En su último reporte sobre los países de su jurisdicción, bien por procesos abiertos o, como en el caso de Colombia, en observación, la Corte Penal Internacional (CPI) anunció que el nuevo Acuerdo de Paz con las Farc, que fue revelado hace una semana, ya está bajo su lupa.
En su último pronunciamiento oficial sobre el proceso de paz, en septiembre pasado, la fiscal de la Corte, Fatou Benzouda, había manifestado que el primer Acuerdo de La Habana satisfacía en líneas generales los parámetros de ese tribunal, que tiene alcance mundial y que persigue a los responsables de graves delitos contra la humanidad y crímenes de guerra.
(Lea acá el documento completo del nuevo acuerdo entre el Gobierno y Farc).
Ahora, el nuevo reporte señala que la Corte no tiene aún una posición final sobre la nueva Justicia Especial para la Paz. De hecho, advierte que en todo caso los objetivos de verdad plena, reparación, justicia y no repetición "no solo dependerán de los procedimientos y condiciones definidos en el Acuerdo, sino de la efectividad de las restricciones sobre la libertad impuestas" a los máximos responsables de los crímenes perpetrados en la guerra en el país.
Además de esas restricciones, advierte la Corte, es necesario tener más claridad en la responsabilidad por línea de mando (la que tienen los comandantes de los grupos), que podría terminar afectando la posibilidad de que los grandes responsables de graves crímenes vayan a la nueva Jurisdicción de Paz.
La Corte, además de los avances en el proceso de paz, también examinó los avances en investigaciones por delitos perpetrados por la guerrilla, los paramilitares y agentes del Estado. En el caso de los crímenes sexuales, asegura que la efectividad de la justicia frente a delitos de ese tipo cometidos por fuerzas del Estado es precaria.
"Este examen de la CPI muestra una postura crítica frente a los avances en la investigación y enjuiciamiento de los responsables de los crímenes de guerra, cometidos en Colombia, y que la fiscalía de la Corte ha incluído dentro del examen preliminar sobre la situación de Colombia", dijo a EL TIEMPO Jorge Restrepo, director Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).
Y añadió que "este cambio de postura frente a reportes anuales anteriores, que mostraban una observación expectante de los avances de la justicia en Colombia, puede ser un indicador de un endurecimiento de la Fiscalía en términos de su consideración del caso de Colombia, incluso anunciando en el mediano plazo la apertura de una investigación dirigida a la declaración de competencia sobre la situación de Colombia".
El reporte critíca puntualmente que este año solo se reporta una condena, en primera instancia, por violencia sexual contra un miembro de bajo nivel del Ejército. Acto seguido, exige reformas en las investigaciones para garantizar que no habrá impunidad.
De la misma manera, en el caso de los 'falsos positivos' reconoce que hay más de 800 condenas contra 961 miembros de las Fuerzas Militares, pero señala que las responsabilidades no han ido más allá de algunos coroneles. Y aunque destaca que hay 14 generales investigados por esos hechos, considera que la justicia no avanza suficientemente en esos casos.
La fiscal Benzouda dice que está alerta también frente al avance de la eventual negociación con el Eln y advierte que, además de los acuerdos ya firmados o los que puedan suscribirse, estará pendiente de los desarrollos legislativos para garantizar que habrá verdaderas sanciones para "los responsables de los más serios crímenes".
JUSTICIA
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