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Cortes

Corte Constitucional tendrá que definir el futuro de la caza deportiva

Las corporaciones ambientales regionales (CAR) son quienes otorgan los permisos para la caza deportiva.

Las corporaciones ambientales regionales (CAR) son quienes otorgan los permisos para la caza deportiva.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Una demanda presentada ante el tribunal pide eliminar las dos leyes que respaldan esta práctica.

Ambientalistas y defensores de los animales se reunirán este miércoles frente a la sede de la Corte Constitucional para pedirle que ponga fin a la caza deportiva de animales silvestres en el país, una actividad que hasta el momento es legal.
El debate se inició porque la norma que respalda esa práctica fue demandada ante el alto tribunal por la activista y abogada Laura Santacoloma. Se trata del Estatuto de Protección Animal de 1989 y el Decreto Ley 2811 de 1974. Dichas leyes determinan que este tipo de caza puede realizarse en ciertos espacios y con permisos específicos otorgados por las corporaciones ambientales regionales (CAR).
Sin embargo, Santacoloma alega que “en el marco del límite de los derechos que les serían propios a los animales de existir y no sufrir sin razones moralmente injustificadas, la caza deportiva implica un abuso de derechos” y “reduce a los animales a un mero negocio”.
A la discusión sobre el tema se sumó un concepto emitido en 2017 por el Ministerio de Ambiente de la administración Santos que defendía este tipo de caza. “Pretender que desaparezca este tipo de regulaciones incentiva que la caza deportiva se realice de manera furtiva, en cualquier lugar, contra cualquier especie y de manera descontrolada sin que el Estado cuente con las herramientas adecuadas para reprimir las conductas así desplegadas, pues no tendría límites que restringen la actividad”, dijo en su momento el Ministerio.

La caza deportiva implica un abuso de derechos y reduce a los animales a un mero negocio

La entidad aseguró, además, que no es necesaria la eliminación de la norma porque en nuestro país no hay áreas permitidas para la caza deportiva y las entidades ambientales (CAR) no emiten permisos para esto hace 10 años. La cartera de Ambiente actual también se pronunció pidiéndole a la Corte que declare inexequible esta ley.  
Ramón Leal, director ejecutivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales (Asocars), dijo, por su parte, que “no se tienen registros de permisos otorgados por ninguna CAR” y que todas están en contra de “este tipo de maltrato”.
Sobre el tema ya se había pronunciado la Procuraduría, que en un concepto emitido el año pasado pidió declarar inconstitucional la caza deportiva y señaló que no existe una justificación válida para determinar que esta práctica es necesaria. “Es imperioso que se retiren del ordenamiento jurídico las normas demandadas, que permiten la muerte, la tortura y la mutilación de los animales exclusivamente para recrear al ser humano”, señaló el procurador general, Fernando Carrillo, en el concepto enviado a la Corte.
Alfredo Beltrán Sierra, expresidente de la Corte Constitucional, considera que la Corte tendría que fallar a favor de la demanda, pues “la Constitución establece la conservación de la fauna y la flora, y la caza deportiva es una forma de mermar la fauna”.
Según la Federación Colombiana de Tiro y Caza (Fedetiro), en el país existen al menos 40 clubes dedicados al tiro deportivo, agrupados en Ligas por región. Sin embargo, de acuerdo con información recolectada por EL TIEMPO, sus agremiados no practican la caza deportiva a causa de las restricciones de las CAR y han decidido implementar tecnología que simula el movimiento de los animales durante sus prácticas. 
Además del plantón, los activistas adelantan la recolección de 5.000 firmas, a través de la plataforma virtual Change.org, para presentarlas en los próximos días ante la Corte Constitucional como parte del proceso.
MARÍA CAMILA BERNAL
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