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Las razones de la Corte para revivir las 16 curules de paz
Elecciones Congreso

Elecciones 2014-2018 En estas elecciones el partido Centro Democrático fundado por el expresidente Álvaro Uribe logró 20 escaños en el Senado, siendo el segundo partido más votado. El Partido de la U obtuvo 21 escaños. El tercer lugar fue para el Partido Conservador con 18 curules. Le siguió el Partido Liberal con 17 escaños. El quinto lugar en estas elecciones fue para el partido Cambio Radical con 9 curules. Le siguió el Partido Verde con 5 escaños, los mismos ocupados por el Polo Democrático y Opción Ciudadana. Las dos últimas curules fueron para el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y la Alianza Social Independiente (ASI).

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Archivo EL TIEMPO

Las razones de la Corte para revivir las 16 curules de paz

El próximo año regiones en conflicto elegirán nuevas curules. Cámara tendrá 188 representantes.

Con votación 5-3, la Sala Plena de la Corte Constitucional revivió el proyecto de acto legislativo que creó las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes que fueron pactadas en el Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc (hoy desmovilizada) para promover la representación política en zonas afectadas por el conflicto armado.

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La iniciativa fue tramitada por el Congreso por el procedimiento expedito denominado ‘fast track’ que se creó y usó para la reglamentación del Acuerdo de Paz, pero no prosperó luego de una polémica por su votación. El 30 de noviembre de 2017 el informe de conciliación del Acto Legislativo No. 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 obtuvo 57 votos en total, 50 a favor y 7 en contra.

La Mesa Directiva del Senado dispuso que la mayoría absoluta para su aprobación eran 52 votos ya que el Congreso tenía 102 integrantes. Desde ese mismo momento, el senador Roy Barreras y la bancada oficialista cuestionó esa decisión señalando que el congreso realmente tenía 99 personas ya que había cuatro “sillas vacías” de congresistas capturados por corrupción. Sin ellos en las cuentas, los 50 votos obtenidos eran la mayoría absoluta.

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Desde entonces inició una batalla jurídica pues mientras el entonces ministro del Interior de Juan Manuel Santos, Guillermo Rivera interpuso una acción judicial ante la justicia administrativa, el senador Roy Barreras lo hizo con una tutela que le fue negada dos veces y que escaló ante la Corte Constitucional.

Con ponencia de Alejandro Linares y una votación 5-3, la Sala Plena del alto tribunal le dio la razón a Barreras y revivió las curules de paz que, según el Acuerdo de Paz deben regir por dos periodos electorales. Eso sí, la Corte solo acreditó las sillas vacías de tres congresistas.

"Si para la época de los hechos, el Senado estaba integrado por 102 senadores, y si, como se constató con las pruebas recaudadas, tres senadores (Martín Emilio Morales Diz, Bernardo Miguel Elías Vidal y Musa Besaile Fayad) habían sido suspendidos de su investidura antes del 30 de noviembre de 2017, dando lugar a la aplicación de la sanción de no ser susceptibles de ser reemplazados (figura conocida como silla vacía), era innegable que se produjo una reconfiguración del Senado, por virtud de la cual
el quórum y las mayorías se debían calcular sobre un total de 99 senadores", dijo la Corte.

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"La actuación desplegada por la Mesa Directiva del Senado desconoció la aprobación de un proyecto de reforma constitucional que fue legalmente tramitado y que obtuvo la mayoría requerida para convertirse en una reforma constitucional por la vía del 'fast track', impactando no solo en el principio mayoritario, sino también, en sí mismo, en el principio democrático, que permite canalizar la voluntad popular, a través del mandato de representación que asumen los congresistas", dice el fallo.

Ahora, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes deberán ensamblar, en un plazo de 48 horas una vez notificada la decisión, el texto final aprobado para que quede claro que las circunscripciones aplicarán para los períodos 2022-2026 y 2026-2030 ya que el proyecto inicialmente hundido las contemplaba para los periodos 2018- 2022 y 2022-2026.

Luego, en 48 horas, los  Presidentes y Secretarios Generales, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Representantes deberán suscribir el acto legislativo. Y en tras 48 horas el texto suscrito debe ser enviado por el Secretario General del Senado al "presidente de la República, para que ésta proceda a cumplir con el deber de publicidad, mediante su promulgación en el Diario Oficial".

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Las curules están contempladas para municipios de Cauca, Arauca, Antioquia Norte de Santander, Caquetá, Chocó, Meta, Bolívar, Nariño, Putumayo, Cesar, La Guajira, Bolívar, Córdoba y Tolima. Según el acuerdo, las circunscripciones tendrán reglas especiales para la inscripción y elección de candidatos y las campañas contarán con financiación especial y acceso a medios regionales, entre otros.

La decisión tiene dos elementos claves. Por un lado, como ese proyecto fue avalado vía ‘fast track’, una vez promulgado en el Diario Oficial deberá ser enviado a la Corte de nuevo para hacer el control automático y único de constitucionalidad que se fijó para las normas que reglamenten el Acuerdo.

