El Consejo de Estado negó una millonaria reparación a Empresas Públicas de Medellín por la supuesta violación a sus derechos al serle ordenado el reintegro de funcionarios que habían participado de una huelga que fue declarada ilegal en 1993.
Según el tribunal, la Corte no incurrió en ningún error judicial cuando resolvió una acción de tutela interpuesta por el sindicato de la entidad.
La demanda fue instaurada en el 2001 por EPM en la que solicitó una indemnización por el supuesto error que cometió la Corte Constitucional al ordenar el reintegro de los trabajadores de Empresas Varias de Medellín.
Por solicitud de esa entidad el Ministerio del Trabajo declaró ilegal la huelga. El sindicato demandó la decisión ante el Consejo de Estado, tribunal que consideró que no había lugar a declarar la nulidad. Luego el sindicato acudió a la Organización Internacional de Trabajo.
Posteriormente la OIT pidió a Colombia que se ordenara reintegrar a los trabajadores. El Comité de Seguridad de la Organización recordó que la recolección de basuras no es un servicio público esencial y por tanto no podía declarase la ilegalidad de la huelga basados en esa premisa.
La OIT dijo además que se violaron las normas internacionales para declarar ilegal esa huelga.
Pese a las recomendaciones de la OIT, la empresa no levantó la declaratoria de ilegalidad de la huelga lo que llevó a que la Corte Constitucional les concediera la tutela y ordenara el reintegro de los empleados.
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