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Corte pone 'tatequieto' a ciudadano que le presenta todo tipo de recursos
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Corte pone 'tatequieto' a ciudadano que le presenta todo tipo de recursos

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Tras interponer múltiples recusaciones y escritos temerarios, Harold Sua Montaña fue sancionado.

La Sala Plena de la Corte Constitucional impuso una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes a Harold Sua Montaña, un ciudadano que a lo largo de este año ha interpuesto abundantes recursos en los procesos en trámite en el alto tribunal, que han sido declarados infundados o manifestamente improcedentes por la Corte y considerados como maniobras dilatorias.

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En este caso pueden observarse una larga cadena de peticiones sin fundamento alguno, recusaciones sin argumentos, en fin, todo un delicado plan enfilado a crear un caos procesal

La sanción se emitió de manera concreta por haber presentado una recusación manifestamente improcedente en contra de la magistrada Gloria Stella Ortiz, quien debe resolver una petición de nulidad presentada contra la sentencia C-062 de 2021 en la que la Corte exhortó a las autoridades a implementar una política sanitaria en el espacio público que piense en los habitantes de calle.

Sua Montaña solicitó copia del fallo, que aún no está disponible pues está en firmas y cuando fue informado de ello por la Corte, en auto del 16 de abril de 2021, solicitó a la Corte que ese auto fuera anulado a pesar de ser de trámite. En junio, la Corte rechazó la recusación contra Ortíz por carecer de sustento jurídico y, en cambio, encontró que la misma no tenía un motivo legítimo sino unos “manifiestamente opuestos a la moralidad procesal”.

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De hecho, como ha hecho lo mismo en varios procesos, como en los casos de aborto, en el auto 306 de 2021 la Sala Plena ya le había dicho a Sua Montaña cuáles eran los requisitos para presentar recusaciones y llegó incluso a conminarle para que se abstuviese de seguir presentando estos recursos improcedentes.

La Sala le ha negado recusaciones infundadas en al menos nueve expedientes, así como peticiones de nulidad de fallos, de autos de trámite, peticiones de suspensión de procesos, entre otros.

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Obstaculizar de manera irrazonable el  funcionamiento de este tribunal, a través de la presentación de recusaciones temerarias, impide el cumplimiento de las atribuciones encomendadas a la Corte

Por eso, inició un proceso sancionatorio en su contra. Sua Montaña se defendió ante la Corte diciendo que ha actuado de buena fe y “sobre la base de un nivel de razonamiento encaminado a la materialización de la verdad y el bien común”, entre otros.

En auto de 22 páginas, la Sala Plena dijo que los mecanismos como recusaciones y otros recursos que están en la ley deben usarse cumplimiento de una mínima carga fáctica y jurídica de parte de los ciudadanos. “Ello quiere decir que los ciudadanos deben hacer uso racional de los recursos judiciales, lo cual excluye toda posibilidad de utilización caprichosa y dilatoria de los mismos”, dijo la Corte.

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La Sala Plena insistió en que la intervención ciudadana en el marco de los procesos de inconstitucionalidad es valiosa para ilustrar sobre los distintos aspectos puestos a consideración de la Corte, por lo que, en consecuencia, “debe ajustarse al deber de contribuir con la labor de los jueces respecto de la realización de las finalidades del sistema de justicia”.

“La Sala Plena observa que obstaculizar de manera irrazonable y desprovista de fundamento jurídico el adecuado funcionamiento de este tribunal, a través de la presentación de recusaciones temerarias o de mala fe en el marco de procesos de constitucionalidad, impide el cumplimiento de las atribuciones encomendadas por el constituyente a la Corte”, dijo.

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“Por ende, la recusación infundada de mala fe o temeraria en el marco de procesos de constitucionalidad es susceptible de mayor reproche en la medida que impiden a este tribunal cumplir adecuadamente las funciones encomendadas, obstaculiza la realización de los fines del sistema de justicia y afecta al conglomerado social al impedirle acceder a sentencias que impactan de manera general los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico”, agregó la Sala Plena.

Su fin es crear un caos procesal, con fines y destinos que la corporación ignora, pero que han logrado su cometido de entorpecer, dilatar e impedir la necesaria eficacia procesal

Al estudiar el caso concreto, la Sala Plena reiteró que los escritos de Sua Montaña no solo eran improcedentes, sino también confusos. “En este caso pueden observarse una larga cadena de peticiones sin fundamento alguno, recusaciones sin argumentos, en fin, todo un delicado plan enfilado a crear un caos procesal”.

Al tener en cuenta que Sua Montaña “es asiduo y activo interviniente en los procesos de constitucionalidad que se tramitan ante esta corporación”, por lo que debe cumplir con “la carga de informarse y ajustar su actuación a los parámetros constitucionales y legales aplicables, en cumplimiento de la lealtad y buena fe procesal”.

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En ese sentido, la Sala Plena indicó que lejos de buscar una recta administración de justicia, los cuestionamientos de Sua Montaña “se dirigían precisamente a obstaculizar y entorpecer el cumplimiento por parte de la magistrada de sus funciones legales y constitucionales. Se reitera, su fin es crear un caos procesal, con fines y destinos que la corporación ignora, pero que han logrado su cometido de entorpecer, dilatar e impedir la necesaria eficacia procesal”.

“Para la Corte no cabe duda de que su pretensión estaba dirigida a impedir el normal desarrollo del proceso a través de su prolongación irrazonable sin que, al respecto, pudiera oponerse ningún fundamento jurídico válido pues el ciudadano activó un trámite en el aparato jurisdiccional, a sabiendas de que era innecesario, con base en motivos fútiles, incurriendo con ello en una falta absoluta de probidad procesal”, agrega la decisión.

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La multa deberá pagarse a favor de la División de Fondos Especiales y Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

justicia@eltiempo.com
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