problema, el puente no ha sido reconstruido y las condiciones para estudiar son mínimas. La alcaldía, según el expediente que llegó a manos de la Corte Constitucional, aseguró que el alcalde había buscado recursos para ejecutar la obra, pero hasta ahora no ha sido posible tener un presupuesto, pues los recursos con los que contaba el municipio apenas alcanzaban para cubrir los gastos de funcionamiento. 

Sin el puente, muchos niños dejaron de asistir al colegio. Otros tuvieron que separarse de sus familias y trasladarse a Bucaramanga para poder estudiar, o viajar hasta Corinto en un trayecto de cuatro horas, o a la sede de Guarisco,

Por eso la Corte Constitucional estudió una tutela para evaluar cómo los derechos de los niños de esta vereda están siendo vulnerados. En su análisis, la Corte constató que los menores de esta región enfrentan barreras de acceso desproporcionadas para garantizar su derecho a la educación. 

En su revisión, el alto tribunal también encontró que esta región del Catatumbo ha sufrido de forma especial las consecuencias del conflicto armado y gran parte de su población vive en condiciones de pobreza extrema, mientras en la región hay grupos ilegales que se lucran del narcotráfico. La delincuencia común, el Eln, el Epl y las disidencias de las Farc se pelean estos territorios, dejando en medio a la comunidad. 

En la vereda no hay servicios públicos domiciliarios, la comunidad usa lámparas de gas para iluminar sus viviendas, y mangueras para obtener agua. La mayoría de pobladores son víctimas de desplazamiento forzado, y muchos, según los mismos reportes de las autoridades locales, viven de la siembra y cosecha de la hoja de coca ya que no encuentran otra actividad para sobrevivir. 

Todo ese contexto de violencia y de exclusión explica que la comunidad siga sin el puente, y que los niños tengan que atravesar el peligroso río para poder estudiar en un colegio en el que apenas tienen los elementos básicos. 

Por su situación especial, la Corte recordó que el Estado tiene el deber de tomar medidas para eliminar las barreras que desincentiven el ingreso y permanencia en el sistema educativo. Así, el deber del Estado no sólo es ofrecer educación, sino garantizar que existan las condiciones para prestar este servicio. 

Puente colgante destruido en Norte de Santander

Puente colgante destruido en Norte de Santander.

Foto:

Corte Constitucional

La Corte aseguró que la ubicación geográfica de los niños que viven en zonas rurales y apartadas no puede impedir que tengan acceso a la educación, por lo que estableció que el Estado debe "implementar estrategias que garanticen un acceso universal progresivo, de modo que los menores ubicados en zonas apartadas no soporten cargas desproporcionadas para acudir a sus clases". 

Para la Corte no es justo que los niños que viven en zonas rurales estén en una situación de inferioridad frente a los que habitan las ciudades, pues aceptar esa realidad implicaría reconocer que no existe un derecho a la igualdad. 

Con todos estos elementos, la Corte Constitucional ordenó proteger los derechos de los niños de la vereda San José de Campo Lajas, no sólo para garantizar su derecho a la educación, sino para promover condiciones que, en un futuro, permitan poner fin al conflicto que históricamente a sufrido esta región, y contribuir a que los menores puedan desarrollar capacidades que les permitan superar sus condiciones de pobreza y marginalidad. 

Para atender este caso la Corte Constitucional hizo un proceso de "interacción significativa" con el fin de involucrar a todas las partes interesadas en este caso: la comunidad y las autoridades locales, para que los unos y los otros escucharan sus versiones y aportaran a las soluciones posibles.

Así, en esta interacción, el alto tribunal obtuvo información preliminar y decretó pruebas, para que en medio de ese debate se pudiera identificar el problema en la región. Con esto, la Corte buscó alternativas reales, propuestas por las mismas partes involucradas, para poder avanzar en la superación del problema que aqueja a los niños de la comunidad. 

Caimanes en río por el que pasan los niños

Caimanes en el río por el que pasan los niños.

Foto:

Corte Constitucional

Tras esta actuación, las autoridades asumieron compromisos para reconstruir el puente y adelantar las obras necesarias. El departamento de Norte de Santander conformó un equipo técnico para la reconstrucción de esa obra, e iniciar los estudios para un nuevo puente en el extremo noroeste de la vereda, así como para destinar recursos para mejorar la infraestructura del colegio. 

El municipio, por su parte, se comprometió en construir una línea de conducción de agua desde la quebrada hasta la escuela y un tanque de almacenamiento para el uso de los baños de la institución.

Así, las autoridades locales quedaron obligadas a reunirse con la comunidad para establecer un diálogo, encontrar soluciones, y presentar informes periódicos en los que se evidencie que cumplieron con los compromisos que ellos mismos propusieron. Como respuesta a esos compromisos deberán rehabilitar el puente colgante para que los niños, por fin, puedan ir a estudiar sin peligro. 

JUSTICIA

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