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Corte ordena registro de consejos del Pirá Paraná y del Medio Río Guainía
Martillo de juez

Se trata de comunidades indígenas asentadas en Guaviare y en Guainía.

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Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

Corte ordena registro de consejos del Pirá Paraná y del Medio Río Guainía

Se trata de comunidades indígenas asentadas en Guaviare y en Guainía.

El registro en el Ministerio del Interior deberá hacerse en 48 horas luego de tres años de proceso.

La Corte Constitucional le dio un plazo de 48 horas al Gobierno Nacional para que inscriba oficialmente a los consejos indígenas del Pirá Paraná y del Medio Río Guainía, incluyendo la totalidad de las comunidades que lo conforman según la designación que de manera autónoma hicieron de sus autoridades tradicionales.

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El proceso de lo habían iniciado las comunidades del Pira Piraná en 2019, adelantando los requisitos que para ello contiene el Decreto 632 de 2018, haciendo recorridos en todo el territorio para establecer la voluntad de la comunidad de integrarse al Consejo, entre otros.

El Ministerio del Interior negó la petición de registro y solicitó en cambio que se informara si las comunidades de Yoayá y Puerto Inaya tenían continuidad con las ubicadas dentro del resguardo y  que se remitiera el certificado de posesión de algunos capitanes relacionados en las actas comunitarias que no se encontraban registrados en las bases de datos del Ministerio. 

En cuanto a las comunidades de la parte Media del Río Guainía, los recorridos se hicieron entre  el 8 y el 14 de agosto de 2019. Allí,  cada una de las comunidades del territorio certificó a sus autoridades tradicionales que los representarían en la asamblea general y expresó en actas su voluntad de integrarse al Consejo.

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El Ministerio del Interior la negó y solicitó informar si las comunidades de Amanaven y La Esperanza tenían continuidad con las ubicadas dentro del resguardo y que se remitiera remitiera el certificado de posesión de algunos capitanes relacionados en las actas comunitarias que no se encontraban registrados en las bases de datos del Ministerio.

En ambos casos, los representantes legales consideraron las peticiones del Ministerio del Interior como arbitrarias porque no hacen parte de los requerimientos del decreto y presentaron una tutela.

El caso llegó a la Corte Constitucional que, al estudiar los casos, determinó que el Ministerio del Interior desconoció el orden y sentido de implementación del Decreto, así como el artículo 330 de la Constitución que dispone que los territorios indígenas estarán gobernados por Consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres, lo que implica el reconocimiento de los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas y comunidades. 

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"La Corte Constitucional y la Corte IDH han reconocido en múltiples pronunciamientos que la existencia y la identidad de una comunidad o de sus miembros no dependen de un registro institucional. La identidad colectiva hace parte del ejercicio del derecho al reconocimiento propio como elemento esencial de la diversidad étnica y cultural. La autonomía de los pueblos les permite decidir sobre sus asuntos políticos, jurídicos y administrativos sin injerencia de la normatividad impuesta por la sociedad mayoritaria", dijo la Sala.

"La interpretación del artículo 8° del Decreto 632 de 2018 a la luz de la Constitución, de la jurisprudencia constitucional y de los estándares internacionales, permite concluir que la finalidad de dicha disposición fue precisamente reconocer el derecho de las comunidades indígenas al gobierno propio. Por el contrario, el Ministerio del Interior interpretó de manera restrictiva la referida norma y con ello desconoció la existencia y la validez legal del sistema de derecho propio de la comunidad Pirá Paraná", dijo la Sala.

La Corte dijo que el Ministerio del Interior omitió las particularidades de los pueblos indígenas asentados en los territorios de las áreas no municipalizadas, en relación con su geografía, dispersión poblacional, el carácter multiétnico, la existencia de diversas cosmovisiones y donde pervive la diversidad lingüística y cultural.

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Lo anterior porque, según los considerandos del Decreto 632 de 2018, era necesario que el Gobierno nacional, recogiera en un instrumento jurídico tales diversidades y buscara materializar el goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas que ostentan estas condiciones.

"La conformación del Consejo, como una facultad exclusiva de las comunidades indígenas, deja fuera de la órbita del Ministerio del Interior la capacidad de excluir a las autoridades para participar en el ejercicio del gobierno propio. Bajo ese entendido, se advierte que el Ministerio realizó una interpretación restrictiva de la norma", dijo la Corte.

Lo propio sucedió con los pueblos que conforman el territorio del Medio Río Guainía. "Como se expuso, las autoridades administrativas y judiciales no son las llamadas a determinar si una comunidad existe o si un individuo pertenece a ella. Según lo establecido en los artículos 7° y 330 de la Constitución, en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia constitucional e interamericana, las propias comunidades son las que definen tal pertenencia de acuerdo a la conciencia de su identidad", dijo la Corte.

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En este caso, la Sala destacó que el registro del Consejo Indígena del Medio Río Guainía se realizó el 7 de julio de 2020, es decir, nueve meses después de la solicitud -26 de septiembre de 2019- y en desconocimiento del sistema de derecho propio de la comunidad.

"Al exigir requisitos diferentes a los previstos en el artículo 8° del Decreto 632 de 2018, el Ministerio del Interior incumplió el término legal para resolver la solicitud de registro. Esta situación afectó las demás etapas de la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas y perpetuó la desprotección de los derechos de las comunidades. Según se indicó, dicho decreto llenó un vacío legal de aproximadamente 27 años y es considerado un hito para los pueblos indígenas amazónicos y su lucha por el reconocimiento de sus territorios. Su aplicación incorrecta impide la materialización de los derechos de las comunidades y desdibuja su objetivo principal", dijo la Corte.

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La decisión pide a la Procuraduría Delegada para la Prevención en materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos que brinde el acompañamiento y la vigilancia en el proceso.

Y advirtió a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior para que se abstenga de incurrir en actuaciones como las evidenciadas en esta providencia y "que constituyen barreras administrativas en el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas".

justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

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