Corte Constitucional recibirá 637 conflictos de competencia

Corte Constitucional recibirá 637 conflictos de competencia

Esta era una tarea que tenía la Sala Disciplinaria de la Judicatura y pasará al alto tribunal.

Corte Constitucional virtual

La Corte Constitucional recibirá estos conflictos de competencia que tenía la Sala Disciplinaria de la Judicatura. 

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Corte Constitucional

Por: Justicia
22 de enero 2021 , 08:49 p. m.

En los próximos días la Corte Constitucional recibirá unos 637 expedientes con conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones, que tendrán que ser resueltos por ese alto tribunal.

Esta es una tarea que debió haber quedado en manos de la Corte desde el 2016, fecha en la que la ley de equilibrio de poderes había ordenado que se diera el fin de la Sala Disciplinara del Consejo Superior de la Judicatura, que era la que resolvía esos conflictos de competencia.

Sin embargo, la Sala Disciplinaria de la Judicatura no desapareció en el 2016 porque la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial –que debía reemplazarla- estuvo congelada por varios años y solo hasta el año pasado se desenredó el tema, cuando la Corte Constitucional ordenó continuar con la elección de los magistrados de esa nueva entidad.

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Así las cosas, la Comisión de Disciplina Judicial quedó integrada este año, cuando el presidente Iván Duque posesionó a sus siete magistrados elegidos a finales del año pasado, y por lo tanto la Sala Disciplinara de la Judicatura desapareció.

Con el fin de la Sala Disciplinaria, entonces, la Comisión de Disciplina debe entregar todos los archivos de conflictos de competencia que tenía esa Sala a la Corte Constitucional.

Fuentes de la Comisión de Disciplina y de la Corte Constitucional aseguran que la entrega de esos expedientes aún no se ha hecho, pues están esperando a tener todo en orden y recibir toda la información de los despachos para enviárselos al alto tribunal.

La Comisión de Disciplina está haciendo el inventario de los incidentes que estaban en curso en la extinta Sala, por lo que se espera que a comienzos de febrero se haga entrega de los casos, una vez los magistrados de la Comisión dicten las providencias en los que hagan las remisiones.

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Sin embargo, EL TIEMPO conoció un listado sobre la cantidad de los procesos que serían remitidos. Según fuentes de la Corte Constitucional, ese alto tribunal pedirá que sean digitalizados para que sean enviados electrónicamente.

Según este reporte, que tiene fecha del 20 de enero, entre los 673 expedientes que tenía la extinta Sala Disciplinaria de este tipo hay 183 que eran conflictos entre la justicia ordinaria y la civil; 316 entre la justicia ordinaria y la laboral; 25 entre la justicia ordinaria y la penal indígena; y 42 entre la ordinaria y la penal militar, entre otros.

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Estos últimos, los que implican conflictos entre la justicia ordinaria y la indígena o con la penal militar son los que generalmente han generado más controversia, porque en el primer caso se trata de establecer si una persona hace parte de una comunidad indígena para que esa justicia pueda juzgarla, y si esa jurisdicción cumple el requisito institucional para llevar a cabo ese juicio. Y en el segundo, se trata de establecer si los hechos por los que es juzgado un uniformado tuvieron o no relación con actos del servicio.

Frente a la Justicia Penal Militar, por ejemplo, uno de los casos polémicos que decidió el año pasado la Sala Disciplinaria de la Judicatura fue el del joven Dilan Cruz, proceso en el que estableció que el agente del Esmad que le disparó con la escopeta bean bag debía ser juzgado por esa justicia y no por la ordinaria. 

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Frente a los nuevos conflictos de competencia que se están presentando, según fuentes de la Judicatura, estos están siendo enviados de una vez a la Corte Constitucional, que tendrá que ajustar sus procedimientos para ver cómo se reparte entre los despachos de los diferentes magistrados esa tarea.

Uno de esos nuevos casos podría ser el de los policías a los que la Fiscalía les está imputando cargos por los asesinatos de civiles durante las protestas del nueve de septiembre del año pasado en Bogotá, tras el homicidio del estudiante de derecho Javier Ordóñez a manos de uniformados.

En estos procesos algunos de los abogados de los investigados han alegado que  los casos deberían pasar a la Justicia Penal Militar –afirmando que se trató de actos de servicio- pero por ahora los jueces no han aceptado esos argumentos. Si llegara a remitir el conflicto de competencias, tendría que llegar a la Corte Constitucional.

REDACCIÓN JUSTICIA

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