En manos del presidente Juan Manuel Santos quedó este miércoles la decisión de extraditar o no al polémico exfiscal Luis Gustavo Moreno, preso por el escándalo de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y por exigir un soborno al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de favorecerlo en su proceso penal.
La Sala Penal de la Corte Suprema avaló este miércoles el envío de Moreno a Estados Unidos, así como el del abogado Leonardo Pinilla, también preso por este caso.
Los dos son solicitados por la Corte del Distrito Sur de Florida por recibir en ese país una coima de 10.000 dólares de Lyons a cambio de entregarle información privilegiada sobre su proceso penal por corrupción en Córdoba, por lo que responderán por los delitos de concierto para delinquir, fraude y lavado de dinero.
Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema no condicionaron la entrega de Moreno y Pinilla hasta que fueran juzgados en Colombia y terminaran de dar sus declaraciones –petición que habían hecho diferentes sectores–, pero establecieron que el país norteamericano debe garantizar en todo caso que sigan colaborando con la justicia colombiana.
Así las cosas, si el Presidente decide extraditar a Moreno y a Pinilla, el Gobierno de Estados Unidos debe “mantenerlos disponibles para que las autoridades judiciales colombianas amplíen testimonios y practiquen las diligencias que consideren necesarias en desarrollo de los procesos que adelantan en el país”, aseguró el alto tribunal.
De lo que diga Moreno –principal testigo sobre la red de corrupción que en la Corte favorecía a investigados a cambio de altas sumas de dinero y quien tiene un principio de oportunidad por cuatro delitos–, dependerá que se abran más procesos judiciales. Moreno ha dicho que tiene información sobre 26 personas entre senadores, funcionarios públicos y de la Rama Judicial, y hasta ahora sus declaraciones han llevado a que la Corte Suprema abriera procesos contra los senadores Mussa Besaile, Álvaro Ashton y la Comisión de Acusación investigue a los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y al magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo, cuya licencia no remunerada se termina este viernes.
Este miércoles, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le dio su visto bueno a la extradición y aseguró que “toda la verdad que Moreno dice tener queda en Colombia”.
Martínez dijo que para conocer “la verdadera dimensión de la corrupción en Colombia y para los procesos judiciales, el capturado exfiscal Moreno habrá de intervenir gracias a la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos por vía electrónica en audiencias virtuales”. El Fiscal también añadió que la Corte está terminando de recibir las intervenciones de Moreno y a la Fiscalía le falta una audiencia en la que hablará de los 26 casos “en los que presentó una matriz de colaboración”.
El exfiscal Guillermo Mendoza Diago dijo que si Moreno y Pinilla llegan a ser extraditados, la efectividad de su colaboración dependerá de su voluntad. “Si quieren seguir colaborando, lo podrán hacer. No es la primera vez que desde Estados Unidos se reciben declaraciones a través de teleconferencia, y en estos casos nunca ha habido obstáculos, porque EE. UU. siempre ha facilitado las herramientas”, dijo.
Mendoza afirmó que aun cuando sean extraditados, sus procesos penales en Colombia podrán seguir sin ningún problema.
Moreno está citado para el próximo 11 de diciembre, cuando comienza su juicio en la Corte Suprema de Justicia, audiencia en la que aceptaría cargos para obtener una rebaja del 30 por ciento.
La senadora Angélica Lozano, del Partido Verde, quien le había pedido a la Corte que difiriera la entrega de Moreno hasta que terminara de ser juzgado y pagara su pena en Colombia, rechazó el fallo. “Es increíble que para los magistrados sea más grave un delito de 10.000 dólares en EE. UU. que haber pervertido a la Corte Suprema, la Fiscalía y al Congreso”, dijo.
Aseguró que en otros casos en los que se suponía que los extraditados en Estados Unidos iban a colaborar, esto no se ha dado de manera satisfactoria: “En el caso de David Murcia con DMG y los paramilitares, hay muchas verdades que nunca se supieron”, dijo, agregando que “de la extradición se benefician los implicados”.
El exmagistrado Leonidas Bustos, antiguo mentor de Moreno y hoy salpicado por sus confesiones, dijo este miércoles que debe prevalecer “el interés de Colombia y, en consecuencia, no se debe extraditar a Moreno hasta que acuda, no solamente a la Corte sino a la Comisión de Acusación y se someta a los interrogatorios” respectivos.
La Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá la próxima semana en sesión extraordinaria para definir la situación del magistrado Gustavo Malo, investigado por la Comisión de Acusación, y quien por el escándalo pidió una licencia no remunerada que se vence este viernes.
La mayoría de la Corte se inclina por dos salidas: o bien que Malo pida ampliar por un mes la licencia o, si no lo hace, que se le aplique el nuevo reglamento y sea relevado de sus funciones mientras se define su situación jurídica.
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