Aunque han pasado tres años desde que la Corte Constitucional le dio una serie de órdenes al Gobierno para que se supere “una falla estructural en la política agraria de identificación, asignación y recuperación de baldíos”, es poco lo que el Estado ha avanzado.
La Corte dice que las dificultades en la política agraria del país se presentan porque Colombia no tiene un inventario de baldíos, no conoce sus características físicas y agrológicas, tampoco se conoce la magnitud del despojo de los bienes del Estado, ni se han tomado correctivos para recuperar esas tierras.
Por eso, en un auto la Corte le dio un plazo de 20 días al Estado para que cree una estrategia que permita depurar el archivo histórico del liquidado Incoder sobre tierras, así como las resoluciones de titulación que están en el Archivo General de la Nación. Esa acción no podrá extenderse más allá del primero de diciembre de este año.
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También le ordenó a la Procuraduría que le entregue informes trimestrales sobre posibles investigaciones a funcionarios que no estén cumpliendo su orden.
La Corte afirma que como el inventario de baldíos sigue en deuda, es “altamente probable que numerosas hectáreas de tierra estén siendo apropiadas por sujetos no beneficiarios de la reforma agraria”. Según datos oficiales, hoy hay 1,2 millones de hectáreas de bienes baldíos que ya no son del Estado, por la pérdida del dominio. A la corporación le preocupa que “solo cuando la Agencia Nacional de Tierras –que reemplazó al Incoder– tenga claridad de los actos, resoluciones y adjudicaciones que han realizado entidades como el Incora y el Incoder será posible determinar en qué casos existe un título originario mediante el cual válidamente el Estado se desprendió de la titularidad de sus bienes”.
Para esto, asegura, se debe depurar, clasificar y digitalizar todo el archivo histórico del Incoder, proceso que va a paso lento.
Según la Agencia de Tierras el Incoder les entregó el inventario de baldíos en ceros. Miguel Samper, su director, afirma que la Agencia ha avanzado “en la dirección correcta” y que ya se le solicitó al Supernotariado el registro de 277.258 hectáreas a nombre de la Nación, y que otras 700.000 hectáreas en Meta, Caquetá y Bolívar están en proceso de delimitación para ser registradas.
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