'SuperSociedades no podía anular sanción contra Conalvías': Corte

'SuperSociedades no podía anular sanción contra Conalvías': Corte

La firma intentaba tumbar fallo de la Contraloría que la obliga a pagar 173.908 millones de pesos. 

Andrés Jaramillo

Andrés Jaramillo, exrepresentante legal de Conalvías.

Foto:

Archivo particular

Por: Justicia
15 de febrero 2019 , 08:14 p.m.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia negó un recurso que la empresa Conalvías presentó ante el alto tribunal y con el que intentaba evitar pagar un fallo  de 173..908 millones de pesos que la Contraloría General impuso en su contra. 

La Contraloría condenó a esta firma a finales del 2016 considerando que tuvo responsabilidad en los hechos del carrusel de contratos en Bogotá. La sanción fiscal se dio específicamente por los sobrecostos que se generaron cuando esa firma tomó en cesión, en el 2010, el control de las obras para construir la Fase III de TransMilenio.

Sin embargo, esta firma -cuyo expresidente era Andrés Jaramillo, quien fue capturado en el 2017 y quedó en libertad en agosto del año pasado- ha hecho toda clase de maniobras para intentar tumbar la sanción fiscal. 

Lo primero que hizo fue solicitarle a la Superintendencia de Sociedades que le permitiera iniciar un proceso de reorganización. Esto llevó a que la Súper emitiera a finales del 2016 un concepto en el que informaba que por esa reconfiguración de la empresa, Conalvías no podía ser objeto de ningún cobro coactivo, es decir, la Contraloría no le podía cobrar la millonaria sanción. 

Y en agosto del 2018 la Superintendencia de Sociedades emitió una decisión en la que ordenó anular el cobro coactivo que la Contraloría había iniciado contra Conalvías, tumbar las decisiones que ordenaban medidas cautelares sobre sus inmuebles y, además, y excluir a esta empresa del boletín de responsables fiscales. 

Esto llevó a que la Contraloría interpusiera una tutela en la que pedía anular esa decisión de la Superintendencia considerando que le estaba permitiendo a Conalvías no resarcir el daño fiscal que causó. 

En una primera decisión, el Tribunal Superior de Bogotá falló a favor de la Contraloría considerando que la Superintendencia desbordó sus facultades y desconoció la autonomía de la Contraloría. Así, afirmó que la Súper no tenía derecho a anular procesos que no son de su órbita.

Como Conalvías impugnó esa decisión, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que acaba de confirmar el fallo del Tribunal de Bogotá. La Corte determinó que como a la Contraloría nunca se la incluyó en el proceso de reorganización, era imposible exigirle que controvirtiera la decisión de la Superintendencia en un proceso administrativo. 

La Corte Suprema le da la razón a la Contraloría y asegura que este es el único organismo que puede incluir o excluir a personas del boletín de responsables fiscales. Cuando se está en esta lista las empresas no pueden contratar con el Estado por ser responsables de detrimentos patrimoniales. 

Así, para que una persona natural o jurídica salga de este boletín debe: pagar el dinero del detrimento, conseguir que se anule el fallo de responsabilidad en su contra en la jurisdicción contenciosa administrativa, o lograr que la sanción sea revocada directamente. 

Con estos argumentos la Corte asegura que la Superintendencia de Sociedades, "al ordenar el retiro de Conalvías del boletín de responsables fiscales, incurrió en un notable defecto orgánico, porque acorde con lo atrás expuesto, además de que no se cumplían los presupuestos normativos para tal propósito, carecía de competencia para ello". Esto porque esa facultad es exclusiva de la Contraloría. 

El alto tribunal asegura que no es cierto, como dice la Superintendencia, que incluir a un responsable de un detrimento patrimonial en el boletín tenga únicamente fines cautelares para que pague lo que debe en la condena fiscal, pues también busca proteger al Estado de que esa firma pueda seguir contratando  y cause nuevos daños patrimoniales. 

La Corte también dice que la Superintendencia no podía anular el proceso de cobro coactivo que inició la Contraloría contra Conalvías. 

JUSTICIA

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