Corte ordena escuchar a preso que denunció a guardianes del Inpec

Corte ordena escuchar a preso que denunció a guardianes del Inpec

El interno pide que los guardias que lo custodian sean trasladados y se queja de maltratos.

Cárcel de Acacías, Meta

Cárcel de Acacías, Meta

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Inpec

Por: Justicia
24 de octubre 2019 , 10:50 p.m.

En enero de este año, un detenido en la cárcel de Acacías, Meta, presentó una tutela contra el director del Inpec porque no le había contestado dos derechos de petición que había presentado en noviembre y diciembre del 2018, para pedirle que trasladara a otra prisión a los guardianes que estaban a cargo de su custodia.

En su derecho de petición, el preso se refirió a una requisa efectuada en el pabellón número ocho el 14 de diciembre del 2018 por la guardia, así como a la necesidad de trasladar al personal por llevar allí más de dos años, lo cual, afirma, es contrario a la Constitución, además de incurrir en faltas disciplinarias.

Dijo además que lo habían trasladado a un pabellón de castigo en el patio 10 en la unidad de tratamiento especial, y que esa celda se encuentra en condiciones infrahumanas porque durante un tiempo no tuvo luz, y no cuenta con una cisterna para poder hacer sus necesidades. También aseguró: “En la requisa nos hicieron despojar de la ropa, hacer flexiones, y manipularon nuestras partes íntimas”.

En la requisa nos hicieron despojar de la ropa, hacer flexiones, y manipularon nuestras partes íntimas

Ante sus quejas, el Inpec dijo que no era competente para resolver su petición y que eso lo debía hacer el director de la cárcel de Acacías. En la cárcel afirmaron que tampoco tenían la competencia para trasladar a los guardianes a los que el detenido señalaba de abusar de su autoridad. También le dijeron que no probó los hechos que denunció y que en una de las requisas en las que él dice que ocurrieron los malos tratos, la guardia encontró armas cortopunzantes y drogas que tenía un grupo de internos.

La cárcel, además, aseguró que el preso nació en Bogotá, tiene 31 años de edad, está condenado por homicidio, hurto y porte de armas, está pagando una pena de 27 años y se encuentra en la unidad de tratamiento especial porque, de acuerdo con su historia clínica, consume sustancias psicoactivas y se encuentra en condición de atención psiquiátrica. Por último, le dijeron que su tutela era innecesaria y era producto “de su condición mental”.

El caso llegó a la Corte Constitucional, la cual sostuvo que, si bien no hay pruebas para demostrar en la tutela que en la cárcel hay irregularidades, pues esto hace parte de una investigación que están desarrollando la oficina de control interno del Inpec y la Procuraduría, el instituto carcelario sí vulnero su derecho de petición al no responderle de forma adecuada.

Aunque el detenido pidió en sus cartas al Inpec que trasladaran a los guardias de seguridad de la cárcel de Acacías y denunció faltas disciplinarias en las requisas, el instituto le contestó que el personal de custodia que presta sus servicios en esa cárcel “está capacitado en los procedimientos vigentes de requisa de las personas privadas de la libertad”, sin referirse puntualmente a sus críticas.

Esta respuesta, dice la Corte, “no hace alusión a los principales aspectos que relaciona el actor en sus solicitudes”, por lo que consideró que su derecho de petición no ha sido satisfecho, ya que la respuesta que se le dio no tiene que ver con lo que él pidió y denunció. Por eso, la Corte le ordenó al Inpec que en 48 horas responda los cuestionamientos del detenido.

Generales en retiro no apoyan que Policía asuma las cárceles

El Colegio de Generales de la Policía le pidió al Gobierno Nacional que no apoye la iniciativa de un grupo de congresistas que buscan que la Policía asuma el control de las cárceles del país y que el Inpec sea liquidado.

Los oficiales en retiro le enviaron al presidente Iván Duque una carta en la cual manifiestan que una decisión en ese sentido es “inconveniente e inmediatista, pues tratan de solucionar una crisis estructural desconociendo la historia de ambas instituciones, sin tener en cuenta que afectarían seriamente la misionalidad de la Policía”.
Añaden que por la importancia de ese tipo de decisiones, estas tendrían que adoptarse luego de estudios profundos y del análisis en el Consejo Superior de Política Criminal.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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