ABC de fallo que le impide a dos Súper hacer interceptaciones

ABC de fallo que le impide a dos Súper hacer interceptaciones

Corte Constitucional determinó que pueden practicar pruebas, pero no hacer interceptaciones. 

Corte Constitucional

Los magistrados de la Corte Constitucional analizarán las voces a favor y en contra del glifosato para establecer si suavizan las exigencias para fumigar, o las mantienen.

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Carlos Ortega / EL TIEMPO

Por: Justicia
12 de abril 2019 , 01:13 p.m.

En una decisión clave la Corte Constitucional determinó que aunque la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Sociedades sí pueden practicar pruebas, no pueden hacer interceptaciones, registros o cualquier otra actividades que necesite la orden de un juez. 

El alto tribunal emitió hoy el comunicado en el que explica las razones por las que se tomó esta decisión. "El registro de una empresa privada necesitará una orden judicial que lo autorice", explicó la magistrada Stella Ortiz, presidenta de la Corte. 

La demanda que estudió la Corte

El alto tribunal estudió una demanda contra la ley 1480 del 2011 con la que se expidió el Estatuto del Consumidor. 

Esa norma estableció que la Superindustria y Comercio podía "practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley, con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la presente ley". 

Esos procedimientos, según la ley 1778 del 2016, implican que estas Superintendencias pueden realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas, y recaudar toda la información que necesite. 

También las faculta para solicitar a personas naturales y jurídicas que suministren datos, informes, libros y papeles de comercio. Además, establece que no entregarle esta información a estas Superintendencias será sancionado con una multa de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Esas normas fueron demandadas porque un ciudadano consideró que eran contrarias a la constitución ya que no dejaba claro qué tipo de pruebas eran las que la Superindustria y Comercio, y la Supersociedades podían practica.

Así, para el denunciante, esto llevaba a que quedaran facultadas para interceptar comunicaciones, registrar correspondencia, allanar el domicilio, lo que a su juicio es contrario a la Constitución porque ese tipo de mecanismos requieren de una orden judicial por estar sometidos a reserva.

Corte mantuvo los artículos demandados pero con restricciones

La Corte Constitucional mantuvo los artículos que fueron determinados pero bajo la condición de que esa práctica de pruebas no le permite a estas dos Superintendencias hacer interceptaciones, registros o cualquier otro procedimiento que requiera de una orden judicial. 

Según el alto tribunal, no es cierto, como dice el demandante, que no esté claro qué tipo de pruebas pueden practicar las SúperIndustria y la SúperSociedades porque, según la Corte, esas atribuciones probatorias deben limitarse a las investigaciones administrativas con el fin de determinar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor, y el cumplimiento de las reglas que prohíben el soborno transnacional. 

Además, asegura la Corte, hay reglas precisas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como del Código General del Proceso, normas que determinan qué tipo de pruebas pueden practicar estos organismos. 

Pueden practicar pruebas pero no de cualquier tipo

La Corte dijo que las normas demandadas podían conducir a dos interpretaciones: la primera, que pueden practicar sin límite cualquier tipo de prueba; y la segunda, que no se trata de cualquier tipo de prueba pues su facultad probatoria está limitada por los códigos y normas anteriormente mencionados. 

Así, la Corte aseguró que la lectura adecuada que debe hacerse de esta ley es la segunda, en el sentido en que estas superintendencias no pueden practicar las pruebas que tienen reserva y control judicial como las interceptaciones, allanamientos, y registros. 

Según la Corte, permitir que estas Superintendencias puedan interceptar, "se opone a la Constitución". Esto porque la Carta del 91 establece que para respetar el derecho a la intimidad, las interceptaciones y registros, así como otras actividades que impliquen una reserva judicial, dependen de que un juez las ordene.

“La Corte lo que le dice es: Superintendencia usted no puede interceptar, usted no puede hacer registros si orden de un juez. La Superintendencia no puede llegar a una empresa y decirle me llevo sus computadores, me llevo sus celulares porque eso requiere orden judicial”, aseguró la magistrada Gloria Ortiz. 

Según el alto tribunal "dichos medios de prueba no podrán ser practicados por las superintendencias sin la respectiva intervención judicial", explicó. 

La reacción de la Superintendencia de Industria y Comercio 

En diálogo con la W Radio, el Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto González, aseguró que la Corte dijo en principio algo que ya se sabía: que las Súper Industria, y Súper Sociedades no hacen allanamientos sino visitas administrativas, ni tampoco pueden hacer interceptaciones. 

También dijo que esperaba tener una sentencia para poder analizar los alcances de la decisión, pues no se puede poner en riesgo la vigilancia y la visita administrativa. 

Barreto dijo que lo único que la Corte está diciendo es que se debe respetar el debido proceso, y que no tienen la capacidad para inspecciones sin orden judicial. "Ahora bien, el problema es decir, ¿orden judicial es de un juez, o es en el marco de mis funciones administrativas y de Policía judicial?", aseguró. 

JUSTICIA

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