Corte ordena doble instancia para exsenador condenado por narcotráfico

Corte ordena doble instancia para exsenador condenado por narcotráfico

La Corte Constitucional aceptó este jueves una tutela del exsenador Martín Emilio Morales Diz.

Martín Emilio Morales Diz

Martín Emilio Morales Diz, senador y exalcalde de San Antero (Córdoba).

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Archivo particular

Por: Justicia
15 de agosto 2019 , 08:07 p.m.

La Corte Constitucional le ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia garantizar los derechos de un excongresista que fue condenado en mayo del año pasado en única instancia, a pesar de que desde enero del 2018 entró en vigencia la ley que les permite a los aforados tener una segunda revisión de sus condenas. 

El alto tribunal estudió el caso de Martín Emilio Morales Diz, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 25 años de prisión en el 2018. La Sala Penal lo encontró responsable de traficar cocaína desde San Antero (Córdoba), de aliarse con bandas criminales como las Águilas Negras y de intentar asesinar a una persona a la que le debía dinero. 

La investigación contra Morales se inició por la denuncia de Yoiner Enrique Sánchez Gutiérrez, alias el Chiquito, quien aseguró que el político convino con otras personas la integración de una organización delictiva "con la finalidad de sacar del país estupefacientes desde el municipio de San Antero (Córdoba) a Centroamérica". Esa red criminal operó desde el 2005, época en la que Morales era alcalde de San Antero, hasta el 15 de mayo del 2012, cuando ya era senador de la República.

La condena contra Morales se dio en única instancia a pesar de que desde el 18 de enero del año pasado entró en vigencia la ley de doble instancia, que estableció un nuevo procedimiento en la Corte Suprema de Justicia para investigar y juzgar a los aforados.  Aunque la ley -que no es retroactiva; es decir, no abarca casos anteriores al 2018- ya había entrado en vigencia, la Corte Suprema de Justicia sentenció a Morales en mayo del año pasado en un proceso de única instancia porque las dos nuevas salas que estableció la nueva norma todavía no habían sido creadas ni estaban operando, y el Congreso no había establecido las reglas de un régimen de transición. 

Así, la Sala Penal de la Corte consideró que no se podía paralizar la justicia y, por lo tanto, mientras las nuevas salas eran conformadas y comenzaban a trabajar, siguió dictando sentencias con las antiguas reglas. 

Por eso, a Morales no se le concedió el beneficio de poder apelar su fallo condenatorio, lo que lo llevó a presentar una tutela afirmando que se le estaban vulnerando, entre otros derechos, el de la igualdad, porque en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos aún no se ha proferido una condena y, en cambio, en su proceso sí hubo una decisión aplicándole las antiguas reglas. 
 
En una primera decisión sobre la tutela de Morales, la Sala de Casación Civil le había dado la razón a Morales afirmando que la Sala Penal ya no tenía la competencia para condenarlo y que la carga de los problemas logísticos de la creación de las nuevas salas para garantizarle la doble instancia no la tenía que asumir Morales. Pero esa decisión fue tumbada por la Sala Laboral, que les dio la razón a sus compañeros de la Penal, afirmando que mientras no entraran en operación las nuevas salas no se le podía garantizar a Morales su derecho a la doble instancia, por lo que fue condenado con las reglas que se le podían aplicar en ese momento. 

La Corte Constitucional escogió la tutela para revisión y le dio la razón a Morales en que tiene derecho a una segunda revisión de su condena y en que se le vulneró el debido proceso. En una decisión unánime, de cinco magistrados que participaron, la Corte le ordenó a la Sala de Casación Penal permitirle a Morales apelar su fallo condenatorio. Para ello, el alto tribunal le indica que, si es necesario, "deberá proceder a la designación de conjueces". 

En la Corte había cinco magistrados disponibles para tomar esta decisión, ya que los otros cuatro (Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz) estaban impedidos porque Morales participó en el Senado en su elección como magistrados. 

No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre los derechos a la doble instancia, la impugnación del primer fallo condenatorio y la doble conformidad. En el 2014, la Corte le dio dos años al Congreso para regular el derecho de apelar el primer fallo condenatorio, y este año el alto tribunal le volvió a recordar al Congreso que debe crear un mecanismo que permita impugnar las primeras sentencias y lograr una doble conformidad (que dos jueces estén de acuerdo en que alguien es culpable).

En esta nueva decisión de tutela, la Corte Constitucional exhortó una vez más al Congreso a que regule el procedimiento para impugnar la primera sentencia condenatoria y, además, les pidió al Consejo Superior de la Judicatura, al Gobierno y a la Corte Suprema de Justicia que adelanten un diagnóstico de cuántas personas tendrían el derecho de impugnar sus primeras condenas, y que designe recursos presupuestales y administrativos para este fin. 

Actualmente, el Centro Democrático está impulsando un proyecto de ley para concederles una doble instancia y doble conformidad retroactiva, desde 1991, a quienes en sus procesos penales no tuvieron esa garantía. 

Los que no tuvieron doble instancia aunque la ley ya estaba vigente

La decisión en el caso de Morales no solo afectaría su situación, pues hay varios condenados que podrían estar en condiciones similares ya que recibieron fallos en única instancia a pesar de que la ley de doble instancia ya había entrado en vigencia.

Así, aunque el fallo de la Corte, en principio, solo resuelve puntualmente el caso de Morales Diz, con los mismos argumentos otros condenados como él podrían pedir la impugnación de sus sentencias. 

Al revisar los registros de la Corte Suprema, EL TIEMPO encontró por lo menos 9 personas más que fueron condenadas después de enero del 2018 con las reglas de juego que se le aplicaron a Morales.

Así fueron condenados en febrero del 2018 los exmagistrados Fernando Castañeda y Félix María Galvis Ramírez, por concierto para delinquir, peculado y prevaricato. En febrero del 2018 también fueron condenados el exgobernador de Casanare Whitman Herney Porras por corrupción y el exsenador Bernardo Miguel 'el Ñoño' Elías, por el caso de Odebrecht. En marzo del 2018, la Sala Penal condenó en única instancia al polémico exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por su participación en el 'cartel de la toga'. También condenó a José Alberto Pérez Restrepo, gobernador de Guaviare, por concierto para delinquir.

En marzo del año pasado también fue condenado el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus por corrupción en su departamento, y en junio hubo una nueva condena contra Whitman Herney Porras por corrupción.

En julio fue condenado el exgobernador de La Guajira José Luis González Crespos por un contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y en noviembre fue sentenciado el exgobernador de La Guajira Wílmer David González Brito por corrupción electoral.

JUSTICIA

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