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Trámites de migrantes en grave estado de salud deben acelerarse: Corte
Necoclí: crisis de 10.000 migrantes varados en el Urabá antioqueño

Migrantes en Necoclí.

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Jaiver Nieto/ ETCE

Trámites de migrantes en grave estado de salud deben acelerarse: Corte

Migrantes en Necoclí.

Demoras en renovación de salvoconducto y estudio de petición de refugio afectó salud de migrante.

La Corte Constitucional ordenó a la Cancillería y a Migración Colombia que en los trámites de regularización de la condición de migrante de personas que están en grave de estado de salud, se tomen las medidas necesarias para evitar demoras que puedan afectar la prestación del servicio de salud para estas personas.

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Así lo dispuso el alto tribunal al estudiar el caso de un hombre venezolano con insuficiencia renal crónica que entró a Colombia de manera legal en octubre de 2018 y quien presentó la respectiva solicitud de refugio ese mismo año, por lo que le fue otorgado un salvoconducto que le permitió vincularse a la Nueva EPS.

Dicha EPS lo desvinculó en junio de 2019 debido a la actualización de datos que se hace cada tres meses y, por tanto, las sesiones de hemodiálisis que necesitaba fueron suspendidas. Por esa razón, el hombre solicitó la renovación del salvoconducto y ante la falta de respuesta, presentó una tutela.

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La Cancillería dijo que sí había llamado a este hombre a entrevista a finales de 2019. En el trámite de la tutela, no obstante, el Ministerio dijo que la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare) sesionó virtualmente entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre de 2020 para estudiar el caso, que es el paso previo a la toma de la decisión.

En instancias, los jueces negaron la tutela de este hombre diciendo que no se había presentado ninguna irregularidad y que la mora es justificada debido a que existen 21.000 solicitudes pendientes por resolver y el aludido salvoconducto de esta persona fue renovado hasta marzo del año 2021.

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El trámite de reconocimiento de la condición de migrante ha sido extenso y, en el mismo, la renovación del salvoconducto en ocasiones se demoró entre tres y seis meses

El caso fue seleccionado para estudio por la Corte Constitucional. En medio de este trámite, el migrante venezolano confirmó que a finales de 2020 la Cancilllería le otorgó el estatus de refugiado al igual que a su esposa y se confirmó que 21 de abril de 2021 obtuvo su visa y se programó cita para la expedición de cédula de extranjería.

Al revisar el expediente, la Corte valoró el otorgamiento de la calidad de refugiado de esta persona y que finalmente pudo volver a tener atención en salud, especialmente la diálisis que necesita para la condición de enfermedad renal crónica que enfrenta.

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“La Sala observa que el trámite de reconocimiento de la condición de migrante ha sido extenso y que, en el transcurso del mismo, la renovación del documento transitorio (salvoconducto) en ocasiones se demoró entre tres y seis meses, generando así una situación de incertidumbre para el peticionario y su núcleo familiar, a pesar de ser una persona que enfrenta una enfermedad catastrófica”, dijo la Corte.

El alto tribunal dijo que si bien los trámites en este caso están conforme a lo dispuesto en el Decreto 1067 de 2015, no fueron suficientes para que este hombre, que enfrenta una condición de salud particularmente difícil como la insuficiencia renal crónica, en estado avanzado, al punto que requiere del tratamiento de diálisis, recibiera su tratamiento sin solución de continuidad, “lo que supuso a su vez un estado de incertidumbre que se extendió por más de dos años, mientras se estudiaba su condición de refugiado”.

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Se requerían esfuerzos significativos para asegurar, con carácter prioritario, una salvaguarda inmediata que evitara desenlaces irreparables sobre la vida de un individuo en situación de alto riesgo

“La Sala advierte que, frente a un panorama como este se requerían esfuerzos significativos para asegurar, con carácter prioritario, una salvaguarda inmediata que evitara desenlaces irreparables sobre la vida digna e integridad personal de un individuo inmerso en una situación de alto riesgo por las consecuencias negativas que ordinariamente se derivan del hecho de padecer insuficiencia renal crónica, con tratamiento de diálisis y, además, por enfrentarse en la actualidad a un proceso migratorio masivo con un impacto negativo en el goce efectivo de sus derechos fundamentales”, dijo la Corte.

El alto tribunal recordó que “la salud es, por una parte, un derecho fundamental y, por otra, un servicio público esencial que debe prestarse con pleno cumplimiento de los principios de eficiencia y efectividad, de los cuales se desprende a su vez la obligación de garantizar la continuidad en la prestación del servicio”.

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“En el caso concreto esta dimensión de continuidad adquiere especial relevancia, dadas las consecuencias que comporta para la persona afectada la suspensión de la diálisis. Entre las cuales se cuenta un riesgo cierto para la vida”, dijo el alto tribunal.

“Ante un contexto de incertidumbre como aquel al que fue sometido el accionante durante más de dos años, a pesar de sufrir una enfermedad renal crónica, resulta indispensable llamar la atención del Ministerio de Relaciones Exteriores y de sus dependencias para que, en adelante, todas las actuaciones relacionadas con el trámite de refugio sean desplegadas con apego a los criterios de claridad y congruencia, a fin de que los extranjeros interesados conozcan a plenitud el conjunto de deberes y derechos que se derivan de procedimientos de esta naturaleza”, dijo la Sala.

El alto tribunal enfatizó en que “la oportunidad en la renovación de los documentos transitorios o definitivos aptos para la afiliación en salud, además de ser exigible en todos los casos, se torna imperativa cuando esta constituye una condición para el acceso a prestaciones de salud ante enfermedades de especial gravedad”.

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justicia@eltiempo.com
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