Corte escucha a periodistas por restricciones en audiencias públicas

Corte escucha a periodistas por restricciones en audiencias públicas

Jueces dicen que respetan derecho a la información, pero prima protección a derechos fundamentales.

libertad de expresión

Se presentó un aumento del 26,5 por ciento con relación al año anterior, que registró 360 ataques a periodistas.

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Reuters / Carlos García Rawlins

Por: Justicia
12 de diciembre 2019 , 07:32 p.m.

En la Corte Constitucional se desarrolló este jueves una audiencia pública en la que se discutió cuáles son las dificultades que están teniendo los periodistas para ingresar a audiencias en los procesos penales, y si esas limitaciones afectan la publicidad y el derecho a la información, la libertad de prensa, y al trabajo.

En videos enviados a la Corte, los jueces de control de garantías afirmaron que las leyes permiten limitar la publicidad de los procesos judiciales cuando está en riesgo la moral, orden público u orden nacional, para proteger la vida de las partes o en medidas especiales en los cuales la publicidad puede afectar los procesos judiciales.

"No se busca que la comunidad no tenga acceso a la información. Se busca la protección de derechos fundamentales como sucedió en este caso, el derecho a la vida", dijo un juez.

Otra jueza le pidió a la Corte que le ordene a la Judicatura que en tres meses organice un encuentro entre prensa y jueces para desarrollar una mesa de trabajo.

Acto seguido intervino el periodista Florencio Sánchez quien dijo que en estos casos hay una colisión de derechos. En particular, los periodistas reclaman porque no se les permitió entrar a la audiencia por presuntos hechos de corrupción contra César Augusto Ceballos, quien era director de la cárcel Modelo de Bogotá.

Según Sánchez, el principio de publicidad está contemplado en el Código Penal Colombiano que incluye el libre acceso, que se haga veeduría de las acciones judiciales y que la ciudadanía conozca las decisiones de los jueces.

Desde hace tres años para acá, en los juzgados especializados no se nos permite ni siquiera el ingreso a los periodistas

Sánchez también dijo que se les vulneró el debido proceso pues la limitación a las audiencias debe ser solicitada y debidamente sustentada por la Fiscalía. "La practica que se ha vuelto costumbre es la de la Fiscalía pidiéndoles a los jueces que limite el acceso a las audiencias sin sustento", dijo.

El periodista también dijo que hay limitaciones al acceso a audiencias cuando se ponga en riesgo la vida de personas o menores. "En su decisión, el juez restringió las audiencias preliminares contra el director de la cárcel La Modelo, pero no demostró cómo la publicidad de la audiencia afectaba la vida de las víctimas, y por lo tanto fue arbitraria", dijo.

Además, dijo el periodista, la Fiscalía no presentó elementos que decretaran las supuestas amenazas a la vida de las víctimas.

Sánchez dijo que este no es el único caso y mencionó las audiencias contra la señora Liliana Campos, conocida como La Madame, que se hicieron en Cartagena sin permitir el acceso a periodistas. También las audiencias contra Pedro Aguilar, líder camionero, por un presunto cartel de la chatarra. También mencionó audiencias del caso Odebrecht que han sido restringidas.

"Desde hace tres años para acá, en los juzgados especializados no se nos permite ni siquiera el ingreso a los periodistas", afirmó.

En el caso de Odebrecht, incluso, afirmó que le hicieron borrar unos videos a unos periodistas.

También dijo que hubo limitación contra el general Jorge Romero por presuntos hechos de corrupción en el Ejército, así como las audiencias del contralor Juan Carlos Granado por el caso Odebrecht.

Además, habló de restricciones en las audiencias preliminares en el caso de la estetisista Estella Durán.

¿Qué dice la autoridad judicial?

Posteriormente intervino Claudia Riveros Rojas, jueza de garantías. Dijo que el caso del director de La Modelo se dio en enero cuando le asignaron la audiencia.

Afirmó que la Fiscalía le pidió realizar la audiencia de forma reservada porque su publicidad pondría en riesgo la vida de las víctimas, de reclusos, a los que haría referencia en su intervención, así como la posibilidad de judicializar a otros implicados.

