La orden de la Corte Constitucional de pagarles pensión a las madres comunitarias solo aplicará a aquellas que habían interpuesto tutelas para exigir ese derecho.
Aunque el fallo había sido emitido en septiembre –pero aún no tenía las firmas de todos los magistrados de la sala que revisó la tutela–, su texto solo se conoció este viernes, y ordena que se reconozca ese derecho a las 106 madres que interpusieron el recurso.
En el mismo, la Corte da un mes para adelantar los pagos de los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales en pensiones que ellas dejaron de recibir.
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Inicialmente, la sentencia generó controversia porque se interpretó que la orden era extensiva a todas las madres comunitarias (unas 74.665). Incluso, el Gobierno manifestó su preocupación porque podría traer graves consecuencias económicas para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y estimaba el costo en más de 16 billones de pesos.
En el texto del fallo, la Corte precisa que existió un “contrato de trabajo realidad” con las madres comunitarias que se vincularon al Programa Hogares Comunitarios de Bienestar desde 1988 hasta el 2014, cuando se formalizó su situación. No obstante, el ICBF ha sostenido que nunca tuvo una relación laboral formal con las mujeres.
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Frente al resto de madres, la Corte exhortó al instituto para que de manera gradual y progresiva “promueva e implemente medidas idóneas y eficientes, con las cuales se obtenga, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, la efectividad de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, como garantías de todas las personas que desempeñaron la labor de madre o padre comunitario”.
Para lo anterior pide diseñar y ejecutar un programa de normalización y fijar criterios de priorización según la edad, las condiciones de salud, discapacidad, económica y el tiempo de servicio de las madres.
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