Las pruebas que pidió la Corte sobre decreto de estado de emergencia

Las pruebas que pidió la Corte sobre decreto de estado de emergencia

Gobierno debe explicar medidas frente al coronavirus e informar la tasa de contagio y mortalidad.

Sala Plena Corte Constitucional por coronavirus

La Corte Constitucional modificó su reglamento para poder realizar las Salas Plenas en las que se discuten demandas de constitucionalidad y tutelas, y ahora los decretos, de forma virtual.

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Corte Constitucional

Por: Justicia
26 de marzo 2020 , 09:09 p.m.

En medio de la revisión automática que la Corte Constitucional está haciendo de los decretos legislativos dictados por el presidente Iván Duque ante la emergencia del nuevo coronavirus, el alto tribunal pidió unas pruebas frente al decreto 417 que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el país.

La Corte —que hace esta revisión porque así lo determina la Constitución, ya que el control de estos decretos es directo y no se necesita que nadie los demande— le pidió a Duque que le envíe las comunicaciones que dirigió a los organismos internacionales de la OEA y ONU notificándoles el estado de emergencia.

También le pidió al Ministerio de Salud y Protección Social que le informe cuál es el plan de contingencia diseñado y puesto en ejecución para hacer frente a la pandemia del covid-19, así como las medidas para "prevenir la propagación del brote, detectar con rapidez los casos, detener la transmisión del virus, atender a los afectados, intensificar actividades de preparación y respuesta, y aprovisionar vacunas en el momento de cura de la enfermedad, particularmente respecto de la población más vulnerable".

Por otro lado, la Corte le pidió a los ministerios de Salud y de Hacienda que expliquen las medidas económicas adoptadas a partir de la declaración del estado de emergencia para adquirir equipos de protección y bioseguridad para el persona sanitario y administrativo, equipos de urgencia, consulta, hospitalización y cirugía.

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Además, les pidió que expongan las medidas económicas tomadas para equipar a laboratorios de diagnóstico, mejorar la vigilancia y reunión de datos, establecer y mantener unidades de cuidados intensivos, fortalecer cadenas de suministro, lugares de atención y camas hospitalarias, para contar con los médicos necesarios y acelerar la investigación y desarrollo de vacunas y terapias.

El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud y la Dirección de Epidemiología y Demografía, tendrá que informarle a la Corte sobre la tasa de contagio y mortalidad, así como su crecimiento exponencial, según la gravedad, origen del contagio, edad, sexo, entre otros. Con base en esas estadísticas, deberán exponer su plan sobre medidas de contención y mitigación.

Las carteras de Salud y de Hacienda también tendrán que informar el impacto o déficit presupuestal ocasionado por la pandemia, así como su relación con el precio del petróleo y la subida abrupta del dólar.

La Presidencia también tendrá que explicarle a la Corte por qué las medidas ordinarias (como acudir al Congreso) resultaban insuficientes para conjurar esta crisis.

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Por otra parte, el Banco de la República también tendrá que informar las medidas económicas que adoptó antes de la expedición del decreto de estado de emergencia, y si estas eran insuficientes.

El Ministerio de Hacienda también debe precisar si las medidas del estado de emergencia son adecuadas y suficientes para conjurar la crisis económica, social y ecológica. También tendrá que decirle a la Corte si la disposición de recursos a cargo de la Nación y entidades territoriales como el Fonpet a título de préstamo "afecta o no las garantías de los pensionados".

En último lugar, el Ministerio de Trabajo debe informarle a la Corte cómo se dejan a salvo los derechos sociales de los trabajadores mediante el decreto que declara el estado de emergencia.

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La distribución de los decretos

En su primera sala plena virtual en su historia, la Corte Constitucional repartió los decretos con fuerza de ley que ha tramitado el presidente Iván Duque para mitigar la expansión del nuevo coronavirus, medidas que deben ser evaluadas por el alto tribunal.

El reparto de estos decretos —que, según la Constitucional, tienen un control automático, por lo que no se necesita que sean demandados para que el alto tribunal los revise— se hizo de forma aleatoria entre los nueve magistrados de la Corte.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas tiene la revisión de dos normas: el decreto 417 de 2020 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el país por 30 días. También tiene el decreto 441 de 2020, sobre el acceso al agua potable en la situación de emergencia sanitaria y la reconexión de servicios de agua a quienes lo tenían suspendido por falta de pago. Este decreto también habla de la suspensión de incrementos tarifarios y el uso de recursos del Sistema General de Participaciones.

La magistrada Gloria Ortiz, por su parte, tiene a su cargo la ponencia del decreto 434, que establece los plazos especiales para renovar la matrícula mercantil, y otros registros integrados al Registro Único Empresarial y Social.

El decreto 438, que estableció líneas sobre exenciones transitorias del IVA para ciertos productos médicos y clínicos, y amplía el plazo del Régimen Tributario Especial, quedó a cargo de la magistrada Cristina Pardo.

Y la magistrada Diana Fajardo tiene la revisión de dos decretos: el primero es el 439, que suspende el desembarque con fines de ingreso o conexión en territorio colombiano de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea. El segundo es el decreto 467, que trae auxilios educativos para beneficiarios de créditos del Icetex.

Al magistrado Alejandro Linares le correspondió el decreto 440 sobre las medidas de urgencia en al contratación estatal.

Por su parte, el magistrado Carlos Bernal Pulido tiene que revisar el decreto 444, sobre la creación del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), para atender las necesidades de recursos en el sector de salud, los efectos adversos para la economía por las restricciones ante la pandemia, y mantener el crecimiento del empleo en medio de la crisis.

También debe revisar el decreto 468 que autoriza nuevas operaciones de crédito a cargo de Findeter y Bancoldex.

El magistrado Luis Guillermo Guerrero tiene la ponencia de dos normas: el decreto 458 que establece las transferencias monetarias para los beneficios de programas de Familias en Acción, Protección social al adulto mayor colombiano, y Jóvenes en Acción. También sobre la compensación de IVA, y el tratamiento de información del Dane.

Además, debe evaluar el decreto 464 que declara como servicios públicos especiales los de telecomunicaciones incluidos la radio, televisión y servicios postales.

El magistrado Alberto Rojas Ríos tiene a su cargo la ponencia del decreto 460 con las medidas para garantizar la prestación del servicio de comisarías de familia.

Y el magistrado Antonio José Lizarazo debe valorar el decreto 461 sobre la autorización temporal a gobernadores y alcaldes para la reorientación de renta, y la reducción de tarifa de impuestos territoriales en el marco del estado de emergencia. Además, debe estudiar el decreto 469 que faculta a la Sala Plena de la Corte Constitucional para levantar la suspensión de los términos judiciales decretada por el Consejo Superior de la Judicatura.

JUSTICIA

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