La Corte Constitucional tumbó el decreto 298 del 2017 con el que el Gobierno permitió que se ampliara la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección para cumplir con varios puntos del proceso de paz.
El objetivo de ese decreto, emitido el 23 de febrero pasado, era ampliar la planta de la UNP para que los nuevos escoltas se encargaran de cumplir con uno de los puntos del Acuerdo Final con las Farc, que consistía en conformar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
Con los 1.287 nuevos puestos de trabajo, se creaba un programa de protección especializado de seguridad que incluía a integrantes del nuevo movimiento político que surja de las Farc, para que hicieran parte de los esquemas de seguridad que cuidarán a los guerrilleros, según el nivel de riesgo.
Aunque por ahora ese programa no podrá entrar a operar, Diego Mora, director de la UNP, asegura que no se afecta la seguridad para los guerrilleros que se desmovilicen ni para los integrantes de partido político que creen porque serán protegidos por escoltas de la planta actual de la UNP.
La mayoría de la Sala Plena derrotó la ponencia del magistrado Alejandro Linares, y tumbó el decreto considerando que en su expedición se violó la reserva de la ley orgánica, pues ese era el mecanismo para tramitarlo, y no usando las facultades excepcionales que el Acto Legislativo para la Paz le dio al presidente Juan Manuel Santos.
La Procuraduría había enviado a la Corte un concepto en el que aseguraba que en este caso el presidente sí podía usar sus facultades excepcionales presidenciales, pues era necesaria esta norma "porque la ampliación de la planta de la UNP es urgente e importante para la implementación del Acuerdo Final".
El Ministerio Público también aseguró en el proceso que aunque las medidas del decreto eran temporales y específicas, no alteraban la sostenibilidad fiscal y “no requieren un especial nivel de deliberación democrática”.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, aseguró que al declarar inexequible el decreto lo que se genera es que la Unidad no pueda incluir en la planta de personal a los funcionarios que estaban requeridos en la nueva Subdirección Especial de Protección.
Mora dijo que, sin embargo, todo el programa de protección especial para los reincorporados de las Farc y de quienes hagan parte del partido que se cree a partir de su desmovilización, no tiene ningún cambio. "Lo que esperaríamos y que va a suceder en los próximos días, es que los escoltas que ya estaban trabajando y hacían parte de esquemas de esta Subdirección de Protección Especial, seguramente serán contratados a través de los operadores privados mientras se establece cuál será el mecanismo legal para poder activar esa subdirección".
Mora dice que esto no retrasa el proceso de reincorporación, sino la incorporación de personal a la nueva Subdirección de Protección Especial. Esto significa que esas funciones serán asumidas por el personal que actualmente se encuentra en la unidad.
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