La jueza consideró que las víctimas tenían derecho a la protección a su intimidad y a su seguridad, por lo que la audiencia no se hizo pública. "No me correspondía exigir a la Fiscalía evidencias sobre el riesgo de las víctimas", afirmó la jueza.

La togada dijo que las razones para hacer reservadas las audiencias en ese caso fueron constitucionales, pues tuvo que ponderar el derecho a la libertad de prensa frente al derecho a la vida de las víctimas. Por eso dijo que consideró necesario restringir la audiencia sin perjuicio de que la oficina de prensa de la Fiscalía comunicara a la prensa lo pertinente.

En conclusión, la jueza dijo que limitó la publicidad "para minimizar cualquier riesgo para la integridad de las víctimas". 

Finalmente dijo que no hay una práctica generalizada en los juzgados de Paloquemao restringir el acceso a las audiencias pues esto le corresponde evaluar a cada juez en los casos en los que se requiera.

La Fiscalía

Luego intervino la fiscal 23 penal que pidió en dicha ocasión restringir el acceso a la audiencia del caso de La Modelo afirmando que se limitó el acceso a la prensa por el riesgo que corrían las víctimas y sus familiares, pues muchos internos de La Modelo manifestaron el riesgo que se corría si se sabía que ellos iban a entregar elementos probatorios sobre los hechos que eran investigados contra el entonces director de La Modelo.

"Las víctimas, que son los internos de diferentes centros penitenciarios, se encuentran en desventaja frente a un cuerpo de custodia como el Inpec, y se les han minimizado sus derechos", dijo la Fiscal. Por eso, señaló que ante las exigencias de dinero que les venían haciendo para obtener una celda o un sitio para permanecer, estaban en riesgo así como sus familias que además eran quienes aportaban el dinero.

Además, dijo que muchos internos se niegan a entregar información por miedo, pues siguen en prisión, siendo amenazados. Por eso dijo que no solo estaba en riesgo la vida de las víctimas sino también la investigación. Habló de uno de los testigos al que le llegó un mensaje, días antes de la audiencia, en el que le dijeron que ya sabían que era testigo de la Fiscalía y que sus días estaban contados.

La investigadora del caso dijo que se debía proteger la vida de los internos por lo menos hasta que fueran trasladados a sitios de detención del CTI. Y finalmente dijo que el hecho de que se restrinja el acceso de periodistas a las audiencias no implica que se vulnere el derecho a la información pues la Fiscalía puede aportar información y datos sobre los procesos.

"Fui una de las primeras que le comuniqué a uno de los periodistas que estaba en la puerta la decisión que se había adoptado", afirmó.  La Fiscal también negó que haya una restricción sistemática pues cuando se pide esta reserva en unos casos se hace bajo unas razones particulares.

El magistrado Reyes Cuartas le preguntó al periodista qué criterios de autorrestricción tienen los periodistas y parámetros éticos como proteger a las víctimas y que haya un mínimo interés público. El periodusta Sánchez dijo que la información tiene unos filtros pues hay editores, consejos de redacción. "En muchos casos, a veces tenemos información de órdenes de captura que no divulgamos para no entorpecer la investigación".  También dijo que muchas veces los jueces piden no enfocarlos por su seguridad y así, dijo, lo hace. "Los periodistas tenemos una responsabilidad social", afirmó.

La jueza del caso de La Modelo dijo, a su turno, que no está previsto ningún trámite o protocolo para comunicar la reserva de la audiencia a los periodistas.  Afirmó, además, que tomó las decisiones de la reserva de forma rápida para darle celeridad a la audiencia. También dijo que nunca escuchó un reclamo de los periodistas sobre la reserva,  y que después, cuando le presentaron un derecho de petición, lo respondió al día siguiente.

La delegada de la Procuraduría aseguro que los criterios para decretar la reserva son los del contexto nacional e internacional.  Así, dijo, si bien la publicidad es la regla general existen otros principios que, según el caso concreto, también prevalecen.

Afirmó que fijo que en los casos en los que no se permite la entrada de periodistas hay afectaciones a la publicidad pero que esa afectación puede ser legítima. "La publicidad no es un derecho absoluto y las restricciones deben estar amparadas en un razonamiento previo y ponderado", aseguró.


JUSTICIA
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