Para evitar que los niños que son víctimas de violencia sexual sean revictimizados durante el juicio, cuando pueden volver a ser llamados para declarar los hechos, la Corte Constitucional exhortó a la Fiscalía para que tome su testimonio de manera anticipada.
Según la Corte, esto permitiría que esa prueba pueda entrar al proceso desde la investigación e imputación de cargos contra los victimarios, cuando el caso está ante un juez de garantías, y no se tenga que esperar hasta el juicio, cuando pueden pasar años desde la ocurrencia de los hechos.
Para la Corte, demorar la recolección de ese testimonio podría “comprometer la veracidad del relato a cargo de una persona menor de edad presuntamente víctima o testigo” y también “puede ser un elemento de revictimización para el menor que recuerda sucesos pasados que ha olvidado o quisiera olvidar”.
Al dar esta recomendación para que la declaración no se tome de forma extemporánea, la Corte asegura que en todo caso el testimonio de los menores víctimas de abuso sexual es una práctica judicial condicionada, pero que no está prohibida ni constituye por sí misma una revictimización. Por eso invitó a la Fiscalía para que no desista en los procesos penales de abordar su testimonio, sino que busque hacerlo desde el inicio del proceso.
Según la Corte, la participación de los menores en el proceso penal “está subordinada al cumplimiento de reglas estrictas”, como estar acompañado de familiares, ser valorados previamente por psicólogos y tener en cuenta la opinión de los niños sobre si quieren o no declarar. Solo después de analizar esos hechos, el juez puede decretar si los escucha o no.
La decisión de la Corte se dio al revisar el caso de una niña que presuntamente fue abusada tres veces por su padrastro cuando tenía 6 años. Aunque el hecho sucedió en el 2012, momento en el que relató lo que vivió ante una URI y se inició un proceso penal, en el 2016 el Tribunal Superior de Villavicencio permitió que volviera a ser entrevistada.
El testimonio de la niña fue solicitado en el juicio porque la defensa de su padrastro argumentó que era una de sus pruebas. Según la defensa, la niña era la directamente afectada y el dictamen practicado por la psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que sustentaba la afectación de la menor, “no reunía los requisitos”.
Ante esa solicitud, la Fiscalía se opuso afirmando que llamar a los niños a un juicio, cuando han declarado antes los hechos, los revictimiza. Al estudiar una tutela de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Villavicencio dijo que se debía escuchar de nuevo a la niña porque, incluso, podría ser contraproducente para la investigación “prescindir del testimonio de la menor afectada”, pero la Corte Suprema condicionó esa posibilidad a que ella estuviera de acuerdo.
Finalmente, en el caso se tuvo en cuenta que la menor, que desde el 2013 vive con su abuela, aseguró que no quería volver a testificar. La Corte Constitucional afirma que en este caso “la Fiscalía parte de una premisa equivocada en la que formula una prohibición (casi absoluta) en la que los menores no pueden rendir testimonio”.
JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