Y, de otro lado, se ordenó al Registrador Nacional del Estado Civil que modifique la resolución expedida el 12 de marzo de 2021 con el calendario electoral para las elecciones al Congreso de marzo de 2022 para que se permita la inscripción de candidatos para las curules.

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A Linares lo acompañaron en su ponencia los magistrados Diana Fajardo, Cristina Pardo, José Reyes y Alberto Rojas, mientras que salvaron voto Paola Meneses, Gloria Ortiz y Jorge Ibáñez Najar. El magistrado Antonio Lizarazo no participó en este debate por impedimento ya que fue asesor de la delegación de paz del gobierno en el punto sobre participación política.

La decisión fue celebrada por el senador Roy Barreras quien la calificó como un triunfo para “las 9 millones de víctimas del conflicto”. El exministro Juan Fernando Cristo, por su parte, indicó que la Corte hizo justicia con las víctimas de los 170 municipios priorizados en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

“Se ratificó que el Congreso sí tuvo los votos suficientes para aprobar la iniciativa.De ahora en adelante, a partir del 2022 y hasta 2030, esos municipios, donde habitan más de seis millones de personas víctimas, tendrán vocería en el Congreso para defender sus intereses y exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz”, dijo.

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En este caso, la Procuraduría pidió al alto tribunal no revivir las curules alegando que estas podrían ser “captadas” por los victimarios.

“Las razones que fueron puestas de presente en el debate parlamentario para no apoyar la reforma constitucional en comento, no son arbitrarias, ya que constituyen preocupaciones legítimas, como lo es el hecho de que la normatividad no tiene la vocación de reparar a las víctimas y, en cambio, facilita la captación de las curules por parte de sus victimarios”, indicó la entidad.

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Además, la Procuraduría asegura que la tutela se presentó de forma tardía y que esto es problemático porque esa iniciativa fue estudiada en el Congreso bajo el procedimiento del “fast track” que ya no tiene vigencia. “Tendría que promulgarse una reforma que solo surtió cuatro debates a pesar de que su contenido tiene impactos significativos en el funcionamiento el sistema democrático”, dijo la entidad.

Antes de tomar la decisión, la Sala rechazó la recusación presentada por María Fernanda Cabal en contra del magistrado Linares.

"El accionante pretende a través de esta acción de amparo constitucional revivir un debate que ya se dio en el Congreso, y estos hechos hacen que el magistrado Linares Cantillo sea, como en derecho corresponde, un juez imparcial, en el entendido que es notoria su cercanía con quienes auspiciaron y negociaron el proceso de paz con las Farc", dijo Cabal en la recusación.

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Las razones de los magistrados que salvaron el voto

Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Gloria Ortiz y Paola Meneses salvaron su voto señalando que la tutela no era el medio judicial idóneo para revisar los vicios o irregularidades en que incurra el Congreso de la República durante el proceso de expedición de leyes y menos para reformar la Constitución Política.

"Si los jueces, entre ellos la Corte Constitucional como tribunal de cierre, por vía de decisiones de tutela interviene en los procesos legislativos y constituyentes, asume una competencia que solo le fue conferida para el trámite y decisión de los mecanismos de control judicial abstracto de constitucionalidad".

Para los tres juristas, "constituye un grave precedente judicial que por vía de seleccionar y revisar una decisión que resuelve una acción de tutela para amparar los presuntos derechos de las víctimas del conflicto armado, la Corte invada la competencia del Congreso de la República propia del proceso constituyente".

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De fondo, los tres magistrados aseguraron que el trámite del proyecto de Acto Legislativo 05 de 2017 Senado, 017 de 2017 Cámara, fue irregular durante una parte del trámite de conciliación. "De una actuación defectuosa, irregular, grosera, inválida, que por lo mismo no produce efecto alguno, según lo dispone el artículo 149 de la Constitución, no surge derecho alguno y, por lo mismo, no puede protegerse lo que no existe mediante el amparo constitucional", indicaron.

"Negado el proyecto, no procedía reabrir el debate para volver a discutir y aprobar un texto negado, como irregularmente se hizo en la plenaria del Senado el 30 de noviembre de 2017, de lo cual se concluye, con absoluta claridad, que no puede admitirse que el texto haya sido aprobado, por cuanto dicha actuación es irregular, la decisión adoptada en esa fecha no fue válida y por lo tanto no produce efecto alguno", agregaron.

Para Ortiz, Meneses e Ibáñez ya había en este caso un daño consumado en relación con el período 2018-2022 y la solución de la decisión mayoritaria, de avalar las curules para los periodos 2022-2026 y 2026- 2030 desborda las competencias de la Corte Constitucional. 

Para los magistrados disidentes, "la Sentencia ordenó una modificación sustantiva del proyecto de acto legislativo que desborda las competencias de la Corte Constitucional en sede de tutela y la hace intervenir en el proceso de creación de una reforma constitucional que es objeto de su control automático por vía del fast track".

justicia@eltiempo.com
En Twitter: JusticiaET

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